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Sale el listado provisional de admitidos en el IVASS para fisioterapia, trabajo social y maestro de taller

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VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) – La Generalitat ha publicado este miércoles el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de selección correspondiente a la oferta pública de empleo temporal del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) en las categorías de fisioterapeuta, trabajador o trabajadora social y maestro o maestra de taller.

La resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), corresponde a la convocatoria pública de puestos de trabajo temporal para las citadas categorías laborales del IVASS, publicada el pasado 26 de junio, según ha indicado la administración en un comunicado.

Los aspirantes excluidos pueden presentar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación, en el registro de entrada de los servicios centrales del IVASS, en los servicios territoriales de Castellón y en los Servicios territoriales de Alicante, así como por cualquier otro medio previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

En cualquier caso, e independientemente del lugar de presentación, para que las alegaciones y las solicitudes de subsanación sean tenidas en cuenta se deberá enviar copia de las mismas a la dirección de correo electrónico de convocatorias.

Una vez la comisión evaluadora examine las alegaciones y pruebas aportadas se publicará, con carácter definitivo, la relación de personas admitidas, indicando la puntuación obtenida, y la relación de personas excluidas si las hubiere indicando el motivo de la exclusión.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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