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Dos detenidos por la desaparición de la turista española Natahly Salazar en Perú

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(EUROPA PRESS) La Policía peruana ha detenido a dos individuos presuntamente implicados en la desaparición de la turista hispano-ecuatoriana Nathaly Salazar Ayala, desaparecida desde el pasado 2 enero, quien habría muerto mientras practicaba tirolina.

Los sospechosos son Jainor Huila Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21, arrestados en el distrito de Maras, cerca de Cuzco, según ha informado el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Cuzco y recoge el diario peruano ‘El Comercio’ en su edición digital.

La Policía peruana ha explicado que los investigadores, que cuentan con la colaboración de dos agentes de la Guardia Civil española, localizaron un vehículo con matrícula V1H-337 que buscaban desde el momento de la desaparición. En el mismo estaba Huillca Huamán, quien no opuso resistencia.

El sospechoso, «al saber sobre las consecuencias que acarrearía el faltar a la verdad u ocultar información» aceptó su implicación «de forma accidental» junto a Pillco Amau en la muerte de Salazar Ayala.

Según el joven, la turista murió en el acto durante un accidente de tirolina en el sector conocido como Ayamoco. Por temor a las consecuencias, ambos decidieron no informar a las autoridades y arrojar el cadáver a las aguas del rio Vilcanota-Urubamba a la altura de la torre de energía eléctrica Macchupicchu Cachimayo entre las 18.30 y las 19.00 horas de ese 2 de enero.

La Policía ha comunicado los hechos al Ministerio Público para las acciones correspondientes y prosigue con las labores de búsqueda del cuerpo de la joven.

Nathaly, de 28 años, se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre, cuando partió de Valencia, ciudad en la que reside con sus padres, para recorrer como «mochilera» diferentes países. Desde entonces había visitado Ecuador y se encontraba ahora en Perú, en concreto, en la ciudad de Cuzco desde el pasado 28 de diciembre.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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