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Sanidad pide cerrar las comunidades en Semana Santa y que los estudiantes no viajen

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EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las comunidades autónomas que mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.

Según el documento al que ha tenido acceso EFE y que será debatido en la Comisión de Salud Pública, también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que «se eviten todos los viajes que no sean necesarios».

Entre las propuestas también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.

Gobierno y comunidades ya discutieron ayer sobre estas propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y todas, salvo Madrid, se mostraron a favor de blindar sus fronteras en esas fechas.

Así, el Consejo optó por trasladar el debate a la Comisión de Salud Pública -integrada por técnicos del Ministerio y los directores generales de las comunidades- para cerrar un documento a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa que consiga el máximo consenso en la próxima reunión del CISNS la semana que viene.

La propuesta de Sanidad insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables» y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.

Y plantea la no celebración de eventos masivos «de cualquier índole» que impliquen aglomeración o concentración de personas.

Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’ según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

También se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

El Ministerio argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo.

Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.

En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: «No ‘salvemos semanas’, salvemos vidas».

Por otra parte, en su reunión de hoy, la Comisión tiene previsto aprobar los pacientes de riesgo que serán priorizados en el proceso de vacunación.

Según adelantó ayer el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, se dará «prioridad» a un nuevo grupo integrado por personas trasplantadas, pacientes que realizan diálisis por una enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos en tratamiento y, en general, pacientes inmunodeprimidos.

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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