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El juez da cinco días a Urdangarin y a Diego Torres para entrar en prisión

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condenas caso Nóos

Este miércoles Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas han acudido a la Audiencia de Palma para recoger la orden de prisión. El exsocio del marido de la Infanta Cristina entraba en la Audiencia y el magistrado le ha comunicado el plazo de cinco días para efectuar su ingreso en prisión. Para el resto de citados se contempla el mismo plazo.

El martes Iñaki Urdangarin vió como el Tribunal Supremo rebajaba su condena por el caso Nóos. Y es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reducido cinco meses -hasta los 5 años y 10 meses- la condena que le había puesto la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Así, el marido de la Infanta Cristina pasa de una pena de seis años y 3 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales a una de cinco años y 10 meses.

Esta decisión dejaría al ex Duque de Palma al borde de la entrada en prisión, ya que el Tribunal Constitucional, al que previsiblemente recurrirá su defensa, viene tradicionalmente teniendo en cuenta como límite las penas de entre 5 y 6 años de cárcel para decidir si suspende o no la ejecución de las condenas mientras resuelve sobre el amparo de las mismas.

Esta decisión judicial se conoce justo un día antes del 53 cumpleaños de la Infanta Cristina. En su caso, el Tribunal Supremo ha confirmado su responsabilidad a título lucrativo por el caso Nóos, pero ha reducido la cuantía fijada inicialmente por la Audiencia de Palma hasta los 136.950 euros al eliminarse su responsabilidad civil en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración por los que fue condenado su marido Iñaki Urdangarín. Sin embargo, los 128.000 euros rebajados deberán ser pagados por su cónyuge.

En cuanto a Diego Torres, ha sido condenado por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración, y le absuelve de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental dentro del caso Nóos. Su pena se ha rebajado de 8 años y medio a 5 años y ocho meses de prisión.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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