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Valencia

Benavent no acude al juicio, le llaman y dice que irá más tarde y empiecen sin él

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El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

Sigue toda la actualidad del juicio de Imelsa desde Official Press:

València, 31 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El exgerente de Imelsa Marcos Benavent no ha comparecido al inicio de la sesión de este martes del juicio en la Audiencia de Valencia por el caso Imelsa, que comenzaba a las 9.30 horas, a pesar de que no ha pedido autorización para ausentarse ni se le ha concedido.

Al inicio de la sesión, en la que está prevista la declaración del ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, entre otras, el juez ha preguntado a su abogado por el paradero de Benavent, y ha recordado que los siete acusados que no se han conformado tienen que asistir diariamente al juicio.

A las 10.15 horas, el juez ha pedido el teléfono de Benavent y se ha contactado con él, que ha manifestado que va a acudir y que comience el juicio sin él y se incorporará más tarde, por lo que se ha procedido a iniciar la declaración de Caturla.

Además, en el primero de los juicios del caso Imelsa, cuya sentencia fue hecha pública la semana pasada, se le ha condenado a siete años y diez meses de prisión.

En esta pieza del caso Imelsa, que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, el fiscal reclama para él una condena de nueve años y seis meses, al apreciar arrepentimiento.

El letrado del autodenominado «yonqui del dinero», que sustituye al abogado Juan Carlos Navarro, titular de la defensa, ha dicho que su compañero le pidió anoche por WhatsApp que le sustituyera en la sesión del juicio de este martes, y que desconocía que Benavent no iba a presentarse.

Asimismo, ha asegurado que, al no verle a la hora a la que estaba citado, ha enviado un mensaje al exgerente de Imelsa, del que no ha obtenido respuesta.

«No se puede hacer uso del juicio a gusto de consumidor», ha criticado el juez, que ha recordado que los acusados tienen obligación de comparecencia diaria en las diferentes sesiones del juicio, a no ser que hayan reclamado autorización para ausentarse y se les haya concedido al encontrarla justificada.

Directora de personal de Imelsa: «Rotundamente no» había personal que no trabajara

La directora de Gestión de Personas y Conocimiento de Imelsa, María Escrihuela, ha negado haber «tapado» a personas que cobraban sin ir a trabajar en esta empresa pública, y ha destacado que «rotundamente no» había personal «zombi» y que, si hubiera sabido o sido informada de su existencia, habría dimitido.

Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio de la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en la que ha asegurado que, si hubiera querido ocultar la existencia de trabajadores «zombis» «no habría puesto un sistema de fichaje biométrico» en la compañía, como hizo.

Durante la sesión, ha contestado a las preguntas de todas las partes, incluyendo las de los letrados de las otras defensas.

Escrihuela, a preguntas de la Fiscalía sobre los métodos de control de horarios que se seguían en Imelsa, ha destacado que, cuando se incorporó a la empresa pública, el sistema de fichaje que se utilizaba consistía «en unas hojas Excel en las que los trabajadores escribían sus turnos».

«Pensé que eso no era un control», ha destacado la exdirectora de Personal, que ha asegurado que intentó poner un sistema más exhaustivo con la puesta en marcha de un aparato físico de control biométrico en la sede central de Imelsa, pero ha indicado que el fichaje por este medio se limitaba solo a los trabajadores administrativos que tenían un puesto físico en esta sede.

Ha reconocido que «no había ningún tipo de control aproximadamente para 600 personas», es decir, para los brigadistas forestales y las personas que, aun dependiendo de Imelsa, trabajaban físicamente en la Diputación de Valencia, que fichaban con un USB en su ordenador, ya que la corporación ya tenía su propio programa de fichaje y, por tanto, no permitió que se incorporara el de la empresa pública.

«Si en algún momento yo pretendía tapar al personal que no iba a trabajar habría seguido con las hojas Excel, no habría puesto un control biométrico», ha considerado, y ha añadido: «Se dice que los asesores no fichaban, pero es que no fichaban 600 personas de la empresa».

«SI EL PERSONAL NO HUBIERA TRABAJADO, HABRÍA DIMITIDO»

Preguntada sobre si había trabajadores contratados que no fueran a trabajar, ha dicho que «rotundamente no», y ha asegurado que si alguien hubiera denunciado esta situación, «habría abandonado mi puesto de trabajo», y ha añadido que cuando le hicieron responsable del servicio de ‘call center’, «en el momento» en que detectó una irregularidad de contrato, dimitió.

Escrihuela, para la que la Fiscalía pide penas de seis años de prisión e inhabilitación especial por tiempo de seis años, ha asegurado que la contrataron el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y el -hasta su llegada- director de Recursos Humanos, Enrique Grau.

Ha añadido que Enrique Grau había sido el director de Recursos Humanos hasta su llegada, durante «diez o doce años» y explicado que, cuando ella se incorporó, él asumió «la dirección jurídicolaboral» porque sabía «más de la legislación porque era licenciado en derecho y conocía más la empresa».

Asimismo, ha insistido en que no tenía poderes para realizar contrataciones, y que las personas que sí los tenían «estaban físicamente más cerca» de ella pero dependían en parte de ella y en parte de Grau.

Sobre las contrataciones, ha dicho que a su llegada no había un catálogo de puestos de trabajo, ha explicado que hizo un manual con la descripción de estos y ha asegurado: «nunca vi nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a nada».

En cuanto a si conocía que había asesores en el Consejo de Administración, ha dicho que lo sabía y que consultó la legalidad de esa figura con Enrique Grau, que «no le veía ningún problema jurídico».

