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El ‘carsharing’ llega a València

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València, dic. 2019 – València se sumerge en un nuevo proyecto de movilidad. La Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de València ha aprobado conceder autorización demanial a la firma CarGreen Movilidad Sostenible SL para el desarrollo de un proyecto de arrendamiento de vehículo sin persona conductora y sin base fija. El objetivo es el desarrollo de un proyecto piloto de carsharing (vehículo compartido) y estacionamiento de los vehículos en las vías urbanas.

La resolución señala específicamente la obligación del servicio de sujetarse a las condiciones establecidas en la normativa estatal y autonómica, así como las ordenanzas municipales. Entre los requisitos exigidos, ha explicado la concejala Lucía Beamud, «la empresa podrá disponer de un máximo de 100 vehículos, que deberán ser 100% eléctricos, y que podrán estacionar en cualquier zona habilitada para estacionamiento libre en la ciudad», de acuerdo con las condiciones de la Ordenanza de Movilidad y demás normativa vigente en materia de tráfico.

En cuanto a las plazas de estacionamiento regulado, la actividad estará sujeta a lo que establezca la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en la vía pública, pero en ningún caso podrán estacionar en las futuras zonas de estacionamiento clasificadas como “zona verde” (estacionamiento exclusivo para residentes).

El Ayuntamiento exige a la empresa una serie requisitos para otorgar esta autorización, como que los vehículos cuenten con un sistema de geolocalización (para el control y gestión de la flota de vehículos): «la empresa estará obligada a reubicar correctamente los vehículos que estén incumpliendo obligaciones de estacionamiento en la vía pública, en un plazo de 24 horas. De hecho, será responsabilidad dicha empresa detectar los vehículos averiados y retirarlos de la vía pública antes de que transcurran las 24 horas citadas desde la notificación o detección de la avería», ha señalado Beamud.

Se ha establecido un ámbito de prestación del servicio que abarca todo el término municipal, pobles de València incluidos. Y, además, la empresa deberá facilitar al Ayuntamiento un informe semanal que incluya: el listado de vehículos que operan (con detalle del modelo, NIVE (número de identificación del vehículo) y matrícula); fecha, hora de inicio y hora de fin de cada estacionamiento; calle y nº de Policía de cada estacionamiento; así como el distrito al que pertenece dicha calle.

Además, el Ayuntamiento tendrá acceso a datos como la monitorización en tiempo real sobre un GIS (Sistema de Información Geográfica) de la ubicación de cada uno de los vehículos en servicio, mapa de calor sobre un GIS, que permita conocer las ubicaciones de cada estacionamiento realizado, fecha, horas de inicio y fin, y duración con datos diarios, semanales y mensuales, tiempos de recorrido entre estacionamientos realizados, y número de personas usuarias. La empresa autorizada deberá garantizar la identificación de las personas usuarias para poder aplicar el correspondiente procedimiento sancionador cuando sea procedente.

Por último, la concejala ha indicado que “«esta iniciativa se encuadra dentro de la apuesta del Govern del Rialto por las nuevas formas de movilidad sostenible, para evitar la emisión de gases contaminantes y la apuesta por el vehículo compartido».

Además, ha resaltado que «la autorización de prestar este servicio se otorga por un plazo de doce meses, prorrogable por otros seis meses más. No obstante, podrá ser revocada de manera unilateral por el Ayuntamiento de València en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscabe el uso general».

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El Supremo propone juzgar al Fiscal General por revelar datos del novio de Ayuso por supuestas indicaciones del Gobierno

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Álvaro García Ortiz

El juez Hurtado concluye la instrucción y apunta a un “intercambio frenético” de mensajes entre fiscales para “ganar el relato”

Madrid, 9 de junio de 2025 – El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al haber filtrado información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La actuación habría estado motivada, según el auto, por “indicaciones de Presidencia del Gobierno”, con el objetivo de controlar el relato mediático sobre un posible pacto judicial.

Finaliza la instrucción y se abre la puerta al juicio oral

El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso, ha dado por concluida la fase de instrucción, transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a un juicio. En su auto, de 51 páginas, Hurtado destaca un “frenético intercambio de mensajes” entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, como reacción a una información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024.

Según el juez, ese intercambio de mensajes pretendía demostrar que el pacto con el novio de Ayuso partía de su defensa y no de la Fiscalía. Para ello, García Ortiz habría revelado contenido confidencial de un correo remitido por el abogado de González Amador, en el que proponía una conformidad penal.

Filtración a medios y uso de canales personales

El auto señala que el contenido del correo fue facilitado a medios de comunicación —en concreto, a la Cadena SER— desde una cuenta de correo personal del fiscal general, no desde su cuenta oficial. El mensaje, titulado “Propuesta de conformidad penal”, contenía detalles personales del imputado y reconocía la comisión de dos delitos fiscales, así como la voluntad de resarcir a la Agencia Tributaria.

La información fue difundida en Hora 25 a las 23:25 horas del mismo día y publicada en la web de la emisora poco después. Posteriormente, se difundió un comunicado oficial desde la Fiscalía Provincial de Madrid, elaborado por García Ortiz y aprobado por Rodríguez, que incluía extractos de ese correo.

La UCO detecta vacíos en el móvil del fiscal general

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en su investigación que el teléfono móvil del fiscal general no conserva mensajes correspondientes a los días en los que se produjo la presunta filtración, lo que añade sombras al proceso y abre la puerta a posibles pesquisas sobre destrucción de pruebas o manipulación de datos.

Vox, aceptado como acusación popular

El Tribunal Supremo ha aceptado también la personación del partido Vox como acusación popular, reforzando el impacto político del caso en la recta final de la instrucción. El auto da ahora un plazo de 10 días para que las partes soliciten la apertura del juicio oral o el archivo del caso.

Contexto político y jurídico del caso

Este procedimiento judicial adquiere una relevancia institucional sin precedentes, ya que involucra al más alto representante del Ministerio Público. La revelación de secretos a medios de comunicación, especialmente si está motivada por intereses políticos, podría tener consecuencias penales y provocar una grave crisis de confianza en la Fiscalía General del Estado.

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