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GÜRTEL | Agentes de la UDEF confirman que gran parte de los actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

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(EUROPA PRESS)-Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.

Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política regional.

Uno de los agentes ha indicado que en la contabilidad de las empresas del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Según ha explicado, en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’.

REDUCCIONES DE DEUDA

El agente ha señalado que en ‘Alicante’ se incluyen aquellas «reducciones de deuda» que se han abonado con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se ha emitido una factura con liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); mientras que en ‘Barcelona’ se apunta todo «lo contrario».

Ha concretado que los importes que aparecen en ‘Alicante’ hacen referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a constructores que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunitat Valenciana, y que disminuyeron la deuda del partido. Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Este policía también ha afirmado que analizaron correos electrónicos enviados al ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, en el que se hacen mención a los ingresos en ‘Barcelona’. Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero, era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación.

Precisamente, Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque destacó que se encontró con este «sistema de trabajo» cuando entró en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi», subrayó.

LAS SIGLAS

Por otro lado, este investigador ha recordado que en dicho informe se hacía mención a unos nombres y pseudónimos que supuestamente hicieron aportaciones para sufragar estos servicios, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que hacían referencia a políticos y empresarios. Así, ‘El Príncipe’ se atribuyó a Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; ‘Sonia’, a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ‘El Cantante’, a Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Villalba; o ‘El Tuerto’, al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

El otro agente que ha confirmado este martes los pagos en ‘b’ del PP de la Comunitat Valenciana ha enfatizado que el 80 por ciento de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de ‘Barcelona’. También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como ‘P’, que relacionaron con el partido y ‘PROV’, que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a Orange Market.

Otro de los agentes de la UDEF, que también ha testificado este martes en la vista oral, y que participó en los registros de las oficinas de la Gürtel, ha aseverado que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», ha asegurado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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