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Los empresarios valencianos cargan contra el Gobierno en un duro comunicado

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Este es el comunicado íntegro de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios):

Ante la publicación ayer 28 de marzo en el BOE del RDLey 9/2020, de 27 de marzo y su entrada en vigor, y tras los anuncios realizados después del consejo de ministros extraordinario de hoy, desde AVE queremos manifestar lo siguiente:

  • Que desde que se aprobó el RD 463/2020 de 14 de marzo, venimos reclamando medidas para preservar la actividad económica y el empleo que, al igual que se ha realizado en los países de nuestro entorno, amortigüen el impacto de la crisis del COVID-19 y, más allá de anuncios, no se han implementado, lo que además de incertidumbre está suponiendo un enorme impacto negativo en el empleo, autónomos y empresas. Nos adherimos a las propuestas realizadas desde CEOE y CEPYME.

El Gobierno de España debe adoptar medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como han hecho los países de nuestro entorno. Nos adherimos a las propuestas realizadas por CEOE y CEPYME.

  • Que la decisión de parar la actividad económica más allá de los servicios esenciales va a producir unos efectos devastadores y cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación. Sin empresas no hay empleo y, si no hay empleo, es imposible sustentar el estado de bienestar. Es urgente e inaplazable que se publique el listado exhaustivo de todos los sectores y empresas que deben estar a pleno rendimiento mañana para asegurar la perfecta operatividad de los sectores esenciales de actividad.
  • Que hay muchos empresarios y autónomos de multitud de sectores (calzado, electrónica, textil, transporte y logística, turismo, etc.) que están trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra el COVID-19. Además de agradecerles el esfuerzo y poner en valor su compromiso con el país, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar a esas industrias su actividad y la de sus proveedores, con agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas. Y además deben establecerse mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19.
  • Que no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la honestidad y ética de miles de empresarios y autónomos, que si han tenido que poner en marcha alguna medida excepcional en relación con sus empleados, se debe única y exclusivamente a la crisis sanitaria global que atravesamos y a la paralización de la actividad económica fruto del RD 463/2020 de 14 de marzo. Los empresarios y los autónomos están trabajando duramente con sus empleados, por mantener la actividad, el empleo y por asegurar la supervivencia de sus empresas.

No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas.

  • Solicitamos que ante una situación tan difícil, las autoridades competentes reconozcan pública y explícitamente con palabras y con hechos, el esfuerzo y dedicación de todas las empresas privadas, de sus empresarios, autónomos y trabajadores que por ser de sectores esenciales y críticos están al servicio de España y de los españoles para que muchos ciudadanos puedan estar en sus casas y parar esta crisis sanitaria cuanto antes.
  • Que estamos convencidos que el confinamiento es una buena decisión, basada en criterios científicos, pero que debe ir aparejada de otras medidas como la realización de tests masivos que permitan conocer la realidad y alcance de la pandemia y, sobre todo, actuar sobre la población enferma y la de riesgo, como también aseguran los expertos.
  • Queremos reiterar nuestro agradecimiento, consideración y reconocimiento a los siguientes colectivos:
    • al personal sanitario y de servicios esenciales
    • a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
    • a los despachos de farmacias
    • a todos los comercios de venta al público que nos proveen con bienes de primera necesidad
    • a los integrantes de la cadena alimentaria, incluyendo a los agricultores, empresas transformadoras y a la logística que la posibilitan, y, en particular, a los trabajadores de los comercios de alimentación que cada día abren sus puertas para atendernos.
    • y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información, que permiten el teletrabajo y las comunicaciones entre los ciudadanos.

Desde AVE se quiere reiterar el agradecimiento a la labor del personal sanitario; fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; integrantes de la cadena agroalimentaria, incluidos agricultores, empresas de transformación, suministro y logística; de los trabajadores del comercio de venta al público como la alimentación, los medicamentos y los bienes de primera necesidad; y de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información.

Estamos seguros de que, entre todos, con sentido común, con disciplina, con la colaboración de toda la sociedad y racionalizando el miedo, seremos capaces de superar esa crisis sanitaria, que pasará.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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