Rus niega haber contratado «jamás» a trabajadores «zombis» en Imelsa

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, ha dicho que «jamás» dio orden de contratar a trabajadores «zombis» en la empresa pública Imelsa, de cuya gestión se encargaba el consejero delegado y no él.

Rus se enfrenta a su primer juicio por las diferentes piezas del caso Imelsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él y dos de sus más estrechos colaboradores una condena de 12 años de prisión por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad.

Durante su declaración en el juicio, en el que se investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado, en una declaración que ha durado poco más de 20 minutos.

Ha dicho que «jamás» ordenó que se contratara ni a Miguel Angel Mullor, futbolista del Olímpic de Xàtiva, club presidido por Rus; ni Eva Luisa Sarrión, ama de casa y en paro con problemas económicos, natural de Xàtiva, ni a Ángel Ramón Sanchís, amigo personal de Rus y desempleado».

Todos ellos están acusados en esta pieza por haber si contratados en Imelsa por orden de Alfonso Rus, sabedores que no iban a desempeñar ningún trabajo. Tanto Mullor como Sarrión han reconocido los hechos durante el juicio.

Rus ha afirmado que durante los años que presidió la Diputación de Valencia, entre 2007 y 2015, trabajaba desde las 9 hasta las 21.30 horas y quienes trabajaban con él o trabajaban como él «o a la calle».

Ha explicado que el cargo de presidente de la Diputación lleva implícito ser presidente también del consejo de administración de las empresas publicas, como Imelsa, pero ha dicho que todas sus atribuciones estaban cedidas al diputado responsable.

Sobre Benavent: era «un fenómeno»

Sobre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, también acusado en la causa, Rus ha afirmado que lo nombró el consejo de administración de la empresa a propuesta del PP, y ha defendido que era «un fenómeno» al que «hasta la oposición le hacía la ola».

Ha señalado que el 22 de diciembre de 2014 en un cena del grupo, Benavent le dijo que quería dejar el cargo porque «se encontraba mal y estaba desbordado», y le pidió que lo despidiera para poder cobrar el despido y el paro.

«Le dije que no», ha explicado el exreponsable de la Diputación, quien también ha señalado que cuando llegó el nuevo gerente le comunicó algunas irregularidades y Rus le dijo que actuara, pero ha precisado que no era él quien decidía cómo actuar, sino que era competencia del diputado responsable.

Rus ha destacado que cuando llegó a la institución provincial redujo las cantidad para poder contratar directamente de 200.000 a 50.000 euros, y sobre una factura de 49.900 euros por un servicio no realizado en Llutxet, ha dicho que se mandó a la Fiscalía.

Sobre la contratación del futbolista Miguel Angel Mullor, ha dicho que fue él quien lo fichó para el Olímpic, un equipo en el que, según ha dicho, todo se pagaba por el banco. «Eso de los sobres lo tendrán que demostrar», ha manifestado.

Sobre si pidió que contratara a personas en Ciegsa, empresa dependiente de la Conselleria de Educación, ha señalado que él no tenía ninguna capacidad de decisión en este organismo, y ha apuntado que pudo haber recomendado a alguien si necesitaban gente, pero luego tiene que pasar los procesos necesarios.

Tras Alfonso Rus, ha declarado su exjefe de gabinete Emilio Llopis, para quien también se piden 12 años de prisión, quien ha dicho que nunca dio orden de contratar a nadie porque no entra dentro de sus competencias.

Asimismo, ha dicho que los asesores realizan trabajo de campo, por lo que no tienen por qué estar en un lugar de trabajo concreto sino donde les digan los consejeros, y ha indicado que nadie controlaba el horario de los asesores.

 

Rus sobre la condena a Benavent: «Ya se apañará. Quien la haga que la pague»

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus han afirmado el pasado miércoles sobre la condena al exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, que «ya se apañará».

«Yo siempre he dicho que quien la hace que la pague», ha señalado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se celebra la tercera sesión del juicio contra él y otros dirigentes por la contratación de personal en empresas públicas que supuestamente no acudía a su puesto de trabajo, sino que desempeñaba otras funciones.

Tras afirmar que no ha leído la sentencia, pues ya tiene bastante con lo suyo, Rus ha confiado en poder declarar este miércoles y ha considerado que ya lleva «demasiados días» esperando.

Benavent ha sido condenado por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a siete años y 10 meses de prisión, en el primero de los juicios del caso Imelsa, en el que el PP -responsable civil- y el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina han quedado absueltos.

València, 23 ene. En el inicio del juicio por el Caso Imelsa, diez acusados de cobrar sin trabajar han admitido los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción y han admitido que fueron contratados en las empresas públicas Ciegsa (Generalitat) e Imelsa (Diputación de València), según ha adelantado la Fiscalía Anticorrupción, con quien los diez acusados han alcanzado una conformidad.

Alfonso Rus a juicio

Los abogados defensores del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y del exgerente de Imelsa Marcos Benavent han cuestionado este lunes, en la primera sesión del juicio por supuestos trabajadores en empresas públicas, las grabaciones que dieron origen al caso.

En el momento de las cuestiones previas, el letrado de Rus, Emilio Pérez, ha pedido que se incorpore a la causa un informe pericial de los «artefactos informáticos» que dieron origen al caso Imelsa y que fue realizado, según ha explicado, el pasado diciembre.

Según ha detallado este letrado, se trata del análisis de dos lápices de memoria, uno de color blanco y marca Kingston aportado por la entonces diputada -hoy consellera- Rosa Pérez Garijo y otro de color rojo y marca Itenso aportado por el exsuegro de Benavent, Mariano López.

