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Díaz Ayuso en Valencia

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Díaz Ayuso en Valencia
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,con la Asociación Valenciana de Empresarios. EFE/ Kai Forsterling

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS- EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esa región, Isabel Díaz Ayuso, ha contrapuesto la prosperidad de su región, que tiene el impuesto sobre la renta más bajo de España y ha eliminado todos los impuestos propios, al crecimiento del gasto público y el endeudamiento de la Comunitat Valenciana.

Díaz Ayuso ha intervenido ante empresarios valencianos invitada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), cuyo presidente, Vicente Boluda, ha presentado a «la política española más conocida y reconocida del momento, que ha sabido ganarse el respeto de la ciudadanía y no solo la de Madrid» y con la que ha coincidido en la defensa del silencio administrativo positivo y la declaración responsable para los negocios.

Díaz Ayuso en Valencia

Ha ofrecido datos para argumentar que la evolución de la Comunitat Valenciana no ha sido la misma que la de Madrid y por eso entre 2008 y 2020 la valenciana apenas ha ganado población y ha perdido 5.500 empresas, mientras en Madrid hay casi medio millón más de habitantes y 32.000 empresas más, y ha asegurado que descapitalizar Madrid «buscando el agravio contra la capital para justificar la falta de políticas creativas incentivadoras y que ilusionen» no es una solución.

Además, Madrid tiene el impuesto sobre la renta más bajo de España en todos los tramos y ha eliminado todos los impuestos propios; por su parte, la Comunitat Valenciana «tiene la presión fiscal más elevada» de toda España en el impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de 110.000 euros, uno de los tipos más elevados en el Impuesto sobre Sucesiones y cuatro impuestos propios extraordinarios, ha señalado.

Desde 2015 el gasto público ha crecido cinco veces más que el PIB valenciano -a un valenciano su administración le cuesta 800 euros más que a un madrileño- y el endeudamiento público de un valenciano duplica al de un ciudadano de la capital, ha dicho.

Díaz Ayuso se ha referido a la proximidad de ambas regiones –dos horas en AVE-, una circunstancia que debe aprovecharse para apoyarse mutuamente, ha afirmado ante decenas de empresarios, con los que ha dicho compartir «un objetivo común, una España próspera, unida y libre».

Para ello las administraciones deben asegurar un marco jurídico y fiscal estable y predecible, el respeto por la empresa y la colaboración público-privada, un sistema educativo exigente y de calidad, una separación de poderes que asegure la estabilidad institucional y evite el abuso político, unos servicios públicos que garanticen unas condiciones de vida dignas e igualdad de oportunidades para todos, una unidad de mercado y una regulación reducida a lo imprescindible para no asfixiar la libertad empresarial.

Ayuso contrapone la prosperidad de Madrid al gasto y deuda valenciana

«En esto y solo en esto está el Gobierno de la Comunidad de Madrid», donde miran los inversores internacionales para instalarse y que hoy es «la región más próspera de España», que se puede financiar de manera autónoma y sin acudir a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica.

Por contra, la Comunitat Valenciana es la segunda región con mayor endeudamiento y no puede financiarse por sí misma en los mercados.

«La fiesta la paga alguien, y por eso hay que ser respetuoso con la factura fiscal», ha manifestado para criticar que esa comunidad alegue dumping fiscal de Madrid, cuando el gobierno madrileño actúa en el marco común de otras 15 regiones españolas, que «podrían hacer lo mismo que nosotros con idéntico resultado».

Eso que llaman armonización fiscal, ha insistido, es solo «una trampa lingüística y política que esconde una subida de impuestos que no es buena ni para Madrid ni para España», como tampoco la solución pasa por descapitalizar Madrid, ha señalado con críticas a la propuesta del presidente del Gobierno de situar la sede de la futura Agencia Espacial Española fuera de Madrid.

«La inseguridad jurídica, la inestabilidad política, la falta de previsión en la toma de decisiones o el autoritarismo son las recetas perfectas para la miseria y yo no quiero nada de esto para ningún territorio español, tampoco para la Comunidad Valenciana», ha declarado.

Sobre la invitación del Gobierno valenciano para participar en los actos del «Mes de la Comunidad Valenciana en Madrid», le ha dado la bienvenida y ha dicho que intentará que algún miembro de su gobierno acuda a ellos.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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