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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo

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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo
Miles de personas participan en la manifestación en defensa del mundo rural este domingo en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 20 mar (EFE).- Los convocantes de la manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid, a la que asisten más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho «basta» al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad.

Según datos de Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, se han superado los 100.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores han asegurado a Efeagro que se han duplicado sus expectativas y cifran la participación en 400.000 personas.

Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar «futuro para el campo».

En declaraciones a los medios, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos.

«El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas», ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del mundo rural es porque es un «irresponsable» y que esta manifestación «no es el fin», sino «el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a «pedir respeto» para el campo porque «no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos», además de reclamar un «plan de choque urgente» para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones».

Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están «arruinando», que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado.

Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.

«Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población», ha insistido.

Por su parte, el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un «extremismo ecológico» que se impone a las demandas del campo.

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación «crítica» y que esta manifestación va a marcar un «un antes y un después» en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una «política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo», perjudicando en su opinión a un sector que es «generador de oportunidades en el mundo rural».

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la «asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente».

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España reabre el debate sobre el burka entre seguridad, derechos y política

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Un nuevo frente político por la regulación del burka

El debate sobre la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos ha vuelto al primer plano político en España después de que Junts anunciara que no apoyará la propuesta presentada por Vox en el Congreso, pese a coincidir en su rechazo al uso del velo integral.

La formación vinculada a Carles Puigdemont ha registrado su propio proyecto de ley, que incluiría la prohibición de estas prendas en espacios públicos junto con la petición de delegación de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, asegurando que la iniciativa será “rigurosa” y alineada con estándares europeos.


🏛️ El rechazo de Junts bloquea la iniciativa de Vox

El voto en contra de Junts dificulta que la proposición de Vox prospere, incluso contando con el apoyo del Partido Popular.

Desde la formación catalana sostienen que se oponen al burka por considerarlo una forma de opresión, pero rechazan respaldar iniciativas de Vox, a quien acusan de mantener posiciones contrarias a los derechos humanos y a Cataluña.

Por su parte, Vox ha criticado la decisión y ha acusado a Junts de actuar por cálculo electoral, defendiendo que la prohibición responde a la protección de los valores culturales y de la igualdad entre hombres y mujeres.


🌍 ¿Qué ocurre en Europa con el burka y el nicab?

Varios países europeos han aprobado restricciones al velo integral en espacios públicos —como Francia, Bélgica o Austria— principalmente por motivos de seguridad, identificación y laicidad, lo que sirve de referencia en el debate español.

El argumento habitual en Europa combina tres ejes:

  • Seguridad pública e identificación

  • Neutralidad en espacios comunes

  • Igualdad de género


📊 Posibles consecuencias para España

1️⃣ Impacto político y polarización

La discusión puede intensificar la polarización política y convertirse en un tema central del debate sobre inmigración, identidad cultural y derechos individuales.

2️⃣ Debate jurídico y constitucional

Una eventual prohibición podría enfrentarse a recursos legales por posibles conflictos con derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad individual.

3️⃣ Integración social y convivencia

Algunos expertos advierten que medidas restrictivas pueden dificultar la integración si se perciben como estigmatizantes, mientras que otros sostienen que favorecen la cohesión social y la igualdad.

4️⃣ Implicaciones en seguridad

Los defensores argumentan que facilitaría la identificación en espacios públicos, especialmente en ámbitos sensibles como edificios oficiales o transportes.

5️⃣ Repercusión internacional

La decisión podría influir en la imagen de España en materia de derechos civiles y políticas migratorias dentro de la Unión Europea.


👩‍⚖️ Feminismo, religión y libertad: un debate complejo

El uso del burka y el nicab genera un intenso debate entre quienes lo consideran una expresión religiosa o cultural y quienes lo ven como un símbolo de desigualdad de género. Esta tensión refleja un dilema más amplio entre proteger libertades individuales y promover valores de igualdad.


🔎 Un tema que seguirá en la agenda

Con propuestas legislativas en marcha y posiciones políticas enfrentadas, el debate sobre el velo integral en España seguirá evolucionando en los próximos meses, especialmente en un contexto de creciente discusión sobre inmigración y convivencia cultural.

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