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Más de 150 niños en riesgo de exclusión inician el curso en las escuelas infantiles de Casa Caridad

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Las tres escuelas infantiles de Casa Caridad inician el curso escolar con 151 niños de entre 1 a 3 años en riesgo de exclusión social en sus aulas. El programa formativo que ofrece la entidad benéfica es igual que el de cualquier otro centro de titularidad pública o privada, pero no supone ningún tipo de desembolso, lo que permite a las familias sin ingresos asegurar la educación de sus hijos en edades más tempranas.

Casa Caridad cuenta con tres centros educativos en el Paseo de la Pechina, Torrent y Benicalap. Este último arranca con una nueva aula de infantil con la que suma 75 plazas que buscan satisfacer la creciente necesidad de este servicio entre las familias con escasos recursos. Para estas, los tres centros educativos son gratuitos: no han de costear ni gastos de escolarización, ni de comedor, ni uniforme ni materiales. Así se facilita la educación de los menores con mayor índice de vulnerabilidad social y se posibilita, al mismo tiempo, que los progenitores busquen empleo de forma activa o puedan conciliar mejor la vida laboral y familiar.

En este sentido, las aulas de Casa Caridad no sólo ofrecen la posibilidad de educar a los niños en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otro centro público. La entidad benéfica vela, en paralelo, por la inserción social de las familias con una atención personalizada para cada núcleo familiar gracias al programa Escuela-Familia. Este programa aúna ayuda administrativa y psicológica, búsqueda de vivienda y de empleo y formación de las familias en habilidades sociales y de crianza, además de otras prestaciones individualizadas.
Con todo, el seguimiento personalizado que realizan los trabajadores sociales con cada una de las familias ayuda, entre otras cosas, a escolarizar a los niños que han pasado por Casa Caridad en centros públicos de València y Torrent. Para este próximo curso 2017-2018, la asociación valenciana ha conseguido que 75 niños en riesgo de exclusión social hayan sido escolarizados y empiecen su segundo ciclo de infantil, un pequeño paso para la integración social de los mismos.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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