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Correa confiesa al juez que el PP de Valencia pagaba en B e implica a Paco Camps

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El presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa reconoce que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

«El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas», explica Correa en un escrito remitido al Juzgado Central de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este escrito el empresario expresa su «voluntad de esclarecer los hechos objeto de acusación» y traslada al juez su «deseo» de poder alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que la petición de pena se rebaje. Fuentes fiscales han afirmado a Europa Press que el ministerio público está abierto a estudiar esta atenuante que solicita Correa, pero destaca que esto nunca se traducirá en su excarcelación.

Correa, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por una de las piezas de esta causa, se enfrenta a 24 años y medio de prisión por controlar un grupo de empresas que se benefició de adjudicaciones públicas en la Comunitat aprovechando su contactos con «determinadas personas» que desempeñaban un cargo político.

CAMPS OFRECIÓ TRABAJO A LA GÜRTEL
Días antes de que comience el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, el ‘cabecilla’ de la Gürtel concreta en su escrito que la empresa Orange Market, cuyo responsable fue Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –también en prisión cumpliendo condena por los mismos hechos que Correa– se creó a raíz de que sus empresas dejasen de trabajar para la formación política a nivel nacional.

Continúa diciendo que ‘El Bigotes’ «tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps» y que fue el propio expresidente del PP de Valencia «quien le propuso hacer eventos» para la formación política en la región. Sobre el modo de pagos de los eventos realizados por Orange Market, el empresario reconoce el ‘modus operandi’ que describe el Ministerio Público en su escrito de acusación, si bien señala que no conoce los «detalles de tales operaciones».

No obstante sí que reconoce que ese dinero ‘b’ de Valencia se trasladó a Madrid para guardarlo en una «caja ‘b'» que él mismo controlaba. Además, añade que ‘El Bigotes’ cobró durante un tiempo en negro hasta que «resolviese sus problemas fiscales».

Tras esta confesión, Correa se exculpa de la presunta ocultación de fondos y de la creación de facturas falsas y responsabiliza de ello a José Ramón Blanco Balín, quién se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa de Orange Market. «Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias», subraya.

CORREA YA ESTÁ CUMPLIENDO CONDENA
Si es condenado por esta pieza de la trama Gürtel, la pena se sumaría a los 13 años de cárcel que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por amañar la contratación relativa al expositor institucional de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha hecho que ingresase en prisión en febrero de 2017.

Además, el líder de la red corrupta se encuentra a la espera de conocer los años de prisión con los que le castigará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los hechos delictivos cometidos por la Gürtel durante sus primeros años de actuación (1999-2005).

Ya en el juicio por la primera época de actividades, Correa anunció que iba a colaborar con la Justicia y que esa actitud se mantendría en las vistas orales de la causa que aún quedan por juzgar. Eso sí pidió hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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