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PP y Cs mantienen su ‘no’ a Sánchez que defiende su acuerdo con Podemos

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Inés Arrimadas abandona política

Madrid, 16 dic. – A lo largo de la mañana de este lunes, el candidato a la Presidencia del Gobierno y actual Presidente en funciones, Pedro Sánchez ha mantenido sendas reuniones con el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y la representante de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas.

El objetivo, buscar acuerdos o puntos de unión ante una investidura que se antoja difícil. Tras su encuentro, de apenas 45 minutos, Casado ha vuelto a rechazar el acuerdo con un gobierno «comunista» con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas.

Por su parte, Arrimadas también ha mostrado su desacuerdo a formar parte de un gobierno «populista». La líder de Cs ha presentado a Sánchez unas bases para «un acuerdo estable y moderado para España de 221 escaños».

Su propuesta se basaba en cuatro puntos:

– Pactar con los constitucionalistas todas las decisiones de Estado
– Pacto nacional por la Educación
– No subir impuestos
– Corte electoral mínimo para entrar en el Congreso

«Estamos dispuestos a hablar y a negociar, pero exigimos que se cumplan cuatro puntos básicos», ha afirmado. «Estoy segura que la mayoría de españoles quiere un gobierno constitucionalista y no uno populista. Le pido que haga un gran acuerdo constitucionalista. Le pido que considere estas cuatro bases para el acuerdo», señalaba en relación a su propuesta.

A partir de este martes, Sánchez contactará vía telefónica con los presidentes autonómicos. En este encuentro, Casado trasladará personalmente al candidato socialista su ‘no’ a facilitar su investidura, pero está abierto a llegar a acuerdos en temas clave para España y pactos de Estado que faciliten la gobernabilidad.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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