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Las medidas económicas anunciadas por Sánchez en su investidura

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Pedro Sánchez- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ampliar la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 o transporte público gratuito para jóvenes y desempleados son algunas de las medidas económicas anunciadas este miércoles por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

-Reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta situarla en un máximo de 37,5 horas a la semana

-Modificar la legislación del despido para incorporar el concepto del llamado «despido restaurativo», que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas que afectan al trabajador.

Impulsar la reducción de los vuelos domésticos y la «sustitución de los vuelos cortos» cuando haya alternativas de «viajes asequibles en tren» con una duración menor a dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales.

Simplificar las ayudas a la compra del coche eléctrico, para hacer las más progresivas, e impulsar una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.

Avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, con el objetivo de «remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público».

Aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y «alcanzar una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE», además de «la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto.

Prorrogar los impuestos especiales sobre la banca y a las empresas energéticas después de abordar una revisión de estos gravámenes, «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

Hacer permanente el llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros cuando no tributan en sus respectivas comunidades autónomas.

Garantizar que el SMI seguirá creciendo acompasado al 60% del salario medio.

Sánchez anuncia transporte público gratuito para jóvenes y parados y más ayudas a los hipotecados

En materia de vivienda, existe el compromiso de definir «con carácter inmediato» el índice de precios de referencia previsto en la Ley de Vivienda que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, «para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres». El nuevo Gobierno conserva el objetivo de aumentar el parque público de vivienda para situarlo en el 20% del total y se compromete de forma genérica a «revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercados tensionadas».

Reformar el Código de Buenas Prácticas en el sector financiero para aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las familias hipotecadas con el fin de llegar a un mayor número de familias, con rentas de hasta 37.800 euros al año.

Reformar el sistema de financiación autonómica. Y «mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».

— Una reforma de la legislación local, «estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera» y la aprobación de una Ley de Régimen Local «que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales».

Además, los acuerdos de investidura con ERC, PNV, Junts y BNG añaden nuevos compromisos de política económica para la investidura:

— Condonación de deuda autónomica: el acuerdo con ERC incluye que el Estado perdonará a la Generalitat 15.000 millones de la deuda adquirida contraída con el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El PSOE se ha comprometido a extender la condonación de deuda autonómica a todas las autonomías de régimen común. La medida también forma parte de los pactos acordados con el BNG.

— El traspaso de Rodalies a Cataluña negociado con ERC incluye «culminar y ampliar el traspaso integral» del servicio de cercanías a la Generalitat. Con el BNG también se ha firmado un acuerdo para que Galicia cuente con un servicio de cercanías «antes de que acabe legislatura» y que se iniciará con los trayectos Vigo-Pontevedra A Coruña -Ferrol aunque la intención es extender este servicio por más zonas del territorio.

El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años pactado con el PNV podría hacerse extensivo a Cataluña y otras ocho comunidades autónomas que también incluyen esa competencia en sus respectivos estatutos de autonomía, preservando el principio de ‘caja única’.

-La reforma del Estatuto de los Trabajadores para, en el plazo de seis meses, para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales o estatales, si ello beneficia al trabajador, es otra de las medidas negociadas con el PNV que, además, constituyó una reclamación de ERC cuando se negoció la reciente reforma laboral.

Un plan para favorecer el retorno de las empresas que desplazaron su sede fuera de Cataluña con ocasión del referendum ilegal del 1-O forma parte de los acuerdos negociados con Junts.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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