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Ford y UGT acuerdan un aumento en los salarios de un 2,5% para 2019

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(EUROPA PRESS)-La dirección de la planta de Ford de Almussafes (Valencia) y la sección de UGT en la fábrica han alcanzado un principio de acuerdo sobre el plan de competitividad de la empresa para los próximos tres años que incluye un aumento de salario para la plantilla del 2,5% en 2019, del 1,5% en 2020 y un aumento relacionado con el Índice de Precios al Consumo (IPC) más un 0,5% (de la cantidad percibida en 2020) en 2021.

La empresa y el sindicato han llegado a este principio de acuerdo en una reunión que han mantenido este jueves, según ha informado a Europa Press el portavoz de UGT-Ford, Carlos Faubel. Entre otros, ha destacado que la condición de reducir el absentismo laboral que había defendido Ford en anteriores reuniones «ha desaparecido». La empresa también ha renunciado a incluir una cláusula para distribuir de forma irregular la jornada de trabajo.

Asimismo, el principio de acuerdo incluye también la recuperación de la aportación por parte de la empresa al plan de previsión para la jubilación. Este plan, que estuvo activo anteriormente, era una especie de «hucha» para la jubilación en la que los trabajadores aportaban un uno por ciento y la empresa enviaba otro uno por ciento del sueldo mensual de sus empleados.

Así, la empresa reactivará esta aportación tanto en los empleados que ya la tuvieron, como en los que nunca llegaron a tener este plan. Esta aportación entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Faubel estima que esta cifra está en torno a los 4.500 trabajadores.

Faubel ha valorado la propuesta que ha lanzado la dirección porque no tiene «contrapartidas» y que es el que «se merece la plantilla». Además, ha asegurado que este acuerdo «aumenta el poder adquisitivo de la plantilla».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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