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El alcalde de Orihuela niega haber cobrado seis años sin acudir a su puesto en Sanidad

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ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS) El alcalde ‘popular’ de Orihuela (Alicante), Emilio Bascuñana, ha calificado de «absolutamente falso» que haya cobrado durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo en la Conselleria de Sanidad. «Para mí, en política no todo vale y todo tiene un límite», ha dicho y ha advertido: «No voy a permitir que nadie ponga en tela de juicio mi honorabilidad, mi carrera personal y profesional y menos estando como alcalde de Orihuela».

El edil ha manifestado que estudia acciones legales contra personas o medios que le acusen «de cometer un delito» o le difamen. «Está claro que alguien busca quitarme de en medio a cualquier precio; ataques como este vendrán más», ha asegurado y les ha instado a acudir a los tribunales.

En una comparecencia de prensa, Bascuñana se ha pronunciado así sobre una información publicada en la que se asegura que ha ocultado en su currículum que entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014 estuvo en una «adscripción funcional» en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante y que en la dirección territorial ni tuvo puesto de trabajo asignado, ni se guarda ningún informe o trabajo que pueda acreditar su paso por este departamento.

«Está claro que las cosas sacadas de contexto pueden parecer lo que no es», ha dicho en su declaración a los medios este miércoles, en la que ha hablado de «datos falsos» y «manipulados», que generan «noticias falsas».

El alcalde oriolano ha hecho un repaso de su vida profesional de la que ha explicado que terminó Medicina en 1986 y que ejerció hasta 2007 en localidades de la provincia y «todo ello compaginando la medicina privada y la pública».

Además, ha relatado que fue presidente de Cruz Roja Orihuela desde 1981 hasta 1998 y que pasó a ser vicepresidente de la ONG a nivel autonómico y después como presidente provincial. Según la información publicada, Bascuñana fue presidente de la Cruz Roja de Alicante desde 2004 hasta marzo de 2013.

Bascuñana ha explicado que sufrió un infarto y que se le aconsejó dejar algunas de sus actividades «de estrés». Fue «en ese momento y esas circunstancias», cuando se la ofreció desde Conselleria de Sanidad «una nueva situación laboral» que resultó «en beneficio de los intereses de la propia Conselleria». Según ha manifestado se le propuso, por ser considerado «experto» en temas de consumo de drogas y emergencias, para «reestructurar los servicios de conductas adictivas».

«Mi labor durante esos primeros años de adscripción laboral se centró en asesorar a la Conselleria sobre cómo gestionar y optimizar los servicios de dispensación de metadona y otros de carácter social; consiguiendo que se mantuvieran no solo en Alicante si no en toda la Comunitat Valenciana en Cruz Roja», ha detallado y ha considerado que esa medida permitió «optimización» de recursos.

TRABAJO JUSTIFICADO
Emilio Bascuñana ha indicado que por esas nuevas funciones sufrió una reducción de su salario y que su trabajo «quedó justificado» ante sus superiores». Así, ha precisado que las funciones de asesoramiento se desarrollaron de 2008 a 2010. Posteriormente, conforme se modificaron las circunstancias, cambió el trabajo y pasó «cubrir» a médicos que salían de guardia o «de permiso».

«Cosa que recordarán los miles de pacientes que atendía», ha señalado y ha hecho una relación de localidades donde estuvo. «Hay muchas y muchas pruebas a través de cada una de las personas que atendí, sobre todo en esa segunda etapa; menos en los primeros años», ha afirmado Bascuñana que ha reconocido que no forma parte de su currículum «público» porque solo tiene registrado «lo más destacado».

«No tengo problema en añadir todas las etapas laborales de las que me siento orgulloso», ha continuado y ha anunciado que las incluirá «como otras que no constan».

«NADA QUE OCULTAR»
Emilio Bascuñana ha alegado que «a nadie se le paga mes a mes, ni se le prorroga si no cumpliera con sus funciones» y así, ha querido dejar «absolutamente claro, que no tengo nada que ocultar». Con todo, se ha mostrado «preocupado» y se ha cuestionado «seriamente» quién «ha tenido acceso a esos datos personales y el uso que se hace de ellos».

«No he cometido ninguna irregularidad», ha sostenido y ha opinado que no tiene que «demostrar» su inocencia y que trabajó, porque es «algo obvio». «En todo caso, será más bien al contrario», ha planteado y ha instado a que sean otros quienes «intenten demostrar, porque no podrán» que se ha cometido «alguna irregularidad o, todavía más, algún delito».

Emilio Bascuñana ha recordado que lleva tres años «con aciertos y con errores» al frente del Ayuntamiento pero «no puede haber duda» de que lo hace con «honestidad, convicción y responsabilidad». «Tres años sin ceder a presiones y provocaciones de intereses particulares que pretenden evitar que la política en Orihuela se regenere», ha afirmado.

Finalmente, ha hablado de que resta un año de mandato que será «muy duro» y se ha mostrado «convencido» de que habrá «más situaciones como esta». Asimismo, ha recordado que ostenta una de las «principales» Alcaldías en manos del PP y que le convierten en el «objetivo a batir» con las elecciones «tan cerca».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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