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La relación entre el cuñado de Ribó y EMT no se investigará gracias a PSPV

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VALÈNCIA, 5 Dic.-El pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado este jueves con los votos en contra del Govern del Rialto, que conforman Compromís y PSPV, reprobar al alcalde, Joan Ribó, y al concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, como pedían los grupos de la oposición –PP, CS y Vox– por la gestión que han hecho del fraude de cuatro millones detectado en esta compañía.

Esta decisión se ha adoptado en el segundo pleno extraordinario sobre la EMT, celebrado a instancias de la oposición, para abordar estas cuestiones y «la vinculación» del despacho Abastos Abogados, en el que trabaja el cuñado del primer edil, y la firma SMT Asesores, a la que pertenece el socio de dicho bufete y recientemente dimitido secretario-asesor del Consejo de Administración de la entidad pública.

Asimismo, se ha rechazado crear una comisión no permanente de investigación para «esclarecer las relaciones contractuales» municipales con estas firmas de abogados y asesores. En este punto, el alcalde se ha ausentado, como ya anunció, por lo que se ha producido un empate que ha llevado a usar el voto de calidad de la presidencia, que ostentaba en ese momento la vicealcaldesa, Sandra Gómez. Con esto, dicha propuesta ha decaído.

Joan Ribó ha insistido durante el pleno en que, mientras ha sido alcalde, ningún familiar suyo ha facturado a la EMT ni ha obtenido ningún beneficio de ninguna empresa municipal, a diferencia de la portavoz del PP, a la que ha acusado de tener contratada a su hermana como asesora.

Ha destacado que los objetivos ante el fraude de la EMT son recuperar el dinero robado y mejorar los sistemas de seguridad de esa empresa y de todos los organismos municipales, y ha asegurado que han actuado con «transparencia absoluta», al crear una comisión de investigación y convocar dos plenos.

Sobre el exsecretario de la EMT, Salvador Martínez Tarín, que dejó el cargo tras hacerse públicos sus vínculos laborales con el cuñado del alcalde, Ribó ha dicho que un informe jurídico del Ayuntamiento avala que su contratación se hizo dentro de la legalidad y conforme se hacía desde 1991, y que su idea es que el nuevo secretario sea «un alto funcionario» del Consistorio.

El alcalde ha reprochado a la oposición que intente hacer ver con «medias verdades y absolutas mentiras» que alguien de su familia se ha podido lucrar con contrataciones del ámbito público, lo cual «es mentira», y ha señalado que está esperando a que la oposición aporte pruebas de sus acusaciones, algo que no harán porque «no existen».

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha justificado antes del pleno el voto de su grupo en que el Gobierno local «ha reconocido que se han cometido errores, y esos errores se han corregido», y en que una de sus funciones es «dar estabilidad» al Ejecutivo.

Además, ha explicado que la Junta de gobierno ha aprobado hoy una moción del PSPV para impulsar un Plan de prevención de delitos en todas las empresas y fundaciones públicas, para evitar fraudes como el de la EMT, y ha acusado a la oposición de pretender generar «una mala imagen» de la gestión local.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha criticado la «relación directa» de Ribó con «el tinglado de dos despachos de abogados» que han facturado a la EMT, y ha asegurado que el despacho del cuñado del alcalde «podría haber facturado a la EMT 100.000 euros», según el Registro Mercantil y facturas que tienen.

Catalá ha acusado al PSPV de «blanquear la estafa» y de «hacer de muleta de la mentira»; ha replicado a Ribó que no es «la semana más oportuna para que Compromís hable de familiares», pero si quiere «guerra del barro» la tendrá, y ha desvelado que Grezzi ha pedido que el Ayuntamiento inyecte 3’6 millones en la EMT para cubrir «el agujero negro» de la estafa.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha alertado de una presunta malversación de fondos en la EMT motivada por las duplicidades en las funciones realizadas entre las juristas de la empresa y el despacho del cuñado de Ribó y de un presunto fraccionamiento de contratos, y ha lamentado que en el Gobierno «se tapen unos a otros».

El portavoz adjunto de Vox, Vicente Montáñez, ha afirmado que «ni es ético ni estético» que Compromís monte «una agencia de colocación» a cargo de la Administración; ha reprochado al PSPV que colabore en «aguantar» lo que «no se sostiene» y le ha cantado a Ribó: «Teatro, lo tuyo es puro teatro».

FUENTE: EFE/EUROPA PRESS

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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