El ‘yonqui del dinero’

También del ordenador de López en el que supuestamente volcaba las grabaciones Marcos Benavent, según admitió este en sus primeras declaraciones -aunque luego se desdijo y aseguró que manipulaba esas grabaciones- , y del que se extrajeron los contenidos de ambos lápices de memoria.

El letrado de Rus ha pedido que no se tengan en cuenta estas grabaciones porque «no se ha acreditado judicialmente el volcado del primer USB y por lo tanto no está legalizado».

«Nuestro informe pericial dice que ambos fueron manipulados un día antes de ser entregados al fiscal, y el ordenador de origen está vacío. O nunca ha tenido información o ha sido robada de forma profesional», ha asegurado Emilio Pérez.

El tribunal ha admitido dicho informe, cuyo autor tendrá ocasión de intervenir en el juicio, al igual que un especialista de la UCO cuya presencia ha sido solicitada por el fiscal.

Las grabaciones

Por el contrario, no se ha admitido la nulidad de dichas grabaciones, tal y como había solicitado el letrado de Rus y el de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro.

En su turno de palabra, el fiscal ha defendido la legalidad de ambas memorias: «Ninguna de las dos está manipulada y Marcos Benavent avaló esas grabaciones».

Un debate similar se produjo el pasado mes de junio, al inicio de la celebración de otro de los juicios del caso Imelsa, contra Benavent y otras ocho personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, por delitos de prevaricación, malversación, falsedad, fraude en la contratación, blanqueo y cohecho.

En aquel juicio, cuya sentencia todavía no se conoce, la defensa de Benavent ya puso en tela de juicio la validez de dichos audios, toda vez que el exgerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero» cambió de letrado y dejó de colaborar con la justicia y autoinculparse para defender que había manipulado las grabaciones.

Al igual que en el primer juicio de esta macrocausa, celebrado el pasado mes de junio, en este también se escucharán, previsiblemente a partir de este martes, el testimonio de una decena de procesados que, según ha anunciado el fiscal, han admitido los hechos a cambio de una reducción de las peticiones de pena por parte del fiscal.

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Valencia

Villarejo mantiene que la causa contra Eduardo Zaplana fue un montaje

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El juicio a Eduardo Zaplana
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado del caso Erial, en el que declarará como testigo más adelante. EFE/Jordi Ferrer

Sigue desde Official Press el juicio a Eduardo Zaplana:

València, 26 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).-El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado que lleva el caso Erial y en el que será llamado a declarar como testigo más adelante y ha mantenido ante los medios de comunicación que la verdad «es la verdad» al ser preguntado si sostiene que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

Villarejo estaba citado por el juzgado pero finalmente no se le ha podido tomar declaración y seguramente será convocado para otro día, según ha explicado a su salida de la Ciutat de la Justícia de València tras charlar con Eduardo Zaplana, quien le ha saludado y agradecido que haya acudido al juzgado.

Sobre si piensa que el caso Erial es un montaje contra el expresident de la Generalitat y exministro, ha manifestado que por respeto al tribunal prefiere no pronunciarse hasta su declaración, pero ha afirmado a continuación: «La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga el porquero».

El comisario jubilado dijo en una comisión de investigación en el Congreso que el caso Zaplana fue una operación del CNI. Aseguró, a preguntas del diputado valenciano del PP Luis Santamaría: «Había un interés, no sé por qué, en destruir al señor Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas».

Al respecto, este viernes ha comentado que cuando declare dirá la verdad «como siempre» a partir de su experiencia, aunque la gente se queje y diga que miente, y ha añadido que nadie le ha probado la falsedad de sus afirmaciones.

También ha asegurado que no sigue el juicio contra Zaplana y que tiene más de cuarenta causas pendientes, si bien ha señalado que sigue creyendo en el Estado de Derecho porque, si no, «es un caos».

El testaferro uruguayo envió 2,3 millones en efectivo a la secretaria de Zaplana en 8 años

El abogado uruguayo y testaferro confeso del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, Fernando Belhot, ha asegurado en el juicio del caso Erial que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo, a través de cambistas, a la secretaria personal de Zaplana, Mitsuoko Henríquez, en ocho años.

«Una vez producida la operación -Zaplana- me llamaba y me decía que los documentos habían llegado, que estaba todo correcto», ha explicado Belhot en una declaración realizada por videoconferencia desde Montevideo (Uruguay) en el juicio sobre la supuestas «mordidas» por las adjudicaciones de las ITV valencianas y los parques eólicos.

Este especialista en finanzas internacionales ha explicado al juez que viajaba cada tres o cuatro meses a Madrid y que se entrevistaba con Zaplana para rendir cuentas de unas operaciones que se realizaban sin que mediase contrato u orden escrita alguna.

«Yo llevaba extractos de las operaciones, se los mostraba y él normalmente los destruía. Alguna vez me pidió una copia para mostrárselo a Grau -el supuesto contable de la trama-, pero la destruía después también, era muy cuidadoso, no quería tener nada en su poder que lo vinculase a esos activos», ha explicado Belhot.

Sobre el regreso de fondos a España, ha apuntado: «el procedimiento no era muy ágil, se podía demorar un mes o dos, pero era la única forma de hacer llegar dinero ‘vivo’, que era lo que quería el señor Zaplana», ha agregado este letrado, uno de los testigos claves de la Fiscalía, puesto que entregó a la justicia española 6,7 millones de euros que estaban depositados en Suiza titulados por una sociedad uruguaya y que eran propiedad, según ha asegurado, del exministro.

