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Los empresarios valencianos cargan contra el Gobierno en un duro comunicado

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Este es el comunicado íntegro de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios):

Ante la publicación ayer 28 de marzo en el BOE del RDLey 9/2020, de 27 de marzo y su entrada en vigor, y tras los anuncios realizados después del consejo de ministros extraordinario de hoy, desde AVE queremos manifestar lo siguiente:

  • Que desde que se aprobó el RD 463/2020 de 14 de marzo, venimos reclamando medidas para preservar la actividad económica y el empleo que, al igual que se ha realizado en los países de nuestro entorno, amortigüen el impacto de la crisis del COVID-19 y, más allá de anuncios, no se han implementado, lo que además de incertidumbre está suponiendo un enorme impacto negativo en el empleo, autónomos y empresas. Nos adherimos a las propuestas realizadas desde CEOE y CEPYME.

El Gobierno de España debe adoptar medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como han hecho los países de nuestro entorno. Nos adherimos a las propuestas realizadas por CEOE y CEPYME.

  • Que la decisión de parar la actividad económica más allá de los servicios esenciales va a producir unos efectos devastadores y cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación. Sin empresas no hay empleo y, si no hay empleo, es imposible sustentar el estado de bienestar. Es urgente e inaplazable que se publique el listado exhaustivo de todos los sectores y empresas que deben estar a pleno rendimiento mañana para asegurar la perfecta operatividad de los sectores esenciales de actividad.
  • Que hay muchos empresarios y autónomos de multitud de sectores (calzado, electrónica, textil, transporte y logística, turismo, etc.) que están trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra el COVID-19. Además de agradecerles el esfuerzo y poner en valor su compromiso con el país, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar a esas industrias su actividad y la de sus proveedores, con agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas. Y además deben establecerse mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19.
  • Que no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la honestidad y ética de miles de empresarios y autónomos, que si han tenido que poner en marcha alguna medida excepcional en relación con sus empleados, se debe única y exclusivamente a la crisis sanitaria global que atravesamos y a la paralización de la actividad económica fruto del RD 463/2020 de 14 de marzo. Los empresarios y los autónomos están trabajando duramente con sus empleados, por mantener la actividad, el empleo y por asegurar la supervivencia de sus empresas.

No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas.

  • Solicitamos que ante una situación tan difícil, las autoridades competentes reconozcan pública y explícitamente con palabras y con hechos, el esfuerzo y dedicación de todas las empresas privadas, de sus empresarios, autónomos y trabajadores que por ser de sectores esenciales y críticos están al servicio de España y de los españoles para que muchos ciudadanos puedan estar en sus casas y parar esta crisis sanitaria cuanto antes.
  • Que estamos convencidos que el confinamiento es una buena decisión, basada en criterios científicos, pero que debe ir aparejada de otras medidas como la realización de tests masivos que permitan conocer la realidad y alcance de la pandemia y, sobre todo, actuar sobre la población enferma y la de riesgo, como también aseguran los expertos.
  • Queremos reiterar nuestro agradecimiento, consideración y reconocimiento a los siguientes colectivos:
    • al personal sanitario y de servicios esenciales
    • a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
    • a los despachos de farmacias
    • a todos los comercios de venta al público que nos proveen con bienes de primera necesidad
    • a los integrantes de la cadena alimentaria, incluyendo a los agricultores, empresas transformadoras y a la logística que la posibilitan, y, en particular, a los trabajadores de los comercios de alimentación que cada día abren sus puertas para atendernos.
    • y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información, que permiten el teletrabajo y las comunicaciones entre los ciudadanos.

Desde AVE se quiere reiterar el agradecimiento a la labor del personal sanitario; fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; integrantes de la cadena agroalimentaria, incluidos agricultores, empresas de transformación, suministro y logística; de los trabajadores del comercio de venta al público como la alimentación, los medicamentos y los bienes de primera necesidad; y de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información.

Estamos seguros de que, entre todos, con sentido común, con disciplina, con la colaboración de toda la sociedad y racionalizando el miedo, seremos capaces de superar esa crisis sanitaria, que pasará.

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Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida en 2021

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Iñigo Errejón
Fotografía de archivo tomada el 22/10/2024 del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón. EFE/ ARCHIVO/Fernando Villar

La denunciante solicita declarar como testigo protegido y pide confidencialidad absoluta sobre su identidad. Los hechos se remontan a octubre de 2021.

MADRID, 25 Feb. – Una segunda mujer ha presentado una denuncia contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en octubre de 2021 en el domicilio del expolítico.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la denunciante solicita al juzgado la protección y confidencialidad absoluta de su identidad, así como declarar en calidad de testigo protegido.


Inicio del contacto y primeros encuentros

La denuncia recoge que el contacto entre ambas partes comenzó en 2021 a través de Instagram, manteniendo posteriormente conversaciones frecuentes. Según el relato, tras varias semanas, el exdirigente político propuso trasladar las comunicaciones a Telegram, aplicación en la que los mensajes pueden autodestruirse.

En septiembre de ese año se produjo el primer encuentro presencial en el domicilio del denunciado, donde, según el documento, hubo un acercamiento íntimo limitado a besos, sin penetración ni relaciones sexuales completas.

Posteriormente, ambos habrían mantenido encuentros esporádicos y comunicación frecuente.


Relato de los hechos denunciados

La denunciante sitúa los hechos principales el 16 de octubre de 2021, tras coincidir en un evento y acudir posteriormente a una fiesta. Según el relato, durante la noche se produjeron situaciones de presión en un contexto de consumo de alcohol.

La mujer sostiene que, durante el traslado posterior al domicilio del exdiputado, se produjo un forcejeo tras negarse a mantener relaciones sexuales, y que recibió expresiones que califica como intimidatorias.

Una vez en la vivienda, la denuncia afirma que se produjo una penetración vaginal sin consentimiento, pese a la oposición expresa de la denunciante.

Tras los hechos, la relación habría continuado brevemente antes de romperse definitivamente en enero de 2022. Según el escrito, la mujer inició posteriormente tratamiento psicológico y psiquiátrico.


Solicitud de medidas de protección

El abogado de la acusación ha solicitado al juzgado que la identidad de la denunciante quede protegida y que su declaración se realice bajo medidas especiales de protección.

Por el momento, no ha trascendido la respuesta procesal del exdiputado ante esta segunda denuncia.


Contexto judicial

Esta denuncia se suma a otras investigaciones abiertas relacionadas con presuntos delitos contra la libertad sexual. El procedimiento se encuentra en fase inicial y serán los tribunales los que determinen el alcance de los hechos.

Como es preceptivo en estos casos, el denunciado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

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