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Ignacio Gil Lázaro solicita la baja del PP por el «desencuentro emocional e intelectual» con el partido

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VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) –

El histórico militante del PP Ignacio Gil Lázaro ha solicitado formalmente este lunes la baja ante el «desencuentro intelectual y emocional con lo que viene siendo en los últimos años el partido» que él mismo contribuyó a formar y al que ha pertenecido durante 38 años, aunque hoy «no se parece en nada a lo que fue».

En declaraciones a Europa Press, Gil Lázaro ha explicado que al mismo tiempo ha entregado al partido un escrito firmado por él y sin fecha en el que renuncia a tomar posesión del escaño en el Congreso si se produjera alguna baja en las filas del PP, dado que es el primero que tendría que entrar y no quiere hacerlo.

Sobre los motivos que le han llevado a esta ruptura con el partido, ha explicado que el «desencuentro» viene desde hace tiempo, es «una especie de gota que va llenando un vaso que no quieres que se llene, porque ha sido tu vida, pero llega un momento que se llena».

Según ha precisado, esa «última gota» fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que ha apreciado «vulneración de la separación de poderes», algo que le ha incomodado «como demócrata y, modestamente, como intelectual y estudioso» porque la función de un Gobierno es «hacer didáctica y cumplir con su deber, no tratar de congraciarse con las masas».

Ha destacado que este es un episodio que tiene que ver con «algo sustancial, de principios, no un titular más», porque tiene que ver «con la calidad democrática y la garantía de todos los ciudadanos ante la ley».

Preguntado por su futuro y si este podría seguir ligado a la política fuera del PP, ha indicado que por ahora lo que le «ocupa y preocupa sentimentalmente» es hacer tenido que tomar esta decisión y por ahora no se ha planteado qué puede ocurrir dentro de cinco, cuatro, tres años o a corto plazo.

Eso sí, ha asegurado que mantendrá su «actividad política» en el ámbito social, continuando con sus conferencias y participación en debates televisivos alertando, entre otras cuestiones, del «nacionalismo local» que aprecia en la Comunitat Valenciana.

Ignacio Gil Lázaro ha sido diputado en el Congreso por la provincia de Valencia desde 1982 a 1989 y desde 1993 a 2016, y senador entre 1989-1993. Licenciado en Derecho, ha sido miembro de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1986-1989), portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (2000-2004) y vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados.

También ha sido presidente de los Grupos de Amistad de Italia, Francia, Argentina, Túnez, Turquía y Ecuador. Le fue concedida la Encomienda de Número de la Orden de Isabel La Católica y posee la Gran Cruz del Mérito Civil.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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