Este letrado uruguayo ha apuntado que Zaplana le pidió que no invirtiese parte de los fondos que gestionaba, que los mantuviese líquidos. «Yo le decía que eso no era rentable y además era peligroso, porque el dinero corría la suerte del banco. En cambio, si se invierte en valores la suerte del banco no nos afecta».

«Él -Zaplana- me decía que necesitaba dinero para sus gastos personales. Recuerdo que el pobre tuvo un problema de salud importante y que estaba pensando en realizarse un trasplante de médula en Nueva York, aunque luego creo que lo hizo en Valencia».

La comisión por los servicios prestados por Belhot era del 0,75 % anual del patrimonio administrado, más un bonus por rentabilidad o ganancias al término de ese ejercicio, pero asegura que nunca lo retiró, sino que lo dejaba contabilizado y «engrosando el capital administrado».

Preguntado por cómo contactó Zaplana con el, Belhot ha asegurado que el expresident le dijo que un amigo suyo de la infancia, «Pachano» -alias con el que se conoce al testaferro confeso de Zaplana Joaquín Barceló-, tenía estructuras económicas en España y en el extranjero y me pidió opinión».

«Hubo una reunión a la que asistieron Zaplana, Francisco Grau, Barceló y yo. Sobre las empresas españolas no opiné, pero las luxemburguesas dije que no era lo óptimo, que Uruguay ofrecía mejores condiciones… protección a las inversiones, uno de los mejores secretos bancarios del mundo y menos impuestos. En Uruguay hace 15 años el titular de la cuenta no aparecía en ningún momento».

«Grau mostró discrepancias a pasar fondos a sociedades uruguayas, imagino que perdía protagonismo o control de esos activos», ha agregado este letrado, que ha insistido en que sus acuerdos con Zaplana para la gestión de sus fondos fueron verbales.

«En principio se me dijo que el dinero era de Barceló, pero fui comprobando que quien tenia poder de decisión, quien siempre era consultado por Barceló y Grau era Zaplana, el verdadero ‘decisor’, y con el tiempo él me manifestó que era el dueño de la gran mayoría de esos activos y que no quería hacerlo público por su exposición, porque era miembro de un partido importante en España, por su carácter de empresario vinculado a la asesoría o actividades de lobby».

«Zaplana era extremadamente cuidadoso, en 9 años nunca me envió un solo correo, siempre hablamos por móvil, nunca por escrito», o a través de su secretaria.

Este abogado ha asegurado que fue Zaplana quien le puso en contacto con Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, para que liquidase Imison (Luxemburgo) y traspasase los activos de esta empresa (cerca de 8 millones de euros) a Disfey, una firma uruguaya con cuenta en Suiza.

A preguntas del abogado de Zaplana, Belhot ha negado que su confesión haya estado condicionada a su exoneración en este proceso.

«Nunca en 9 años que conocí a Zaplana pensé que podría haber incurrido en los actos de los que se le acusa. Siempre me dijo que era dinero legítimo pero no declarado. Contra mi no podía haber nada, en Uruguay los actos de evasión fiscal no son delito y yo no he obtenido nada de forma ilícita», ha dicho.

La defensa de Zaplana le ha preguntado cómo es posible que con tres o cuatro reuniones y sin documentos gestionase los fondos que supuestamente pertenecían a Zaplana, a lo que éste ha respondido que «había confianza, creo que entendió que la estructura de Luxemburgo no era la ideal y era costosa para él».

«De todas formas es una muy buena pregunta para hacer a Zaplana -ha agregado Belhot- el asesoramiento que se le brindó fue suficientemente convincente para que cambiase su estructura. Además habló con García Paesa y ella no se opuso».

«Ella -García Paesa- me dijo que el propietario de los fondos era Zaplana, que tenía a Barceló como administrador, pero que sabía que no era el verdadero beneficiario. Ella entendía que quien manejaba los fondos era Zaplana», ha agregado.

Preguntado por si le dijo Zaplana qué hacer con esos fondos si le sucedía algo, Belhot ha apuntado que sí. «Recuerdo una ultima conversación antes del trasplante, me dijo que ante la posibilidad de que le pasara algo me pedía que entrase en contacto con su hija mayor, que no sabía nada de esto pero que él lo hablaría con ella. Afortunadamente no tuve que hacerlo pero tenía el móvil de ella», ha concluido.

Zaplana pide volver a declarar y niega su amaño con Cotino: «Nos llevábamos fatal»

Zaplana pide volver a declarar y niega su amaño con Cotino: «Nos llevábamos fatal»El exministro y expresident de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana ha negado este miércoles que participase en el amaño de las ITV valencianas junto con el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, y que obtuviese remuneración alguna por su parte porque «se llevaba fatal» con él.

El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado este miércoles de nuevo la palabra a Zaplana para que respondiese a otro de los procesados, su exjefe de gabinete Juan Francisco García, que ha vuelto a declarar en calidad de representante jurídico de la firma Dobles Figuras Consultores.

Aprovechando la presencia de García en el estrado, el fiscal le ha vuelto a preguntar por la operativa corrupta que describió este acusado para el amaño del concurso de la privatización de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat Valenciana.

El que fue jefe de gabinete de Zaplana y presidente de aquella mesa de contratación ha vuelto a explicar que fue Juan Cotino, en una reunión en la que también estuvo presente Zaplana, quien le mostró su interés en el amaño.

El fiscal ha preguntado concretamente si Zaplana y Cotino tomaron esa decisión, a lo que el acusado ha respondido de forma afirmativa. «Los tres estuvimos al corriente del proceso que se inició en ese momento», ha añadido.

