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Los análisis de las aguas residuales de València detectan COVID en casi toda la ciudad

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La concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha informado de los últimos resultados del análisis de las aguas residuales de la ciudad de València como “medida de anticipación” del coronavirus. Unos resultados que según Valìa “validan la capacidad de esta herramienta, ya que coinciden con el aumento o descenso de los PCR confirmados por la Conselleria de Sanitat”. La concejala ha explicado además que los barrios prioritarios ahora son Torrefiel, Orriols, Benicalap y Mestalla, que este último se mantiene respecto a los últimos días.

“De esta manera volvemos a validar la capacidad de anticipación de esta herramienta como la mejor medida de prevención del coronavirus”, ha explicado Valía. En este sentido, la edila ha puntualizado que “el repunte que teníamos nosotros la semana pasada coincide con los repuntes de PCR confirmados por la Conselleria de Sanitat” y que por tanto “ahora que nosotros tenemos unos índices más bajos, deducimos que eso también se replicará en los PCR”.

En cuanto a los barrios con mayor incidencia de restos de COVID-19 y que por tanto “son prioritarios” para el consistorio valenciano, son: Torrefiel, Orriols, Benicalap y Mestalla. Sobre este último, que también era un sector a tener en cuenta la semana pasada, “lo mantenemos porque todavía tiene unos niveles comparativamente altos dentro de la ciudad”. Aunque Valía ha remarcado que “los sectores que ahora tenemos como prioritarios están muy por debajo de los de la semana pasada, tenemos que poner en relieve la eficacia de las medidas preventivas que es la razón de ser de esta herramienta”.

“El mensaje tanto a los valencianos y a las valencianas como a los y las turistas que quieran venir a visitarnos es de tranquilidad, está controlado, tenemos una herramienta de un gran potencial y utilidad”, ha concluido Valía.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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