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Las medidas económicas anunciadas por Sánchez en su investidura

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Pedro Sánchez- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ampliar la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 o transporte público gratuito para jóvenes y desempleados son algunas de las medidas económicas anunciadas este miércoles por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

-Reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta situarla en un máximo de 37,5 horas a la semana

-Modificar la legislación del despido para incorporar el concepto del llamado «despido restaurativo», que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas que afectan al trabajador.

Impulsar la reducción de los vuelos domésticos y la «sustitución de los vuelos cortos» cuando haya alternativas de «viajes asequibles en tren» con una duración menor a dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales.

Simplificar las ayudas a la compra del coche eléctrico, para hacer las más progresivas, e impulsar una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.

Avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, con el objetivo de «remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público».

Aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y «alcanzar una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE», además de «la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto.

Prorrogar los impuestos especiales sobre la banca y a las empresas energéticas después de abordar una revisión de estos gravámenes, «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

Hacer permanente el llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros cuando no tributan en sus respectivas comunidades autónomas.

Garantizar que el SMI seguirá creciendo acompasado al 60% del salario medio.

Sánchez anuncia transporte público gratuito para jóvenes y parados y más ayudas a los hipotecados

En materia de vivienda, existe el compromiso de definir «con carácter inmediato» el índice de precios de referencia previsto en la Ley de Vivienda que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, «para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres». El nuevo Gobierno conserva el objetivo de aumentar el parque público de vivienda para situarlo en el 20% del total y se compromete de forma genérica a «revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercados tensionadas».

Reformar el Código de Buenas Prácticas en el sector financiero para aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las familias hipotecadas con el fin de llegar a un mayor número de familias, con rentas de hasta 37.800 euros al año.

Reformar el sistema de financiación autonómica. Y «mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».

— Una reforma de la legislación local, «estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera» y la aprobación de una Ley de Régimen Local «que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales».

Además, los acuerdos de investidura con ERC, PNV, Junts y BNG añaden nuevos compromisos de política económica para la investidura:

— Condonación de deuda autónomica: el acuerdo con ERC incluye que el Estado perdonará a la Generalitat 15.000 millones de la deuda adquirida contraída con el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El PSOE se ha comprometido a extender la condonación de deuda autonómica a todas las autonomías de régimen común. La medida también forma parte de los pactos acordados con el BNG.

— El traspaso de Rodalies a Cataluña negociado con ERC incluye «culminar y ampliar el traspaso integral» del servicio de cercanías a la Generalitat. Con el BNG también se ha firmado un acuerdo para que Galicia cuente con un servicio de cercanías «antes de que acabe legislatura» y que se iniciará con los trayectos Vigo-Pontevedra A Coruña -Ferrol aunque la intención es extender este servicio por más zonas del territorio.

El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años pactado con el PNV podría hacerse extensivo a Cataluña y otras ocho comunidades autónomas que también incluyen esa competencia en sus respectivos estatutos de autonomía, preservando el principio de ‘caja única’.

-La reforma del Estatuto de los Trabajadores para, en el plazo de seis meses, para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales o estatales, si ello beneficia al trabajador, es otra de las medidas negociadas con el PNV que, además, constituyó una reclamación de ERC cuando se negoció la reciente reforma laboral.

Un plan para favorecer el retorno de las empresas que desplazaron su sede fuera de Cataluña con ocasión del referendum ilegal del 1-O forma parte de los acuerdos negociados con Junts.

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Buenas noticias para millones de trabajadores: así será la subida salarial de los funcionarios

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El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

  • UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

  • CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

  • CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

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