El abogado de Zaplana, Daniel Campos, ha protestado al tribunal porque, a su juicio, únicamente se deberían admitir las cuestiones relacionadas con la firma Dobles Figuras, de la que es titular Juan Francisco García, pero el presidente no solo ha permitido todas las preguntas sino que también ha ofrecido a este letrado la posibilidad de volver a interrogar al exministro.

De este modo, Zaplana ha asegurado que jamás habló con Juan Cotino de este asunto y que «si la acusación da tanta importancia a sus agendas», en ellas se podrá comprobar que no hay en esa fecha, a finales de 1997, «ninguna reunión en la que estuviese con Juan Francisco García y con Juan Cotino».

«Hay un elemento de prueba público y notorio. No lo dije porque no me siguió preguntando el fiscal, pero dije que mi relación con Cotino era limitada, no era excesiva. A partir de 2003 no tuve ninguna. Nos llevábamos fatal, rompí relaciones con el Gobierno de (Francisco) Camps. Aquello fue un episodio bárbaro desde el punto de vista político y mediático. Es por todos conocido», ha agregado.

A continuación, ha señalado: «Cuando Cotino se encarga de hacerme llegar una remuneración -según declaró ayer García- no sé por qué, yo no tenía ninguna relación con él. No fue hasta que salí de prisión, en 2018, cuando recuperé una sintonía que había tenido previamente. Pero entre 2003 y 2018 no tuvimos una sola conversación, y a Vicente Cotino (su sobrino) no le conozco».

Los empresarios procesados en el caso Erial niegan cualquier vínculo comercial con Zaplana

Los empresarios del sector inmobiliario y hotelero procesados en el caso Erial han negado este miércoles haber mantenido ningún vínculo comercial con el expresident y exministro con el PP Eduardo Zaplana ni haber contribuido a ocultar su patrimonio real, como sospechan el fiscal y los investigadores.

La sexta sesión del juicio ha dado por concluida la fase inicial de toma de declaración de los quince procesados, de modo que a partir del viernes empezarán a comparecer los testigos citados, en primer lugar los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El empresario del sector hotelero y propietario de cinco salones de peluquería a los que solía acudir Zaplana, Pedro Romero, está acusado de un delito de blanqueo de capitales por el cual se le pide una condena de cinco años de prisión.

Según documentos intervenidos en la causa, una mercantil supuestamente propiedad de Zaplana era partícipe de forma oculta en sociedades inmobiliarias de Romero que fueron adjudicatarias de fincas anexas a Terra Mítica (y en las que se construyó el complejo hotelero Asia Gardens), en Benidorm.

El «marido engañado»

Preguntado sobre este extremo, Romero ha lamentado: «Soy como el marido engañado, el último que se entera, no sabía nada de esto».

En su opinión, las cartas fiducia intervenidas por la UCO (a Francisco Grau, supuesto contable de Zaplana) en las que se hace constar que la mercantil Costera del Glorio (administrada por Barceló pero supuestamente propiedad de Zaplana) era propietaria de parte de sus sociedades «no son ciertas y no hubiesen tenido ningún recorrido».

Sobre el hecho de que aparezcan sus datos personales en esas cartas fiducia ha apuntado: «Creo que alguien quiso mediar en la venta de nuestro hotel (Asia Gardens), que jamás ha estado en venta. Lo que sí salió a subasta fue la deuda que teníamos con Bankia, que la compró un fondo buitre».

Posteriormente, a preguntas de su abogado ha señalado: «No puedo llamar amigo a Zaplana, en todo caso conocido, un cliente distinguido como muchísimos de cualquier ámbito que teníamos en los salones; no he estado en su casa ni él en la mía, no he estado en un restaurante con él, no he colaborado jamás para ocultar parte de sus bienes, por Dios… Jamás».

Cartas fiducias y pagos en metálico

El promotor francés Robert Bataouche, propietario de los áticos que, según el sumario del caso, trató de comprar Eduardo Zaplana a través de sus testaferros ha asegurado que jamas negoció nada con el exministro, sino con el amigo personal de éste Joaquín Barceló, que actuaba en calidad de administrador de las sociedades Costera del Glorio y Medlevante.

El precio pactado de los referidos áticos en documentos oficiales fue de 812.000 euros, pero el fiscal le ha mostrado un documento privado intervenido en la investigación en el que se indica «ático Zaplana» y un precio de 1,2 millones de euros.

Sobre este papel ha dicho que no es suyo, «sino de la comercializadora» de esos inmuebles, y ha negado que percibiese esa diferencia en efectivo.

Preguntado por una reunión en Madrid en la que conversó sobre estos áticos con Zaplana, Bateouche ha explicado que quiso «encontrar una solución» al proceso de embargo bancario al que estuvieron sometidos esos áticos tras la crisis de 2008 y que el exministro intervino por si podía intermediar con el Santander.

El empresario Ángel Salas intervino en la red de empresas que constan en el sumario de Erial en una operación de venta de unas parcelas en Villajoyosa. El fiscal le ha preguntado por una carta fiducia en la que se expone la participación de un socio, cuyo nombre no se revela, en una sociedad en la que él tiene participación, pero este procesado ha negado conocer la existencia de ese documento.

Relación personal afectiva

La exdiputada del PP en Les Corts y amiga de Eduardo Zaplana, Elvira Suanzes, que está acusada de blanqueo, ha negado haber mantenido ningún vínculo comercial o de negocios con las personas físicas o jurídicas de esta causa. «No conozco a nadie que viva en Andorra ni tengo nada que ver con ese país», ha declarado.

Suanzes ha admitido que mantiene una «relación personal afectiva» con Eduardo Zaplana, que conoce a Joaquín Barceló «desde hace más de 20 años» y que su única motivación en los contactos que mantuvo con él (dos correos y tres whatsapp, ha insistido) se debía a que su hermano Saturnino estaba asesorándole con un problema relacionado con una cuenta bloqueada en la banca andorrana BPA.

