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Monzó (PP): «Ribó vuelve a dar subvenciones a sus amigos por valor de 22.000 euros»

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El portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, ha criticado la aprobación en la Junta de Gobierno Local, que se celebra este viernes, “de dos subvenciones a entidades afines como son “Ca Revolta” y a la Instiutució “Ignasi Villalonga,” por un total de 22.000 euros”.

Monzó ha destacado que “hace unos meses desde Alcaldía ya se aprobaron, también, otras ayudas directas para las mismas entidades y por los mismos importes, 10.000 euros para Ca Revolta y 12.000 € para la Asociación Institución Económica y Empresarial Ignasi Villalonga,” y también ha recordado que “esta última es una entidad vinculada a movimientos defensores de la entelequia de los países catalanes.”

En este sentido el edil popular ha calificado como “muy poco serio el proceder del tripartito a la hora de repartir el dinero de los valencianos,” ya que, como ha afirmado el edil popular, “los criterios utilizados en el otorgamiento de subvenciones directas son totalmente arbitrarios, y en absoluto responden a las necesidades de los valencianos, sino a razones de amiguismo”.

Por ello, ha afirmado Monzó, “otras entidades se han quedado sin ayudas, como es el caso de Lo Rat Penat, o la Asociación de Jóvenes Empresarios, o la cantidad destinada al Convenio con el Colegio de Abogados, para la prestación del Servicio de Intermediación Hipotecaria…”.

Monzó ha recordado que “este Grupo municipal ya denunció que el tripartito cerró el 2016 repartiendo cerca de 100.000 € en subvenciones municipales a entidades afines”, y ha concluido diciendo que “todo indica que este año será mucho peor y todavía nos costará más dinero a los valencianos, puesto que estamos en febrero y ya se ha aprobado la primera modificación del Anexo de aplicaciones presupuestarias con subvenciones nominativas”.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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