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Seguro obligatorio para perros: caos y falta de claridad

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Seguro obligatorio para perros
FREEPIK

El seguro obligatorio para perros está provocando infinidad de dudas. Hasta ahora, solo los dueños de un perro de una raza potencialmente peligrosa, así como los residentes en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, estaban obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil para su mascota.

Pero desde el próximo 29 de septiembre ya no serán solo ellos: ese día entra en vigor la Ley de Bienestar Animal, que obliga a contratarlo a todos los dueños de un can, dejando en el aire la cobertura que, para los daños que causara el animal, ofrecía el seguro de responsabilidad civil privada habitualmente incluido en la póliza del hogar.

Y es que desde el momento en que el seguro pasa a ser obligatorio, las aseguradoras de responsabilidad civil privada podrían interpretar que queda anulada su cobertura.

Con el riesgo que ello comporta para el dueño de un perro que causara daños a otro perro o a una persona, ya que podría terminar asumiendo parte o todo el coste de la responsabilidad civil. Un riesgo que se extiende además a la víctima en el caso de que el dueño no sea solvente.

Seguro obligatorio para perros

La falta de un Reglamento que defina el alcance de la nueva ley es la causa principal de esta confusión. Una imprecisión que persiste con el ambiguo anuncio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, realizado 10 días antes de la entrada en vigor de la ley, avisando de que “en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se desarrolle el Reglamento”, responsabilidad del propio Ministerio. Y para el cual se da de plazo hasta que finalice el 2025.

Como prevención, OCU insta a todos aquellos dueños que hoy por hoy no tuvieran ya contratado un seguro obligatorio, a ponerse en contacto con su aseguradora del hogar o de responsabilidad civil con el fin de verificar que su animal sigue cubierto con la nueva ley.

Qué hay que hacer

Debe pedirse un suplemento para que conste la cobertura (probablemente pidan que se identifique al perro) y que además se adapte al requisito de la nueva norma, que amplía la cobertura a cualquier persona que se haga cargo del animal.

A OCU le consta que algunas compañías lo están haciendo sin cobrar una sobreprima por emitirlo. Si su aseguradora no lo hace así, considere cambiar de seguro al próximo vencimiento.

Qué me cuesta el seguro para mi perro

Mientras tanto, lo más prudente es contratar una póliza específica por el capital más alto posible: por dar un rango de precios orientativo, para un capital de 300.000 euros en responsabilidad civil, la prima anual oscilaría entre 50 y 90 euros, con una franquicia que va de 150 a 300 euros.

En cuanto al futuro Reglamento, OCU exige que se concrete lo antes posible, al tiempo que considera vital que se iguale el capital de responsabilidad civil de un perro al del seguro de un automóvil, también en la norma para razas potencialmente peligrosas, donde el mínimo solo llega a 120.000 euros en la norma estatal.

Porque, aunque la probabilidad de un accidente grave sea menor que con un coche, las consecuencias pueden ser las mismas. Otros desarrollos pendientes e importantes son: la lista de animales que pueden ser considerados mascotas, la periodicidad y el tipo de cuidados veterinarios o las condiciones del curso para los dueños de los nueve millones de perros registrados en nuestro país.

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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