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Los menores condenados en la Comunitat Valenciana llegan a los 2.054

Publicado
hace 7 añosen
MADRID/VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – Los menores condenados en la Comunitat Valenciana crecieron un 5,17 por ciento en 2017 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.054. La autonomía se sitúa de esta forma como la segunda con más menores condenados inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal, con un 15,1% del total, por detrás de Andalucía (20,7%) y por delante de Cataluña (13,4%).
Así, de los 2.054 menores condenados en la Comunitat Valenciana en 2017, 1.673 de ellos eran de nacionalidad española, y 381 de ellos extranjeros, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa se sitúa en 10,5 condenados por cada 1.000 habitantes.
El incremento del 5,17 por ciento en el número de menores condenados registrado en 2017 en la Comunitat Valenciana es inferior a la media nacional, donde el aumento ha sido del 5,5 por ciento. Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (22,3%), seguida de la Comunitat Valenciana (14,4%) y Andalucía (12,6%).
Por franja de edad, el mayor número de condenados son los jóvenes de 17 años, con un total de 580 inscritos; seguidos de los de 16, con 577; de los de 15, con 493 y los de 14, con 404. En total, cometieron 3.357 infracciones penales, de las que 3.243 constituían delito y 114 eran faltas. En este caso, la tasa de infracciones por cada 1.000 habitantes es del 17,1%, la cuarta a nivel nacional tras Baleares, Asturias y Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En cuanto a los adultos condenados en 2017 en la Comunitat Valenciana, se elevan a 35.668, 27.533 de ellos de nacionalidad española y 8.135 extranjeros, con una tasa del 8,8 por cada 1.000 habitantes. En la Comunitat Valenciana se registraron el pasado año 52.778 delitos, 39.409 por hombres y 13.369 por mujeres.
La autonomía fue la tercera con más condenados extranjeros, con un 12,6%, por detrás de Cataluña y Madrid pero encabeza la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, de un 12,1%, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y frente al 10,3% de la media nacional.
DATOS NACIONALES
En el conjunto nacional, un total de 13.643 menores (14 a 17 años) fueron inscritos en 2017 en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, lo que supuso un aumento del 5,5% respecto al año anterior, según la encuesta del INE sobre condenados. Supone el primer incremento de menores condenados después de dos años de descensos.
De ellos, el 79,3% de los menores condenados fueron varones y el 20,7% mujeres. La tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes de ese mismo rango de edad fue de 7,5.
Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso (30,0% del total), seguido del grupo de 16 años (28,7%). Analizando las tasas por sexo y edad de los menores condenados, se observa que la edad más frecuente fue la de 17 años en los varones y la de 16 años en las mujeres.
La mayoría de los menores condenados tenía nacionalidad española (80,6%). Sin embargo, la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en los menores de nacionalidad extranjera (17,8), que en los de nacionalidad española (6,5).
En cuanto al número de infracciones cometidas, dos de cada tres menores condenados cometieron una única infracción penal y uno de cada tres realizó más de una.
En 2017 se inscribieron 23.050 infracciones penales cometidas por menores, un 4,8% más que en el año anterior. De este total, el 96,6% fueron delitos y el 3,4% faltas.
Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron lesiones (25,5% del total), robos (22,5%) y hurtos (13,4%). Entre las faltas, las más frecuentes fueron las realizadas contra las personas (62,6% del total) y contra el patrimonio (35,5%).
Por sexo, los menores varones cometieron el 80,8% de las infracciones penales y las mujeres el 19,2%. Los varones cometieron el 80,9% de los delitos y el 77,0% de las faltas.
Atendiendo a la edad, se observa que el número de infracciones cometidas aumenta con la misma. Así, las realizadas a los 17 años (30,4% del total) supusieron casi el doble que las practicadas a los 14 años (16,7%).
El 79,2% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles y el 20,8% por extranjeros (frente al 77,8% y el 22,2%, respectivamente, del año anterior).
Al igual que el año anterior, Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el Registro, con el 20,7% del total. Le siguieron Comunitat Valenciana (15,1%) y Cataluña (13,4%).
Este orden se mantuvo en el caso de menores de nacionalidad española. Sin embargo, Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (22,3%), seguida de Comunitat Valenciana (14,4%) y Andalucía (12,6%).
Las ciudades autónomas de Ceuta (35,7 por 1.000) y Melilla (18,9 por 1.000), y Baleares (11,0 por 1.000) registraron las mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes del mismo rango de edad.
