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Valencia

Esta es la propuesta de los hosteleros valencianos a Sanidad para la apertura de locales

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València, 16 ago (EFE).- Las patronales de hostelería y ocio de la Comunitat Valenciana han presentado ante la Conselleria de Sanidad un protocolo para la apertura de los locales en condiciones de normalidad, un documento que, a su juicio, «aporta soluciones para recuperar la actividad en el interior de los establecimientos, mientras apela al trabajo en común».

La organización CONHOSTUR, formada por Hostelería Valencia (Federación Empresarial de Hostelería de Valencia), ASHOTUR (Asociación de Hostelería y Turismo de Castellón), FEHPA (Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Alicante) junto con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo Dénia – Marina Alta (AEHTMA), la Cooperativa y Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (ABRECA – COBRECA), la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Safor (Asemhtsa – DestíSafor) y la Asociación de restaurantes de Alicante (ARA), ha trasladado su “Protocolo conjunto para una apertura de los locales de hostelería/restauración y ocio en condiciones de normalidad”.

El documento suscrito por las patronales de hostelería y ocio reitera la idea que se ha venido trasladando desde el sector y que incide en que los locales de hostelería y ocio son espacios seguros y que cumplen con las exigencias de las diferentes normativas sobre las condiciones de calidad del aire y ventilación de sus interiores.

Con este protocolo se pretende destacar la necesidad de homogeneizar el uso e instalación de sistemas de mejora de calidad del aire interior para los distintos tipos de establecimientos, lo que permitiría la recuperación de las empresas del sector y de la economía en términos generales, con el fin de disponer de seguridad jurídica en el ejercicio de la actividad, mediante la indicación de las condiciones de ventilación y calidad del aire de los interiores de los establecimientos de hostelería/restauración/ocio.

Esta clarificación supondría poder abrir aquellas actividades que se encuentran suspendidas en este momento, como los locales de ocio nocturno; recuperar el ejercicio del resto de actividades (hostelería y restauración), en condiciones de funcionamiento (horarios, aforos, etc.) anteriores a la pandemia, en los términos que se indican en su licencia de actividad; y evitar el cierre de actividades en función de la evolución de la pandemia y de la aplicación de medidas restrictivas.

El sector es consciente de la importancia de disponer de una ventilación adecuada y calidad del aire en el interior de los establecimientos de hostelería/restauración y ocio con ocasión de la COVID-19, señala la patronal en un comunicado divulgado este lunes.

Por ello se pide a Sanidad «trabajar conjuntamente para elaborar un marco normativo que permita regular los sistemas, equipos e instalaciones que permitan acreditar unas condiciones óptimas de ventilación y calidad del aire de los interiores de los locales de hostelería/restauración y ocio, para que quienes cumplan dichos estándares puedan ejercer sus actividades en las mismas condiciones (aforos, horarios, etc.) anteriores a la pandemia».

También piden «dotar de fondos públicos, subvenciones y ayudas para que las empresas puedan disponer de financiación para poder realizar las labores necesarias para adecuarse a estas condiciones de ventilación y calidad del aire (compra de aparatos o su instalación, por ejemplo)».

Valencia

Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor

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Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor
 Castelló, 16 oct (EFE).- La Audiencia de Castellón acoge desde el próximo lunes el juicio del conocido como «caso Castor», donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor, clausurada desde 2017.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

Las sesiones comenzarán este lunes a las 10 horas con la declaración de los dos acusados, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. También consta como acusación la propia mercantil como persona jurídica.

Habrá sesiones igualmente los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, peritos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente «con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500.

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio, según fuentes jurídicas.

Un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), ambos pertenecientes al CSIC, desveló los mecanismos que produjeron los seísmos que tuvieron lugar tras la inyección de gas en el almacén Castor en 2013 y que condujeron a su cierre cuatro años más tarde.

La inyección de gas produjo, según este estudio, una «sobrepresión y un efecto de flotación de gas que movió la falla de Amposta, que a su vez desestabilizó a otra más profunda, desconocida hasta ahora, causando los sismos de mayor magnitud percibidos por la población».

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