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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo

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Cerca de 400.000 personas claman contra el Gobierno y piden ayuda urgente para el campo
Miles de personas participan en la manifestación en defensa del mundo rural este domingo en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 20 mar (EFE).- Los convocantes de la manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid, a la que asisten más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho «basta» al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad.

Según datos de Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, se han superado los 100.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores han asegurado a Efeagro que se han duplicado sus expectativas y cifran la participación en 400.000 personas.

Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar «futuro para el campo».

En declaraciones a los medios, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos.

«El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas», ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del mundo rural es porque es un «irresponsable» y que esta manifestación «no es el fin», sino «el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a «pedir respeto» para el campo porque «no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos», además de reclamar un «plan de choque urgente» para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones».

Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están «arruinando», que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado.

Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.

«Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población», ha insistido.

Por su parte, el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un «extremismo ecológico» que se impone a las demandas del campo.

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación «crítica» y que esta manifestación va a marcar un «un antes y un después» en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una «política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo», perjudicando en su opinión a un sector que es «generador de oportunidades en el mundo rural».

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la «asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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