Por su parte, Comunidad de Madrid (4,7), Galicia (5,0) y Castilla-La Mancha y Cataluña (ambas 6,1) presentaron los valores más bajos.
La tasa de infracciones penales cometidas por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años (según lugar de la condena) fue de 12,6 en el año 2017 en España. Las ciudades autónomas de Ceuta (60,7) y Melilla (35,9) y Baleares (19,4) registraron las mayores tasas por cada 1.000 habitantes.
Por el contrario, Comunidad de Madrid (7,4), Galicia (8,5) y Castilla-La Mancha (9,8) presentaron los valores más bajos.
En cuanto a las medidas adoptadas contra estos menores, los jueces adoptaron 22.916, lo que supuso un aumento del 6,5% respecto al año anterior. Las más frecuentes fueron la libertad vigilada (42,6% del total), la prestación en beneficio de la comunidad (15,4%) y la de internamiento en régimen semiabierto (11,6%).
MÁS INTERNAMIENTO PARA MENORES EXTRANJEROS
Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las medidas de internamiento en régimen semiabierto y de libertad vigilada recayeron con más frecuencia en menores extranjeros (16,6% y 45,5% del total, respectivamente) que en menores españoles (10,3% y 41,7%).
En cambio, los menores extranjeros incurrieron con menos frecuencia en las medidas de realización de tareas socio-educativas y de prestación en beneficio de la comunidad (8,4% y 11,9% del total, respectivamente, frente a 12,0% y 16,3% de los españoles).
Publicado
hace 2 horasen
20 mayo, 2025El nuevo reglamento simplifica trámites, introduce nuevos tipos de arraigo y abre la puerta a una regularización masiva de inmigrantes
La reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2024 entra hoy oficialmente en vigor en España. El nuevo Reglamento de Extranjería, presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tiene como objetivo simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y reforzar el enfoque de derechos humanos en la política migratoria.
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar a unas 900.000 personas en situación administrativa irregular en un plazo de tres años. Según informa El País, esta medida afectaría a quienes ya residían en territorio español antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque no ha sido presentada como una regularización masiva explícita, la flexibilización del arraigo facilitará el proceso de legalización para miles de inmigrantes.
La nueva ley unifica y redefine los tipos de arraigo, que pasan a ser cinco:
Arraigo social
Arraigo laboral
Arraigo familiar
Arraigo formativo (socioformativo)
Arraigo de segunda oportunidad
Entre los principales cambios destacan:
Reducción del periodo mínimo de permanencia en España para acceder al arraigo de 3 a 2 años.
Posibilidad de trabajar desde el primer día tanto por cuenta propia como ajena.
Los solicitantes de asilo rechazados podrán acceder al arraigo tras solo seis meses, en lugar de dos años.
Una de las medidas más polémicas del nuevo reglamento es que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no contará para acceder al arraigo. Esto deja a muchas personas en riesgo de irregularidad sobrevenida, lo que ha provocado reacciones críticas por parte de ONG y asociaciones de derechos humanos como CEAR, Cáritas, Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.
El Defensor del Pueblo también ha alertado en su informe registrado en las Cortes Generales de que esta disposición podría dejar sin cobertura a miles de menores.
El nuevo reglamento introduce varias reformas relevantes:
Visado para la búsqueda de empleo: se amplía su duración de 3 meses a 1 año.
Autorizaciones iniciales: ahora serán de 1 año y las renovaciones pasarán a ser de 4 años.
Residencia para familiares de ciudadanos españoles: se mejora la reagrupación familiar y se amplía la edad máxima de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.
Estudiantes extranjeros: podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y enlazar fácilmente con permisos de trabajo al finalizar su formación.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la nueva Ley de Extranjería como una “tomadura de pelo” y ha criticado que «la nacionalidad no puede ser un regalo ni un arma política». El partido ha registrado una iniciativa parlamentaria para endurecer la legislación migratoria, eliminando las vías de regularización a través del arraigo.
“La inmigración irregular agrava la inseguridad, precariza el empleo y colapsa los servicios públicos”, ha declarado Millán, acusando al Ejecutivo de poner en riesgo la identidad y estabilidad del país.
La entrada en vigor de esta reforma representa un cambio profundo en la gestión de la inmigración en España, con medidas que, según el Gobierno, responden a una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la controversia política y jurídica en torno a sus implicaciones prácticas podría marcar el debate migratorio en los próximos meses.
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