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Sanidad pide cerrar las comunidades en Semana Santa y que los estudiantes no viajen

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EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las comunidades autónomas que mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.

Según el documento al que ha tenido acceso EFE y que será debatido en la Comisión de Salud Pública, también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que «se eviten todos los viajes que no sean necesarios».

Entre las propuestas también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.

Gobierno y comunidades ya discutieron ayer sobre estas propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y todas, salvo Madrid, se mostraron a favor de blindar sus fronteras en esas fechas.

Así, el Consejo optó por trasladar el debate a la Comisión de Salud Pública -integrada por técnicos del Ministerio y los directores generales de las comunidades- para cerrar un documento a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa que consiga el máximo consenso en la próxima reunión del CISNS la semana que viene.

La propuesta de Sanidad insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables» y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.

Y plantea la no celebración de eventos masivos «de cualquier índole» que impliquen aglomeración o concentración de personas.

Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’ según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

También se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

El Ministerio argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo.

Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.

En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: «No ‘salvemos semanas’, salvemos vidas».

Por otra parte, en su reunión de hoy, la Comisión tiene previsto aprobar los pacientes de riesgo que serán priorizados en el proceso de vacunación.

Según adelantó ayer el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, se dará «prioridad» a un nuevo grupo integrado por personas trasplantadas, pacientes que realizan diálisis por una enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos en tratamiento y, en general, pacientes inmunodeprimidos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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