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Camps: «Durante doce años he vivido las navidades imputado y no saben la carga personal que significa»

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València, 12 dic (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado la «persecución» a la que asegura ha sido sometido en los últimos doce años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y ha acusado al PSOE de «pagar» a abogados para ir contra su persona.

«Esto es de novela negra, negrísima», ha manifestado Camps en una comparecencia ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado en València, después de que ayer se hiciera público el auto del juzgado de instrucción número 5 de Valencia de sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él y otros organizadores de la visita del papa a la capital valenciana en 2006.

El expresident de la Generalitat ha lamentado que lleva «doce años de manera ininterrumpida» imputado por alguna causa judicial, un total de nueve, «abiertas por la Fiscalía Anticorrupción» y de las que siete se han resuelto a su favor.

Ha advertido además de que cuatro de esas causas «son consecuencia del pacto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez con la Fiscalía Anticorrupción» y ha denunciado la «persecución» a la que ha sido sometido por la acusación pública.

Ha recordado que ha sido absuelto en la causa de los trajes, la relacionada con la presunta financiación irregular del PP, así como en el caso Nóos, en el proyecto del Palacio de Congresos de Castelló, en el caso Valmor, el Circuito de la Fórmula y, la última ayer, relacionada con la visita del papa a València.

Camps ha insistido en la persecución a la que asegura ha sido sometido por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del «PSOE y Podemos», ya que asegura que hay un vínculo entre estas formaciones políticas y los jueces que han instruido las causas en las que ha sido imputado.

También ha acusado al actual president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de «firmar en origen» algunas de las denuncias para su imputación.

«El PSOE ha pagado a abogados para que me persiguieran, y desde que Puig es presidente los pagan los valencianos», a través de la Abogacía de la Generalitat o abogados «externos» pagados por el Gobierno valenciano «y por tanto por todos los valencianos», ha afirmado.

Camps ha concluido que sigue imputado en dos causas por contratos menores, por las que seguirá «peleando para que lleguen a buen puerto» como el resto.

«Durante doce años he vivido los veranos y las navidades imputado y no saben la carga personal que significa, además del dolor que significó dejar la presidencia» de la Generalitat, ha lamentado ante los periodistas.

Ha denunciado asimismo que durante años fuera sometido a «escraches», en la calle donde tiene su residencia familiar, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el Palau de la Generalitat, y el día que defendió su tesis doctoral en la universidad.

«Ellos son ahora los imputados y procesados, o gente cercanas a ellos, y no dimite nadie en España» mientras que «yo dejé de ser presidente de la Generalitat después de ganar por mayoría absoluta por cuatro trajes», ha aseverado.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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