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Sanidad pide cerrar las comunidades en Semana Santa y que los estudiantes no viajen

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EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las comunidades autónomas que mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.

Según el documento al que ha tenido acceso EFE y que será debatido en la Comisión de Salud Pública, también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que «se eviten todos los viajes que no sean necesarios».

Entre las propuestas también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.

Gobierno y comunidades ya discutieron ayer sobre estas propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y todas, salvo Madrid, se mostraron a favor de blindar sus fronteras en esas fechas.

Así, el Consejo optó por trasladar el debate a la Comisión de Salud Pública -integrada por técnicos del Ministerio y los directores generales de las comunidades- para cerrar un documento a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa que consiga el máximo consenso en la próxima reunión del CISNS la semana que viene.

La propuesta de Sanidad insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables» y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.

Y plantea la no celebración de eventos masivos «de cualquier índole» que impliquen aglomeración o concentración de personas.

Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’ según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

También se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

El Ministerio argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo.

Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.

En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: «No ‘salvemos semanas’, salvemos vidas».

Por otra parte, en su reunión de hoy, la Comisión tiene previsto aprobar los pacientes de riesgo que serán priorizados en el proceso de vacunación.

Según adelantó ayer el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, se dará «prioridad» a un nuevo grupo integrado por personas trasplantadas, pacientes que realizan diálisis por una enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos en tratamiento y, en general, pacientes inmunodeprimidos.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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