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Sanidad pide cerrar las comunidades en Semana Santa y que los estudiantes no viajen

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EFE/ Mariscal/Archivo

Madrid, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las comunidades autónomas que mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.

Según el documento al que ha tenido acceso EFE y que será debatido en la Comisión de Salud Pública, también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que «se eviten todos los viajes que no sean necesarios».

Entre las propuestas también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.

Gobierno y comunidades ya discutieron ayer sobre estas propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y todas, salvo Madrid, se mostraron a favor de blindar sus fronteras en esas fechas.

Así, el Consejo optó por trasladar el debate a la Comisión de Salud Pública -integrada por técnicos del Ministerio y los directores generales de las comunidades- para cerrar un documento a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa que consiga el máximo consenso en la próxima reunión del CISNS la semana que viene.

La propuesta de Sanidad insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables» y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.

Y plantea la no celebración de eventos masivos «de cualquier índole» que impliquen aglomeración o concentración de personas.

Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’ según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

También se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

El Ministerio argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo.

Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.

En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: «No ‘salvemos semanas’, salvemos vidas».

Por otra parte, en su reunión de hoy, la Comisión tiene previsto aprobar los pacientes de riesgo que serán priorizados en el proceso de vacunación.

Según adelantó ayer el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, se dará «prioridad» a un nuevo grupo integrado por personas trasplantadas, pacientes que realizan diálisis por una enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos en tratamiento y, en general, pacientes inmunodeprimidos.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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