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Los empresarios valencianos cargan contra el Gobierno en un duro comunicado

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Este es el comunicado íntegro de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios):

Ante la publicación ayer 28 de marzo en el BOE del RDLey 9/2020, de 27 de marzo y su entrada en vigor, y tras los anuncios realizados después del consejo de ministros extraordinario de hoy, desde AVE queremos manifestar lo siguiente:

  • Que desde que se aprobó el RD 463/2020 de 14 de marzo, venimos reclamando medidas para preservar la actividad económica y el empleo que, al igual que se ha realizado en los países de nuestro entorno, amortigüen el impacto de la crisis del COVID-19 y, más allá de anuncios, no se han implementado, lo que además de incertidumbre está suponiendo un enorme impacto negativo en el empleo, autónomos y empresas. Nos adherimos a las propuestas realizadas desde CEOE y CEPYME.

El Gobierno de España debe adoptar medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como han hecho los países de nuestro entorno. Nos adherimos a las propuestas realizadas por CEOE y CEPYME.

  • Que la decisión de parar la actividad económica más allá de los servicios esenciales va a producir unos efectos devastadores y cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación. Sin empresas no hay empleo y, si no hay empleo, es imposible sustentar el estado de bienestar. Es urgente e inaplazable que se publique el listado exhaustivo de todos los sectores y empresas que deben estar a pleno rendimiento mañana para asegurar la perfecta operatividad de los sectores esenciales de actividad.
  • Que hay muchos empresarios y autónomos de multitud de sectores (calzado, electrónica, textil, transporte y logística, turismo, etc.) que están trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra el COVID-19. Además de agradecerles el esfuerzo y poner en valor su compromiso con el país, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar a esas industrias su actividad y la de sus proveedores, con agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas. Y además deben establecerse mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19.
  • Que no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la honestidad y ética de miles de empresarios y autónomos, que si han tenido que poner en marcha alguna medida excepcional en relación con sus empleados, se debe única y exclusivamente a la crisis sanitaria global que atravesamos y a la paralización de la actividad económica fruto del RD 463/2020 de 14 de marzo. Los empresarios y los autónomos están trabajando duramente con sus empleados, por mantener la actividad, el empleo y por asegurar la supervivencia de sus empresas.

No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas.

  • Solicitamos que ante una situación tan difícil, las autoridades competentes reconozcan pública y explícitamente con palabras y con hechos, el esfuerzo y dedicación de todas las empresas privadas, de sus empresarios, autónomos y trabajadores que por ser de sectores esenciales y críticos están al servicio de España y de los españoles para que muchos ciudadanos puedan estar en sus casas y parar esta crisis sanitaria cuanto antes.
  • Que estamos convencidos que el confinamiento es una buena decisión, basada en criterios científicos, pero que debe ir aparejada de otras medidas como la realización de tests masivos que permitan conocer la realidad y alcance de la pandemia y, sobre todo, actuar sobre la población enferma y la de riesgo, como también aseguran los expertos.
  • Queremos reiterar nuestro agradecimiento, consideración y reconocimiento a los siguientes colectivos:
    • al personal sanitario y de servicios esenciales
    • a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
    • a los despachos de farmacias
    • a todos los comercios de venta al público que nos proveen con bienes de primera necesidad
    • a los integrantes de la cadena alimentaria, incluyendo a los agricultores, empresas transformadoras y a la logística que la posibilitan, y, en particular, a los trabajadores de los comercios de alimentación que cada día abren sus puertas para atendernos.
    • y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información, que permiten el teletrabajo y las comunicaciones entre los ciudadanos.

Desde AVE se quiere reiterar el agradecimiento a la labor del personal sanitario; fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; integrantes de la cadena agroalimentaria, incluidos agricultores, empresas de transformación, suministro y logística; de los trabajadores del comercio de venta al público como la alimentación, los medicamentos y los bienes de primera necesidad; y de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información.

Estamos seguros de que, entre todos, con sentido común, con disciplina, con la colaboración de toda la sociedad y racionalizando el miedo, seremos capaces de superar esa crisis sanitaria, que pasará.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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