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Generalitat y Ayuntamientos consensuan más de 300 medidas para reactivar la Comunitat Valenciana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Alianza Institucional consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) será «fundamental para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, el jefe del Consell ha apelado a la unión y firmeza de las instituciones para proporcionar «orientación colectiva» en «tiempos convulsos» y llevar a cabo el «triple mandato de proteger, salvar y reactivar» la Comunitat Valenciana.

«Juntos hemos demostrado que no tienen que haber colores políticos, ni diferencias territoriales en este momento de incertidumbres», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha definido el diálogo «como un valor en sí mismo» y ha situado el acuerdo como «un paso fundamental». «Acordar no es traicionar. Es poner por encima de uno mismo el interés general».

«Son tiempos difíciles – ha continuado Puig- y viene un periodo de turbulencias económicas y sociales. Por eso, el mástil de las instituciones tiene que estar fuerte». Para el president, los ayuntamientos, «la primera puerta donde las personas y empresas inmersas en dificultades buscarán cobijo y auxilio», debe contar con la asistencia de la Generalitat y las diputaciones «para proteger del virus con eficiencia y responsabilidad; para salvar a personas, familias, trabajadores y empresas, y para reactivar nuestro tejido productivo».

Según el máximo responsable del Consell, que ha avanzado que la Generalitat contará con los ayuntamientos y las diputaciones «en la aplicación en la Comunitat Valenciana del programa de recuperación europeo», es «momento de levantarnos» porque, en su opinión, quedarse quietos «no es una opción» y, en este sentido, ha hecho un llamamiento al esfuerzo y unión de las instituciones y la ciudadanía y a la confianza en el futuro, «que será mejor que el pasado y el presente».

En estos términos se ha pronunciado el president de la Generalitat en su discurso tras la reunión de la mesa y firma de la alianza institucional del Acuerdo ‘Alcem-nos’ para la recuperación de la Comunitat Valenciana, que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; el alcalde de València, Joan Ribó; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente del Foro de Municipios del Interior y alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; y el presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

Más de 300 acciones en 13 ejes
El president de la Generalitat ha explicado que las instituciones valencianas, «que representan a los 5 millones de valencianos y valencianas», han diseñado el contenido de la alianza institucional firmada esta mañana, con la que se establece «el camino de nuestro futuro». Así, el segundo pacto de ‘Alcem-nos’, ha sido rubricado por la Generalitat, las tres diputaciones, las cuatro grandes ciudades y los 542 ayuntamientos representados por la FVMP.
«Estamos ante un acuerdo sin precedentes», ha remarcado Puig, para a continuación a agradecer el trabajo de las 300 personas que han participado en la mesa institucional a lo largo de dos meses de negociación.

El documento consensuado desgrana 303 acciones, repartidas en 13 ejes, entre las que el jefe del Gobierno valenciano ha destacado 10 actuaciones inmediatas: planes municipales de recuperación; planes de empleo local; estímulo del comercio local y de la economía circular; refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; máxima eficiencia de los recursos públicos; refuerzo ante las emergencias y la protección de la salud; apoyo al tejido productivo local; transición a una administración digital, y más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.

Más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales se ha acordado el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en el área de
salud pública se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.

En cuanto a la promoción económica y la industria se contempla, entre otros aspectos, la reducción de la presión fiscal, la reforma de la regla de gasto, la orientación al modelo hacia los ODS y el desarrollo verde, y en lo que se refiere a la movilidad y el territorio se preven planes de movilidad urbana sostenible y el impulso hacia la transición energética.

Para la agricultura y medio ambiente se acuerda impulsar el cooperativismo, recuperar tierras abandonadas y beneficiar con un IBI mínimo a las tierras productivas; en el área de vivienda se ha convenido un impulso a la vivienda pública con promociones directas, rehabilitaciones, alquileres sociales y medidas fiscales para cascos antiguos y zonas despobladas, y en el ámbito de seguridad, emergencias y protección civil se contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio.

En educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; por lo que se refiere a financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.

Finalmente, en el área de innovación y digitalización se acuerda, entre otros puntos, disminuir la brecha digital entre municipios; en el ámbito de la participación y cooperación, se conviene la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; en cuanto a la despoblación se acuerda la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior, el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio, y en turismo, se recogen puntos como el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.

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VÍDEO| Amnistía Internacional pide en València el cese del envío de armas a Israel

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Amnistía Internacional Valencia Israel

València, 2 may (EFE).- Miembros de Amnistía Internacional se han concentrado ante el Consulado de Estados Unidos en València para exigir el cese del envío masivo de armas a Israel desde ese país y otros como Australia, Alemania o Países Bajos con el fin de impedir el «genocidio del pueblo palestino».

La coordinadora de Amnistía Internacional Valencia, Olga Franco, ha afirmado durante la concentración en la que ha participado un grupo de personas que el envío de armas permitiría reducir el riesgo de que se cometa un genocidio y ha dicho esperar que todas las presiones sean suficientes para «parar el exterminio del pueblo palestino».

Los avances hasta ahora en este sentido han sido «escasos», pero los movimientos estudiantiles como la acampada universitaria indefinida en solidaridad con Palestina en la Facultad de Filosofía de la Universitat de València a iniciativa del colectivo BDS País Valencià o las presiones de organizaciones humanitarias «podrían impedir que se produzcan estas matanzas», ha señalado.

Bajo los lemas de «No más armas a Israel. La guerra empieza aquí» o «La colaboración también es un crimen», instan a los gobiernos a dejar de enviar armas a Israel, ya que en su opinión «serán cómplices de crímenes de guerra y contra la humanidad».

Según datos de la organización, ya hay 100.000 civiles desaparecidos, y Amnistía Internacional ha investigado prácticas del ejército israelí que van contra el derecho humano, como el uso de armas prohibidas en la guerra (el fósforo blanco).

«Para que nos hagamos una idea, el fósforo blanco quema a las personas por dentro. Son prácticas indebidas que hace el ejército israelí y un ataque indiscriminado a la población civil palestina», ha criticado la coordinadora de campañas en Valencia.

También se habrían recogido avisos de evacuación masiva en períodos muy cortos de tiempo y ataques contra viviendas llenas de civiles: «Estos materiales aéreos fueron ataques indiscriminados a civiles y deben ser investigados por ataques de guerra», asegura Olga Franco.

La organización ha presionado el presidente Joe Biden para «suspender la tramitación de armas al gobierno de Israel y no ser partícipe de las atrocidades que se están produciendo en la franja de Gaza», según indican, para añadir que el gasto militar alcanzó un récord histórico que, lejos de incrementar la seguridad, lo que hace es «incrementar la inestabilidad del mundo».

Franco ha agradecido a los compañeros que se están manifestando alrededor del mundo por «luchar pacíficamente contra toda la violencia y dolor que se está produciendo contra el pueblo palestino» en la campaña internacional de Amnistía Internacional para «impedir que se cometan violaciones del derecho internacional». EFE

 

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