Su hermano Saturnino Suanzes, procesado que se defiende a sí mismo en esta causa -acusado de blanqueo, se enfrenta a cinco años de prisión-, ha negado haber actuado de intermediario de Zaplana con varios de sus supuestos testaferros.

Ha admitido que trató de ayudar a Barceló con el bloqueo de una de sus cuentas en Andorra, pero que nunca le facturó, ni a él ni a Zaplana, por asesoramiento alguno.

Las dos nuevas confesiones escuchadas este martes en la quinta sesión del juicio por el caso Erial han avalado la existencia de amaños y comisiones ilícitas o «mordidas» en el proceso de privatización de las ITV valencianas y, en consecuencia, han debilitado la defensa del expresident y exministro Eduardo Zaplana.

 

El empresario y acusado en el caso Erial Vicente Cotino, a su llegada al juicio, en una imagen de estos días. EFE/Biel Aliño

Atribuyen a Juan Cotino la responsabilidad

Vicente Cotino ha señalado que su tío Juan le dijo en 2005 que había que pagar el acuerdo alcanzado años antes para predeterminar la contratación pública de las ITV, pactada a favor de una de las empresas de su grupo.

«Me dijo que Imison Internacional -empresa constituida en Luxemburgo con 640.000 euros llevados en mano por Juan Cotino cuando era director general de la Policía- era para el acuerdo al que se había llegado en 1997.

Cuando le pregunté para quién era -ese dinero-, me dijo que continuase yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado», ha declarado.

Según ha descrito, el pago final de esa mordida se realizó mediante la transmisión de la sociedad luxemburguesa en favor de otras dos firmas -Imison y Fenix- que fueron puestas a nombre de Juan Francisco García -ex jefe de gabinete de Zaplana- y Joaquín Barceló -amigo de la infancia del exministro-.

Una mordida del 30 %

La transmisión se hizo en 2005, una vez vendida la sociedad que gestionaba las ITV y obtenidas las plusvalías, y «el precio pactado fue del 30 %», ha explicado Vicente Cotino en el juicio.

«(Juan Cotino) Me dijo que, una vez cerrada la venta -de la sociedad gestora de las ITV- y el dinero estuviese en Luxemburgo, hablase con Juan Francisco García», ha detallado este investigado, que ha admitido que fue Beatriz García Paesa (sobrina del espía Francisco Paesa) la que hizo todas estas gestiones en Luxemburgo.

Esta versión casa con la expuesta por Juan Francisco García, que fue director del gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana y que este martes ha explicado al tribunal que fue Juan Cotino quien le manifestó su interés por esa privatización, en un conversación en presencia de Zaplana.

También ha admitido que fue Cotino, una vez cerrada la adjudicación (en 1997), quien le ofreció un 30 % de los beneficios de la operación (las plusvalías que obtuvo Sedesa con la venta de la firma adjudicataria de la gestión de las ITV), que finalmente obtuvo en 2004 con la transmisión de la titularidad de una empresa radicada en Luxemburgo (Fenix) constituida años antes por los Cotino.

«Alguien» puso a García como beneficiario de la mordida

García, que no ha relacionado en ningún momento a Eduardo Zaplana con la titularidad real de esos fondos obtenidos como comisión ilícita, ha asegurado: «Alguien le diría a Cotino que (Joaquín) Barceló y yo debíamos ser beneficiarios de esas sociedades».

El jefe gabinete en Presidencia del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, durante el juicio del caso Erial. EFE/Manuel Bruque

En la sesión de este martes también han declarado como investigados el expresident de la Generalitat José Luis Olivas (PP), el empresario Francisco Pérez «El Gasofa», la que fue secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y el empresario Carlos Rodríguez.

Los dos empresarios han negado haber recibido dinero en efectivo de Eduardo Zaplana, tal y como sostiene el fiscal, para pagar el alquiler de yates vacacionales.

Henríquez ha asegurado que solía ir a sacar dinero de cuentas de Zaplana para «pagar gastos o recoger alguna prueba médica» y que también hizo gestiones similares para conocidos del exministro, como Joaquín Barceló, si bien ha negado igualmente las acusaciones de blanqueo que pesan sobre ella.

Olivas, que ya fue condenado por falsedad y delito fiscal por un pago de medio millón de euros recibido por Sedesa por la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55 %), Sedesa (25 %) y Bancaja (20 %)- a Iberdrola, ha sostenido que ese pago fue por su intermediación en la venta, no por el supuesto amaño de los planes eólicos valencianos.

El supuesto contable de Zaplana dice que al testaferro Barceló «le obligaron a confesar»

València, 11 abr (EFE).- Francisco Grau, el considerado contable o gestor de la supuesta trama corrupta del caso Erial, por la que también se juzga al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha declarado este jueves que el testaferro Joaquín Barceló, amigo de ambos, le dijo ayer que le «obligaron a confesar».

En la cuarta sesión del juicio del caso Erial, por las supuestas «mordidas» en las adjudicaciones de las ITV valencianas y parques eólicos, Grau ha negado que entregase cinco millones de euros en efectivo a Barceló para que los llevase a Andorra, como explicó ayer el testaferro confeso.

Grau es abogado, asesor fiscal y profesor de Economía en la Universidad de Alicante (fue suspendido, aunque hoy ha dicho que le «tocó jubilarse» cuando fue detenido).

