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Valencia

Francis Puig justificó las ayudas recibidas con facturas del alquiler de su hermano Jorge

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El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig( a la dcha de la imagen, acompañado por su abogado Javier Falomir) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de valencia, donde declara como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 en el marco de una causa abierta, tras una denuncia del PP, por un supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña. EFE/ Manuel Bruque

València, 25 marzo (OFFICIAL PRESS-EFE).-Los agentes de la Guardia Civil que han investigado las facturas con las que Francis Puig -hermano del expresident Ximo Puig- justificó ayudas recibidas por el anterior Consell para el fomento del valenciano creen que incluyó entre los gastos subvencionados el alquiler de una vivienda de su hermano Jorge Puig en la provincia de Teruel.

El equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

El juzgado encargó en agosto de 2022 un informe sobre los proveedores que emitieron facturas a las empresas investigadas para acreditar la realidad de los servicios prestados.

En el examen realizado por los agentes se han encontrado varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.

El referido informe concluye que entre las facturas aportadas por empresas controladas por Francis Puig para justificar las subvenciones recibidas por la Generalitat Valenciana se incluyeron las relativas al pago del alquiler del chalé de Jorge Puig -uno de los hermanos del expresident Ximo Puig- en la localidad de Penyarroya de Tastavins (Teruel).

Los agentes de Delitos Económicos de la Guardia Civil se desplazaron hasta este domicilio -que encontraron deshabitado- y constataron la ausencia de rótulo alguno o elementos técnicos que justifiquen que fuese la sede de una empresa de televisión.

También se han investigado las facturas de electricidad que las firmas investigadas aportaron para justificar gastos, de modo que los investigadores advierten que varios de los contadores no están instalados en ninguna oficina o local, sino en domicilios particulares.

Otras de las empresas que facturaron a las firmas investigadas entregaron a los agentes -que reclamaron la justificación de los trabajos realizados- multitud de vídeos en los que no se habla valenciano o sin los logotipos de las empresas y que podrían haber incumplido el objeto de las subvenciones recibidas.

Entre la documentación entregada para justificar contenido radiofónico los agentes hallaron vídeos o documentos para prensa escrita con inserciones publicitarias que, a su juicio, demuestran que los referido contenidos no se realizaron en exclusiva para Comunicacions dels Ports, sino que fueron diseñados para su venta al público en general, con lo que tampoco responderían al objeto de las subvenciones.

La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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