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España recibirá 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer a partir de abril

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Madrid, 16 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo que posibilita a España a adquirir 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, fruto del acuerdo de la UE con esta farmacéutica y cuya entrega se producirá a partir del próximo mes de abril.

Lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha recordado que en noviembre ya se dio luz verde a que España recibiera 30 millones, con lo que en total llegarán al país 50 millones de dosis para inmunizar a 25 millones de personas a lo largo de 2021.

Esta nueva remesa de 20,8 millones obedece al contrato firmado la semana pasada por la Comisión Europea y la farmacéutica por el que ésta se comprometía a entregar 200 millones de dosis a los estados miembros con opción a otros 100 adicionales.

Al ser la distribución proporcional a la población, a España le corresponde el 10,57 % de esas dosis pactadas, una entrega que comenzará en abril; en concreto se esperan 7,8 millones de dosis entre el segundo y tercer trimestre del año y 5,2 millones en los últimos tres meses.

El coste de esta nueva remesa, ha dicho Montero, asciende a 322 millones de euros, con un coste unitario de 15,5 euros.

Así, Montero ha dicho que el Gobierno mantiene su objetivo de haber inmunizado al 70 % de la población en verano ya que a las tres vacunas disponibles en España se unirán otras tres una vez sean aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la campaña de vacunación «va a buen ritmo».

Sobre la evolución de la pandemia en el país, la portavoz del Gobierno ha señalado que «parece» que la tercera ola va remitiendo «poco a poco, de forma lenta» aunque hay comunidades que mantienen una presión hospitalaria «importante por lo que hay que seguir en alerta y «con cautela».

La situación lleva al Ejecutivo, ha dicho Montero, a insistir en el mensaje de prudencia en las relaciones sociales y ha instado a la ciudadanía a seguir a «rajatabla» las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Por eso, ha insistido en que «no tengamos prisa en recorrer la desescalada» para que las medidas se vayan consolidando y se pueda seguir bajando de forma progresiva la incidencia acumulada hasta alcanzar el objetivo de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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