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Valencia

El TSJ ordena la readmisión de la víctima del exmarido de Oltra en el Hospital de Torrevieja

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La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana, a su llegada a los juzgados de València, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

València, 15 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).-La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado la readmisión de la joven que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra como empleada en el Hospital de Torrevieja.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, estima parcialmente el recurso de la joven (menor de edad cuando fue víctima de abusos) y condena a la Conselleria de Sanidad a la readmisión y al pago de salarios de tramitación desde noviembre de 2021, y mantiene la indemnización de 10.000 euros fijada en julio del año pasado por despido improcedente.

Trabajaba como auxiliar administrativa

La demandante trabajaba como auxiliar administrativa, con antigüedad desde el 1 de septiembre de 2021 y un salario mensual neto de 1.592 euros, incluida la parte proporcional de las pagas extras, en virtud de un contrato de interinidad a jornada completa, cuando el servicio de atención sanitaria integrada del área 20 era prestado por la mercantil Torrevieja Salud UTE.

Ni ella ni su entonces pareja y padre de sus dos hijos -cuya custodia ha perdido- fueron subrogados cuando el departamento de salud pasó a la gestión pública a pesar de que ella, según consta en la sentencia, había adquirido la condición de indefinida por haber seguido trabajando a la finalización de su contrato de interinidad.

Al margen de este proceso, el Juzgado de Instrucción número 15 de València ha acordado recientemente el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otros altos cargos al no hallar evidencias de que maniobrasen para ocultar ese caso de abusos.

Este sobreseimiento ha sido recurrido al menos por dos de las tres acusaciones, la que representa a la propia víctima y Vox, que ejerce la acción popular, mientras que la Fiscalía ya anunció que no presentará recurso.

En su recurso de apelación, Vox pide la reapertura de la causa, la investigación del «borrado masivo» de correos electrónicos «por parte de los integrantes del gabinete de la Vicepresidencia» y la declaración de los responsables de Sistemas de la Conselleria de Igualdad y de la Generalitat.

La víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra recurre el archivo de la causa

La víctima de los abusos sexuales por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra en un centro de menores ha recurrido el archivo provisional de la causa contra Oltra por supuesta ocultación, al considerar que existen hechos «de suficiente entidad» para continuar la instrucción.

Así consta en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Valencia contra el auto del Juzgado de instrucción número 15 que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra todos los investigados al entender que «todos y cada uno de los indicios» se han «desvanecido por completo».

El recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, considera que se ha producido un «radical e inexplicado cambio de criterio del instructor, que ahora no ve delito donde antes sí lo vio», y no se ha aportado ninguna prueba que permita «descartar de plano» las acusaciones, más allá de las declaraciones de los investigados.

Asimismo, indica que «no se entiende» que donde entonces se veían situaciones «tan inexplicables que no podían tener otra lectura más que la concertación para la ocultación de los abusos, se vean ahora actuaciones meramente irregulares», y sostiene que se mantienen «en su integridad» los indicios incriminatorios.

«Sorprende mucho el cambio de parecer del instructor, cuya mejor expresión se encuentra en la exposición razonada que dirigió al TSJCV, y que concluye ahora en la irrelevancia penal de las conductas atribuidas a los investigados; a todos, sin discriminación», indica el recurso.

«Ocultar primero y desacreditar después la denuncia de los abusos»

La recurrente afirma que la investigación debe proseguir para esclarecer por qué la entonces menor de edad fue llevada al juicio sobre los abusos sexuales sufridos esposada y custodiada por la Policía, lo que enmarca en una estrategia destinada a «ocultar primero y desacreditar después la denuncia de los abusos».

Por ello pide que declaren como testigos agentes y un inspector de la Policía Nacional, así como el director y una educadora del centro de menores donde estaba interna la menor tutelada, que ya fueron propuestas y se rechazaron.

Finalmente, reclama que se anule el auto del archivo provisional de la causa y se ordene la continuación del procedimiento para practicar nuevas diligencias y posteriormente dictar auto de procedimiento abreviado.

El recurso también critica el tiempo del que han dispuesto los acusados para «eliminar cualquier rastro de correo incriminador», por lo que la mayoría de las cuentas de correo utilizadas por ellos «han sido borradas y no se ha obtenido apenas información».

El auto recurrido afirma que «no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados» en relación al caso de su exmarido, Luis Ramírez, en prisión por abusos a la menor tutelada por la Generalitat.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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