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Bárcenas sale de la cárcel tras realizar un programa de reinserción

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Luis Bárcenas, extesorero del PP EUROPA PRESS

El Ministerio del Interior ha acordado aplicar al extesorero del PP Luis Bárcenas el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge la posibilidad de la flexibilización del régimen de vida penitenciario para pasar a una situación de semilibertad. Según ha podido confirmar laSexta, Bárcenas saldrá de Soto del Real e iría solo a dormir al Centro de Inserción Social, aunque todavía se encuentra a la espera de que le asignen uno ya que de momento no hay plazas disponibles en los de la Comunidad de Madrid.

Esta decisión, no obstante, todavía tiene que ser aprobada por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.

Tal y como adelantaba ‘El País‘, la decisión se ha adoptado cuando Bárcenas ha realizado ya gran parte del programa de reinserción de delincuentes económicos, conocido por las siglas PIDECO, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, puso en marcha en enero de 2020.

Luis Bárcenas

Bárcenas, clasificado en segundo grado o régimen ordinario, ha disfrutado de varios permisos penitenciarios desde que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir la condena de 29 años y un mes por la primera época del ‘caso Gürtel’.

La medida, que puede ser recurrida por Fiscalía, le permitirá abandonar la cárcel para cumplir el resto de su condena en un Centro de Inserción Social.

Bárcenas ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015. Tras la sentencia de Gürtel, volvió a prisión en mayo de 2018. El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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