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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo

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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo
Miles de personas participan en la manifestación en defensa del mundo rural este domingo en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 20 mar (EFE).- Los convocantes de la manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid, a la que asisten más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho «basta» al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad.

Según datos de Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, se han superado los 100.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores han asegurado a Efeagro que se han duplicado sus expectativas y cifran la participación en 400.000 personas.

Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar «futuro para el campo».

En declaraciones a los medios, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos.

«El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas», ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del mundo rural es porque es un «irresponsable» y que esta manifestación «no es el fin», sino «el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a «pedir respeto» para el campo porque «no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos», además de reclamar un «plan de choque urgente» para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones».

Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están «arruinando», que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado.

Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.

«Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población», ha insistido.

Por su parte, el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un «extremismo ecológico» que se impone a las demandas del campo.

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación «crítica» y que esta manifestación va a marcar un «un antes y un después» en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una «política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo», perjudicando en su opinión a un sector que es «generador de oportunidades en el mundo rural».

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la «asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente».

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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