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El Consell acusa a Hacienda de exigir más sacrificios a los valencianos que al resto de comunidades

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(EFE).- La Conselleria de Hacienda ha respondido a la últimas exigencia del Ministerio de Hacienda informándole de que ya ha acordado el cierre del Presupuesto de 2017, con efectos desde el 15 de diciembre pasado, y ha lamentado que exija «más sacrificios a los valencianos que al resto».

El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a diez comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, en las que ya ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 %.

En respuesta a esta carta, desde el Consell se ha informado que «cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos» y ha emplazado a Hacienda a «aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año».

Hacienda atribuye a la Comunitat Valenciana una previsión de aumento del gasto computable en el ejercicio del 3,2 %, frente al techo fijado por el ministerio para todas las comunidades del 2,1 %.

Por ello, plantea la adopción de medidas «para su corrección antes del cierre del presente ejercicio».

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado.

Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio.

Acto seguido, añade: «La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017».

La Conselleria insiste en «la imposibilidad material» de «adoptar en el momento actual medidas efectivas» al respecto, al tiempo que subraya que «la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica».

En la misiva, el Consell ve «asombroso» que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, «cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica».

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, «cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas».

El Consell advierte de que, del oficio recibido «se deduce que Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media».

«Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana», que tampoco comparte que «la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles».

Una situación que «ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación», según sostiene la Generalitat.

Con todo, se enfatiza que esto no quiere decir que la Generalitat «no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

«Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho», se añade.

En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda se advierte que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una.

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media.

En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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