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Camps declarará en la Audiencia Nacional el 30 de enero como investigado por el contrato de Orange Market

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MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha sido citado a declarar el próximo 30 de enero en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para responder por el contrato adjudicado a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la Comunitat en la edición de Fitur de 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Camps está investigado en la Audiencia Nacional en esta pieza número 5 del ‘caso Gürtel’ desde el pasado 17 de diciembre por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, «sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares que no hubieran prescrito».

El expresidente autonómico será uno de los últimos en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en esta nueva ronda de comparecencias por los contratos con Orange Market. Así, el 28 de enero pasarán ante el magistrado cinco testigos: el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; la exconsellera y exportavoz de la Generalitat Paula Sánchez de León; la exjefa de prensa de Camps, Nuria Romeral; Juan Sanz, diseñador del stand de Fitur; y la exresponsable de ventas de Ciudad de las Artes y las Ciencias Alicia Verdú.

Al día siguiente deberán declarar ante el juez Concepción Godoy, directiva de la fundación La Luz de las Imágenes, y Vanessa Borrás, responsable del departamento de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Las dos acudirán en calidad de testigos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

El mismo 29 de enero también será el turno de los primeros investigados: la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars; el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’; y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Ya el día 30, el juez ha citado primero a los también investigados Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama corrupta, y Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, y después de ellos el magistrado interrogará al expresidente valenciano.

CAUSAS ABIERTAS
La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

En la actualidad, Camps tiene otras causas más pendientes: la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito de la F-l por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

De la Mata acordó imputar a Camps tras la reapertura de la investigación por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de las revelaciones que hicieron Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana que se celebró a principios de año.

Concretamente, Costa reveló que el PP valenciano se financió con dinero negro y que era Camps el que ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la Gürtel.

Una vez conocidas estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez reabrir la investigación de esta causa para Camps con el objetivo de saber si el entonces presidente valenciano «participó de modo decisorio» en la adjudicación a Orange Market, «presuntamente irregular».

«Y, como derivada anterior, si Camps conocía y participaba de modo decisorio en el sistema irregular de pagos del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market, que supuestamente se llevaba a cabo, entre otras formas, mediante la adjudicación irregular de contratos como el indicado», explicaba el Ministerio Público.

ELEMENTOS DE «SUFICIENTE CONSISTENCIA»
Conocidos estos argumentos, el instructor considera que «lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada».

En su opinión, resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las «primeras autoridades» que «pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de Fitur 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro».

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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