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Las medidas económicas anunciadas por Sánchez en su investidura

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Pedro Sánchez- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ampliar la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 o transporte público gratuito para jóvenes y desempleados son algunas de las medidas económicas anunciadas este miércoles por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

-Reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta situarla en un máximo de 37,5 horas a la semana

-Modificar la legislación del despido para incorporar el concepto del llamado «despido restaurativo», que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas que afectan al trabajador.

Impulsar la reducción de los vuelos domésticos y la «sustitución de los vuelos cortos» cuando haya alternativas de «viajes asequibles en tren» con una duración menor a dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales.

Simplificar las ayudas a la compra del coche eléctrico, para hacer las más progresivas, e impulsar una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.

Avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, con el objetivo de «remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público».

Aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y «alcanzar una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE», además de «la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto.

Prorrogar los impuestos especiales sobre la banca y a las empresas energéticas después de abordar una revisión de estos gravámenes, «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

Hacer permanente el llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros cuando no tributan en sus respectivas comunidades autónomas.

Garantizar que el SMI seguirá creciendo acompasado al 60% del salario medio.

Sánchez anuncia transporte público gratuito para jóvenes y parados y más ayudas a los hipotecados

En materia de vivienda, existe el compromiso de definir «con carácter inmediato» el índice de precios de referencia previsto en la Ley de Vivienda que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, «para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres». El nuevo Gobierno conserva el objetivo de aumentar el parque público de vivienda para situarlo en el 20% del total y se compromete de forma genérica a «revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercados tensionadas».

Reformar el Código de Buenas Prácticas en el sector financiero para aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las familias hipotecadas con el fin de llegar a un mayor número de familias, con rentas de hasta 37.800 euros al año.

Reformar el sistema de financiación autonómica. Y «mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».

— Una reforma de la legislación local, «estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera» y la aprobación de una Ley de Régimen Local «que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales».

Además, los acuerdos de investidura con ERC, PNV, Junts y BNG añaden nuevos compromisos de política económica para la investidura:

— Condonación de deuda autónomica: el acuerdo con ERC incluye que el Estado perdonará a la Generalitat 15.000 millones de la deuda adquirida contraída con el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El PSOE se ha comprometido a extender la condonación de deuda autonómica a todas las autonomías de régimen común. La medida también forma parte de los pactos acordados con el BNG.

— El traspaso de Rodalies a Cataluña negociado con ERC incluye «culminar y ampliar el traspaso integral» del servicio de cercanías a la Generalitat. Con el BNG también se ha firmado un acuerdo para que Galicia cuente con un servicio de cercanías «antes de que acabe legislatura» y que se iniciará con los trayectos Vigo-Pontevedra A Coruña -Ferrol aunque la intención es extender este servicio por más zonas del territorio.

El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años pactado con el PNV podría hacerse extensivo a Cataluña y otras ocho comunidades autónomas que también incluyen esa competencia en sus respectivos estatutos de autonomía, preservando el principio de ‘caja única’.

-La reforma del Estatuto de los Trabajadores para, en el plazo de seis meses, para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales o estatales, si ello beneficia al trabajador, es otra de las medidas negociadas con el PNV que, además, constituyó una reclamación de ERC cuando se negoció la reciente reforma laboral.

Un plan para favorecer el retorno de las empresas que desplazaron su sede fuera de Cataluña con ocasión del referendum ilegal del 1-O forma parte de los acuerdos negociados con Junts.

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RTVE amenaza con retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición

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España Eurovisión 2026
La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025. EFE/Morell.

España eleva la presión contra Israel en Eurovisión

Casi dos años después de los atentados de Hamás y del recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra Israel y ha puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la retirada de España de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la participación del país hebreo.

Eurovisión, uno de los eventos culturales más seguidos del mundo con una audiencia cercana a los 200 millones de personas en cada edición, vuelve así a convertirse en un terreno de disputa política y diplomática.

El Gobierno español exige la expulsión de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró este lunes en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe en Eurovisión». El titular de Cultura fue más allá al advertir que España podría retirarse del festival si no se consigue la exclusión.

«No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que España no debería compartir escenario «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, adoptó un tono más moderado, pero también subrayó que «algo habrá que hacer» para impedir que Israel participe en la próxima edición. López recordó que la organización del festival expulsó a Rusia tras invadir Ucrania en 2022, lo que sienta un precedente.

RTVE oficializa la amenaza de retirada

Aunque en un primer momento RTVE se limitó a responder con un «nada que decir», la corporación pública acabó confirmando la noticia en su programa de La 1 Directo al grano.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración la retirada de España de Eurovisión si Israel mantiene su presencia. «Seríamos el quinto país en acordarlo», explicó el presentador Gonzalo Miró.

Otros países europeos ya se han pronunciado

Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han condicionado su participación en Eurovisión a la presencia de Israel. Sin embargo, la posición de España podría ser decisiva, ya que forma parte del llamado big five, los cinco países que más peso tienen dentro de la UER por su aportación económica.

La presión española, unida a la de otros países, podría marcar un antes y un después en la relación entre el festival y la política internacional.

Antecedentes: RTVE ya pidió un debate interno a la UER

En abril, RTVE ya había enviado una carta a la UER para abrir un «debate interno» sobre la participación de Israel. La corporación española alegó las «preocupaciones de la sociedad civil» respecto a la ofensiva sobre Gaza.

La UER respondió que «todos los miembros son elegibles para competir», aunque reconoció estar al tanto de las «preocupaciones profundamente arraigadas» en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El papel polémico de Israel en Eurovisión

Israel participó en la última edición con la cantante Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su actuación le valió un polémico segundo puesto, con un fuerte apoyo del televoto (297 puntos) frente al escaso respaldo del jurado (60 puntos).

Este resultado provocó malestar en RTVE, que reclamó reformas en el sistema de votación y una auditoría externa para evitar posibles «interferencias».

Choque entre RTVE y la UER

Durante la segunda semifinal, los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaron en directo el elevado número de víctimas en Gaza y pidieron la paz. La UER criticó la postura y llegó a amenazar con sanciones a la cadena española.

Lejos de retractarse, RTVE reafirmó su posición con un mensaje en redes sociales: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

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