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Sandra Gómez niega complementos «ilegales» en los sueldos de los ediles del Ayuntamiento de València

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Sandra Gómez niega que llamara "puto chino" a Peter Lim

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) – La vicealcaldesa primera del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha negado este viernes que en el consistorio se habilitaran durante la pasada legislatura complementos de sueldo para que ediles con dedicación parcial igualaran su salario al de los concejales con dedicación completa y ha señalado que todas las medidas adoptadas al respecto fueron «absolutamente legales» y estaban avaladas por informe de la Intervención General.

Gómez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Gobierno Local con el vicealcalde segundo y concejal de Gobierno Interior en el pasado mandato, Sergi Campillo, tras ser preguntados por las informaciones que indican que algunos ediles del Ayuntamiento de València con dedicación parcial en la legislatura anterior recibieron un complemento salarial para igualarse a la total que podría no ajustarse a la ley.

«En absoluto se ha cobrado o aprobado un complemento ilegal», ha respondido la también portavoz socialista en el consistorio, que ha indicado que «ilegal» es un «término incompatible» con las decisiones que se toman en esta administración local. Así, ha apuntado que el complemento fue «legal» y que estaba «fiscalizado» y respaldado por un «informe de la Intervención General» que aprobaba «el baremo de toda la Junta de Gobierno» Local del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha aseverado que este documento «corroboraba que lo aprobado en 2015 y también en el pleno, con firma del secretario del pleno, era absolutamente legal». «En el Ayuntamiento de València no se puede cobrar durante cuatro años algo ilegal», ha apuntado, además de insistir en la legalidad de la decisión de hace cuatro años.

«Hace cuatro años lo que se hizo para intentar dar una solución, en el primer año de la Ley Montoro –en alusión a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el PP–, fue una solución legal con un informe de conformidad de la Intervención General del Ayuntamiento», ha expuesto.

Asimismo, Gómez se ha referido a la decisión adoptada recientemente para el nuevo mandato sobre las dedicaciones completas y parciales de los concejales de la corporación local, que establece que las primeras queden en manos de los ediles del equipo de gobierno –para este mandato conformado por Compromís y PSPV-PSOE– por tener responsabilidades de gestión.

«DECISIÓN POLÍTICA»
«Este año se ha tomado una decisión política, la que ha parecido más razonable y lógica», ha dicho, al tiempo que ha destacado que esta es una medida adoptada también en «distintas ciudades españolas de distinto color» político.

En este sentido, ha reiterado que se ha estimado «lógico» que «la dedicación total la tengan quienes tienen gestión de gobierno, –gestión de servicios del Ayuntamiento, ha matizado– que están 24 horas disponibles todo el año» porque eso «requiere dedicación total».

Preguntada en este punto por las críticas de la oposición a esta medida, la vicealcalde ha negado que haya fraude de ley, ha indicado que «lo que diga la oposición –PP, Cs y Vox–» forma parte de «su trabajo» como tal, y ha criticado que «intente generar lío ante una decisión» que le resulta «incómoda» porque «ahora debe hacer la redistribución con las dedicaciones parciales o totales» de sus concejales.

90 POR CIENTO DEL SUELDO DE LA TOTAL
Sandra Gómez ha resaltado que la dedicación parcial en el Ayuntamiento de València representa «el 90 por ciento del sueldo de un concejal con dedicación total, 63.000 euros al año». Tras ello, ha lamentado que la oposición diga que desde el equipo de gobierno se hace «rodillo» o que la decisión suponga «fraude» por «no asumir que 63.000 euros son suficientes».

«En neto son más de 3.000 euros» de sueldo, ha apuntado Gómez, que ha considerado que «al final este es un tema de mucha demagogia por parte de la oposición» frente a una «cuestión política». La edil ha concluido su intervención repitiendo que «es lógico que las dedicaciones totales estén dentro del equipo de gobierno».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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