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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo

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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo
Miles de personas participan en la manifestación en defensa del mundo rural este domingo en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 20 mar (EFE).- Los convocantes de la manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid, a la que asisten más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho «basta» al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad.

Según datos de Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, se han superado los 100.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores han asegurado a Efeagro que se han duplicado sus expectativas y cifran la participación en 400.000 personas.

Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar «futuro para el campo».

En declaraciones a los medios, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos.

«El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas», ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del mundo rural es porque es un «irresponsable» y que esta manifestación «no es el fin», sino «el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a «pedir respeto» para el campo porque «no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos», además de reclamar un «plan de choque urgente» para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones».

Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están «arruinando», que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado.

Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.

«Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población», ha insistido.

Por su parte, el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un «extremismo ecológico» que se impone a las demandas del campo.

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación «crítica» y que esta manifestación va a marcar un «un antes y un después» en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una «política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo», perjudicando en su opinión a un sector que es «generador de oportunidades en el mundo rural».

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la «asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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