Los investigadores del caso le atribuyen una participación esencial en la estructura societaria diseñada para el retorno a España de fondos ilícitos. Al igual que Joaquín Barceló y Zaplana, pasó cerca de nueve meses en prisión preventiva y el fiscal pide para él una condena de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo.

Preguntado por el fiscal por si tiene alguna explicación de por qué dijo ayer Barceló que era testaferro de Zaplana y le atribuyó (a Grau) el papel de contable de la trama corrupta ha contestado: «Es una espada de Damocles la que tenemos con la petición de cárcel que ha hecho usted».

«Barceló y yo estuvimos unos meses en una misma celda, sabemos lo que se sufre, además sabemos lo que se sufre cuando estás solo, porque yo luego me fui (a la prisión) de Alicante y él se quedó (en Picassent). En diciembre -2018- me dijo que él no iba a volver a prisión, que iba a hacer lo que hiciese falta para que no volver».

A continuación, ha agregado: «se considera que Zaplana ha perdido ya su reputación y lo que yo pueda decir… pero lo que no he vivido no lo puedo decir, así que yo decido no conformarme. Ayer, cuando acabó la declaración, Barceló me dijo que le habían obligado a hacerlo», es decir, a confesarse responsable de haber actuado como testaferro y gestor de bienes y fondos pertenecientes realmente a Zaplana.

Barceló, amigo íntimo de Zaplana, confiesa su papel de testaferro y apuntala la acusación

València, 10 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).-Joaquín Barceló, uno de los amigos más cercanos al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha confesado este miércoles en el juicio del caso Erial que fue su testaferro y que puso su firma en Luxemburgo para apropiarse, en nombre de Zaplana, del dinero que abonaron los empresarios Vicente y José Cotino por la «mordida» de la privatización de las ITV valencianas.

El fiscal pide para Barceló una condena de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo en este juicio sobre supuestas «mordidas» en las adjudicaciones de las ITV valencianas y de parques eólicos.

Al inicio de la tercera sesión del juicio, el fiscal le ha preguntado que si era testaferro de Zaplana y Barceló ha contestado: «Sí, me pedía favores y lo hacía, si eso se llama testaferro, pues testaferro, qué quiere que le diga».

Utilizado sí, defraudado no

Barceló, alias ‘Pachano’ para el resto de amigos que comparten banquillo con él, ha admitido sentirse «utilizado», aunque «no defraudado» por Zaplana. «Me ha utilizado para todo esto y se lo he hecho y punto. Siempre lo he hecho pensando que las cosas eran lícitas, era mi amigo, me lo pedía y se lo hacía. Era muy atrevido, pero sí», ha afirmado antes de agregar que lo hizo sin obtener beneficio alguno.

En sus respuestas al fiscal ha reconocido que, por orden de Zaplana, viajó a Luxemburgo junto a los hermanos Vicente y José Cotino (dueños de la firma Sedesa y sobrinos del difunto ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino) para poner a su nombre la empresa Imison, que años antes había creado Juan Cotino -con la colaboración de Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa- por la «mordida» de la privatización de las ITV.

«Primero estuve convencido de que el dinero era totalmente lícito, pero luego me empezó a oler mal…, las ITV… adjudicaciones públicas… no vi claro que era delictivo, pero me mosqueé», ha asegurado.

Zaplana estaba en política y no podía

Barceló ha explicado al fiscal que Zaplana le dijo que se había encontrado con un dinero que no esperaba: «me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política y no podía. Me dijo que era una operación transparente y lícita y lo hice por amistad».

«Fuimos a Luxemburgo en un avión privado con los hermanos Cotino (Vicente y José, dueños de la firma Sedesa). Allí nos entrevistamos con Beatriz García Paesa y firmé un papel. Me enteré de que en esa cuenta no había 2,5 millones sino 6,5 cuando entró la UCO en mi casa», ha agregado.

También ha asegurado que recibió cinco millones de euros del considerado contable de la trama, Francisco Grau, que «realmente pertenecían a Eduardo Zaplana», con la instrucción de que los llevase a Andorra.

Dinero que «contaminó» sus cuentas

«Ese dinero pasó sin mi permiso a una cuenta que tenía en la banca BPA con 90.000 euros y la ‘contaminó’, de modo que quedó inmovilizada porque no se pudieron justificar esos ingresos.

Grau vino conmigo a Andorra para ayudarme, pero no lo logró», ha declarado, y posteriormente «intervino Saturnino Suances», otro de los procesados, que se representa a sí mismo en el juicio.

Barceló ha admitido también que firmó operaciones inmobiliarias dirigidas realmente por Zaplana a través de las sociedades Medlevante, Costera del Glorio y Gesdesarrollos, que fueron vehículos para regresar a España los fondos depositados inicialmente en Luxemburgo.

A través de estad firmas se adquirieron una parcela en Somosaguas (La Finca), un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid, unos áticos en Altea (Alicante) y un barco.

«Yo no di ninguna orden económica, yo solo firmaba. Confiaba plenamente en Grau, hacía lo que me decía siempre sin rechistar», ha insistido.

No pregunté de dónde sacaba el dinero

Para la adquisición de la referida vivienda en el centro de Madrid abonó 100.000 euros en efectivo que le facilitó Zaplana.

«No le pregunté de dónde lo sacaba», ha asegurado.

Este acusado ha referido un momento de desacuerdo con el exministro cuando éste le pasó para que firmase -junto con su mujer- un documento en el que debía admitir que mantenía una deuda de 500.000 euros con Zaplana y que, por tanto, el piso de Núñez de Balboa pasaría a su propiedad o a quien él designase.

«Mi mujer se negó a firmarlo porque no era cierto».

