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Aplazadas las oposiciones a docente de secundaria a junio de 2021
Publicado
hace 7 añosen
València, 25 mar.-La Conferencia Sectorial de Educación se ha celebrado este miércoles convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con responsables de educación autonómicos ante de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.
En esta reunión se han tratado dos temas que afectan a todos los sistemas educativos del Estado, como son las convocatorias de oposiciones a plazas docentes, el calendario escolar y las pruebas de acceso a la universidad.
Con los trámites administrativos y la actividad educativa y formativa presenciales suspendidos temporalmente, Educación ha decidido proponer en la mesa sindical de educación del próximo viernes aplazar un año el calendario de oposiciones en plazas docentes.
En el caso del sistema educativo valenciano, las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que tenían que arrancar el próximo 18 de junio, quedarían aplazadas hasta junio de 2021. Cabe recordar que se trata de 4.295 plazas, de las cuales 3.575 son de libre acceso.
Asimismo, las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria, se aplazarían a 2022.
El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha explicado que «la situación en la que nos encontramos hace que sea recomendable evitar las incertidumbres de miles de aspirantes que se están preparando para opositar y resulta mucho más razonable que se puedan reorganizar con un nuevo calendario».
Traslado de las PAU
Otra decisión que se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Educación por parte de todas las autonomías es el establecimiento de una nueva fecha para las pruebas de acceso a la universidad (PAU), puesto que estas pruebas dan acceso en todas las universidades del Estado para tener un distrito universitario único de acceso.
En el sistema educativo valenciano, las pruebas estaban convocadas para la segunda semana de junio, del martes 9 al jueves 11 en convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria se iba a realizar la segunda semana de julio, del martes 7 al jueves 9.
«Ahora, en el nuevo contexto, la PAU ordinaria se pospondrá entre tres y cuatro semanas. En la videoconferencia de hoy se ha acordado establecer una horquilla que va desde el 22 de junio y el 10 de julio para que todas las autonomías reprogramen la convocatoria ordinaria de la PAU con el compromiso de publicar los resultados antes del 17 de julio», ha explicado el secretario autonómico de Educación y FP, Miguel Soler.
Igualmente, la convocatoria extraordinaria, se pospondrá a septiembre. En este caso, el acuerdo fija que se harán antes del 10 de septiembre, último día para publicar los resultados.
Según Miguel Soler, «en los próximos días nos coordinaremos con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, junto con la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades Públicas Valencianas (CRUPV) para determinar los días concretos en los que se fijarán las PAU en la Comunitat Valenciana, tanto las ordinarias como las extraordinarias, dentro de la horquilla de días pactada en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hoy».
Se mantiene el calendario escolar fijado
En el sistema educativo valenciano se mantiene el calendario establecido del curso 2019-2020 en las fechas fijadas de finalización, tal como estaba previsto.
Por lo tanto, para el alumnado de Infantil y Primaria finaliza el curso finaliza el 18 junio; y para el alumnado de ESO, Bachillerato y FP, el 16 de junio.
Hay que recordar que el curso continúa con la formación a distancia mediante la plataforma MULAN. La incorporación en clases presenciales dependerá de la alerta sanitaria.
El conseller Marzà ha recordado que «en cuanto a los contenidos educativos en ningún caso se puede pretender hacer ni exigir lo mismo que con la formación presencial».
Reestructuración de las prácticas de FP
En la Conferencia Sectorial de Educación también se ha acordado que la duración de la FCT, que por regla general es de 400 horas de prácticas en empresas, pase de manera excepcional al mínimo contemplado en la normativa básica: 220 horas.
Asimismo, se ha decidido integrar la FCT en el módulo de Proyecto final de ciclo para que se puedan abordar los objetivos asociados al entorno laboral. Esta medida afectará tanto la FP Básica, como la de grado medio y grado superior.
La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ya había decidido que, dentro del módulo de Proyecto, los institutos ofrezcan al alumnado programas formativos a distancia que simulen el entorno del centro de trabajo, teniendo en cuenta lo previsto en la FCT de cada ciclo.
Igualmente, en lo que se refiere a las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para aquellos que no tengan los requisitos académicos necesarios, se ha acordado posponerlas lo que haga falta, siguiendo lo que vayan marcando las autoridades sanitarias.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 1 horaen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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