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Camps declarará en la Audiencia Nacional el 30 de enero como investigado por el contrato de Orange Market

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MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha sido citado a declarar el próximo 30 de enero en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para responder por el contrato adjudicado a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la Comunitat en la edición de Fitur de 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Camps está investigado en la Audiencia Nacional en esta pieza número 5 del ‘caso Gürtel’ desde el pasado 17 de diciembre por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, «sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares que no hubieran prescrito».

El expresidente autonómico será uno de los últimos en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en esta nueva ronda de comparecencias por los contratos con Orange Market. Así, el 28 de enero pasarán ante el magistrado cinco testigos: el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; la exconsellera y exportavoz de la Generalitat Paula Sánchez de León; la exjefa de prensa de Camps, Nuria Romeral; Juan Sanz, diseñador del stand de Fitur; y la exresponsable de ventas de Ciudad de las Artes y las Ciencias Alicia Verdú.

Al día siguiente deberán declarar ante el juez Concepción Godoy, directiva de la fundación La Luz de las Imágenes, y Vanessa Borrás, responsable del departamento de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Las dos acudirán en calidad de testigos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

El mismo 29 de enero también será el turno de los primeros investigados: la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars; el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’; y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Ya el día 30, el juez ha citado primero a los también investigados Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama corrupta, y Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, y después de ellos el magistrado interrogará al expresidente valenciano.

CAUSAS ABIERTAS
La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

En la actualidad, Camps tiene otras causas más pendientes: la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito de la F-l por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

De la Mata acordó imputar a Camps tras la reapertura de la investigación por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de las revelaciones que hicieron Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana que se celebró a principios de año.

Concretamente, Costa reveló que el PP valenciano se financió con dinero negro y que era Camps el que ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la Gürtel.

Una vez conocidas estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez reabrir la investigación de esta causa para Camps con el objetivo de saber si el entonces presidente valenciano «participó de modo decisorio» en la adjudicación a Orange Market, «presuntamente irregular».

«Y, como derivada anterior, si Camps conocía y participaba de modo decisorio en el sistema irregular de pagos del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market, que supuestamente se llevaba a cabo, entre otras formas, mediante la adjudicación irregular de contratos como el indicado», explicaba el Ministerio Público.

ELEMENTOS DE «SUFICIENTE CONSISTENCIA»
Conocidos estos argumentos, el instructor considera que «lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada».

En su opinión, resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las «primeras autoridades» que «pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de Fitur 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro».

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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