Barceló ha respondido únicamente a las preguntas del fiscal, dado que su letrado ha optado por no formular ninguna y se ha negado a responder al resto de las defensas.

No obstante, el tribunal ha permitido que los letrados que quisieran leyesen sus preguntas «a efecto de dejar constancia de posibles contradicciones», a pesar de la oposición del fiscal.

Zaplana ve «evidente» que alguien miente

A la salida del juzgado y ser preguntado por la confesión de Barceló, Zaplana ha señalado que ve «evidente» que alguien está mintiendo y ha admitido que se esperaba este testimonio. «No creo que haya sorprendido a nadie, estas conformidades que nadie reconoce las sabemos desde hace mucho tiempo», ha precisado.

Preguntado por si se siente defraudado por el que ha sido su amigo desde la infancia, Zaplana ha agregado: «esto no es cuestión de sentimientos, sino de decir la verdad», y no cree necesario cambiar de estrategia de defensa. «¿Por qué tendría que hacerlo», se ha preguntado finalmente.

La declaración de Zaplana: «Nunca he tenido dinero fuera de España»

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha asegurado no conocer o ha dado explicaciones alternativas a las supuestas evidencias de titularidad velada de bienes y fondos que le ha presentado el fiscal anticorrupción.

Preguntado por el uso de viviendas, yates e incluso avionetas, Zaplana ha explicado que la titularidad de las mismas siempre era de amigos o conocidos y que, o bien se las cedían gratuitamente, o bien las arrendaba.

Ha sido el caso de las travesías que realizó en las embarcaciones o avionetas del empresario Carlos Rodríguez Mondedeu, también procesado en esta causa, o la vivienda de la calle Núñez de Balboa de Madrid que disfrutó durante un tiempo y que, según ha asegurado, era de su amigo Joaquín Barceló.

«Hice gestiones para él (Mondedeu) siempre fuera del ámbito político a partir de 2008», ha subrayado.

La documentación de su secretaria

Preguntado por el motivo por el cuál su secretaria personal tenía documentación sobre el embargo de una de esas embarcaciones -propiedad de Mondedeu- ha señalado que en el puerto sabían de su relación personal y, ante la imposibilidad de localizar al empresario le informaron a él.

Sin embargo, posteriormente no ha explicado el motivo por el cual apareció en el despacho de su asesor el contrato de alquiler de un barco entre este empresario y su amigo Joaquín Barceló.

A preguntas del fiscal ha negado igualmente haber sido el beneficiario de operaciones inmobiliarias en Madrid (terrenos en La Finca y un piso en Núñez de Balboa) que se canalizaron a través de la firma Costera del Glorio, una empresa regentada por Barceló pero que, según la UCO, sirvió a Zaplana para ocultar sus bienes.

«Me arrepiento de no haber hecho yo esas operaciones, pero entonces necesitaba vivir cerca de un hospital», ha señalado Zaplana en relación a su enfermedad oncológica.

Uno de los momentos anecdóticos de su declaración se ha producido cuando el fiscal le ha preguntado por qué usaba siempre el montacargas para acceder desde el garaje de Núñez de Balboa a su vivienda.

«Lo tenía en la puerta del coche. Para ir al ascensor había que subir al primer piso. ¿Qué ocultación puede haber por mi parte si había escoltas esperando mientras estaba en casa?», ha señalado el exministro.

Sobre el disfrute personal de varios vehículos abonados igualmente por la empresa Costera del Glorio, Zaplana ha explicado que, en un momento de «apuro económico», su amigo Joaquín Barceló le prestó dinero para la compra de dos coches y que liquidó esa deuda «hasta la última peseta» en 2010.

Zaplana rechaza las supuestas evidencias de titularidad velada de bienes y fondos

Zaplana ha interpelado directamente al fiscal en varias ocasiones.

«¿Por qué no me preocupé de materializar todos esos supuestos fondos a pesar de mi enfermedad, a pesar de haber dejado la política?» y posteriormente ha insistido, al ser preguntado por una operación infructuosa en la ampliación del puerto deportivo de Altea.

«¿Si el dinero ya estaba en España, en el Banco Sabadell, y era mío, por qué se lo lleva de nuevo Belhot -supuesto testaferro- a sus cuentas?».

En todo momento el expresident ha ofrecido explicaciones a las preguntas del fiscal, salvo algunas excepciones, como cuando ha sido preguntado por el testamento de Joaquín Barceló y su mujer, en el que dejaron constancia de que existía una participación velada de otra persona en determinadas sociedades que ambos tienen a su nombre.

Cuatro horas de interrogatorio a Zaplana

El interrogatorio a Zaplana por parte del fiscal se ha prolongado durante cerca de 4 horas y «ha sido tan extenso y clarificador», en opinión del abogado del exportavoz del Gobierno, que no ha sido necesario formular ninguna pregunta más.

Tampoco han preguntado nada los letrados de los amigos y considerados testaferros de Zaplana, alguno de los cuales podría haber alcanzado algún acuerdo con la Fiscalía. El primero de ellos, Joaquín Barceló, declara este miércoles.

El letrado del exministro, el exfiscal Daniel Campos, ha intentado sin éxito al inicio de la sesión que su cliente declarase el último.

En su exposición, Campos ha afirmado: «aunque formalmente no ha habido ninguna conformidad, parece que es de dominio público que hay un acuerdo con alguno de los acusados», de modo que «por fijar el debate», consideraba beneficioso para los intereses de Zaplana que declarase en último lugar, algo que no ha logrado.

VÍDEO| «¡Haz la cola!»: el reproche de una mujer a Zaplana al entrar en la Ciudad de la Justicia

 

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