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Los empresarios valencianos cargan contra el Gobierno en un duro comunicado

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Este es el comunicado íntegro de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios):

Ante la publicación ayer 28 de marzo en el BOE del RDLey 9/2020, de 27 de marzo y su entrada en vigor, y tras los anuncios realizados después del consejo de ministros extraordinario de hoy, desde AVE queremos manifestar lo siguiente:

  • Que desde que se aprobó el RD 463/2020 de 14 de marzo, venimos reclamando medidas para preservar la actividad económica y el empleo que, al igual que se ha realizado en los países de nuestro entorno, amortigüen el impacto de la crisis del COVID-19 y, más allá de anuncios, no se han implementado, lo que además de incertidumbre está suponiendo un enorme impacto negativo en el empleo, autónomos y empresas. Nos adherimos a las propuestas realizadas desde CEOE y CEPYME.

El Gobierno de España debe adoptar medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como han hecho los países de nuestro entorno. Nos adherimos a las propuestas realizadas por CEOE y CEPYME.

  • Que la decisión de parar la actividad económica más allá de los servicios esenciales va a producir unos efectos devastadores y cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación. Sin empresas no hay empleo y, si no hay empleo, es imposible sustentar el estado de bienestar. Es urgente e inaplazable que se publique el listado exhaustivo de todos los sectores y empresas que deben estar a pleno rendimiento mañana para asegurar la perfecta operatividad de los sectores esenciales de actividad.
  • Que hay muchos empresarios y autónomos de multitud de sectores (calzado, electrónica, textil, transporte y logística, turismo, etc.) que están trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra el COVID-19. Además de agradecerles el esfuerzo y poner en valor su compromiso con el país, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar a esas industrias su actividad y la de sus proveedores, con agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas. Y además deben establecerse mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19.
  • Que no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la honestidad y ética de miles de empresarios y autónomos, que si han tenido que poner en marcha alguna medida excepcional en relación con sus empleados, se debe única y exclusivamente a la crisis sanitaria global que atravesamos y a la paralización de la actividad económica fruto del RD 463/2020 de 14 de marzo. Los empresarios y los autónomos están trabajando duramente con sus empleados, por mantener la actividad, el empleo y por asegurar la supervivencia de sus empresas.

No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas.

  • Solicitamos que ante una situación tan difícil, las autoridades competentes reconozcan pública y explícitamente con palabras y con hechos, el esfuerzo y dedicación de todas las empresas privadas, de sus empresarios, autónomos y trabajadores que por ser de sectores esenciales y críticos están al servicio de España y de los españoles para que muchos ciudadanos puedan estar en sus casas y parar esta crisis sanitaria cuanto antes.
  • Que estamos convencidos que el confinamiento es una buena decisión, basada en criterios científicos, pero que debe ir aparejada de otras medidas como la realización de tests masivos que permitan conocer la realidad y alcance de la pandemia y, sobre todo, actuar sobre la población enferma y la de riesgo, como también aseguran los expertos.
  • Queremos reiterar nuestro agradecimiento, consideración y reconocimiento a los siguientes colectivos:
    • al personal sanitario y de servicios esenciales
    • a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
    • a los despachos de farmacias
    • a todos los comercios de venta al público que nos proveen con bienes de primera necesidad
    • a los integrantes de la cadena alimentaria, incluyendo a los agricultores, empresas transformadoras y a la logística que la posibilitan, y, en particular, a los trabajadores de los comercios de alimentación que cada día abren sus puertas para atendernos.
    • y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información, que permiten el teletrabajo y las comunicaciones entre los ciudadanos.

Desde AVE se quiere reiterar el agradecimiento a la labor del personal sanitario; fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; integrantes de la cadena agroalimentaria, incluidos agricultores, empresas de transformación, suministro y logística; de los trabajadores del comercio de venta al público como la alimentación, los medicamentos y los bienes de primera necesidad; y de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información.

Estamos seguros de que, entre todos, con sentido común, con disciplina, con la colaboración de toda la sociedad y racionalizando el miedo, seremos capaces de superar esa crisis sanitaria, que pasará.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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