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Valencia

Las familias decidirán el 4 de marzo si se acogen a la jornada continua el próximo curso

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Vuelta al Cole ahorrar

Los centros educativos de la Comunitat Valenciana votarán la jornada escolar para el curso 2024-2025 el próximo 4 de marzo y los que quieran acogerse tendrán de plazo para presentar sus proyectos hasta el 26 de enero.

En el caso de que en alguna localidad el 4 de marzo sea festivo, la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística autorizará la consulta en una fecha alternativa, informa la Generalitat.

Así se ha decidido tras la propuesta presentada este viernes por la Conselleria de Educación en la Mesa Sectorial a los sindicatos educativos, y que ya se presentó el miércoles en la Mesa de Padres.

Los centros que quieran acogerse a la jornada continua necesitan tener mayoría cualificada de 2/3 del claustro y del consejo escolar (centros públicos); o bien, en el caso de centros privados concertados, que la titularidad desee iniciar el proceso.

Una vez los centros dispongan de esa mayoría cualificada para iniciar el procedimiento, convocarán una reunión informativa para las familias en los 10 días siguientes para explicar las características del nuevo horario propuesto con los periodos lectivos y de descanso del alumnado detallados, así como la descripción y el carácter de las actividades extraescolares, del comedor y transporte escolar.

Tras valoración de la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística, en los centros que obtengan el informe favorable las familias votarán el día 4 de marzo de 2024 para implantar la jornada continua o bien mantener la jornada actual.

Actividades extraescolares

Cada centro podrá incorporar en su proyecto de jornada continua actividades extraescolares con coste económico para el alumnado (con coste máximo de 30 euros mensuales por alumno/a y actividad), si así lo aprueba el consejo escolar del centro.

En este sentido, para garantizar que ningún alumno quede excluido por motivos económicos de las actividades extraescolares, el alumnado que sea beneficiario con carácter asistencial de las ayudas de comedor escolar en los centros públicos educativos podrá realizar hasta un máximo de dos actividades de las ofrecidas por el centro, que tengan coste económico, de manera totalmente gratuita.

Entre otros aspectos, el horario semanal del profesorado, en los centros públicos que desarrollan un modelo de jornada continua, tendrá que incluir como mínimo una tarde de dos horas de las horas de dedicación en el centro, común para todo el profesorado para garantizar las tareas de coordinación.

La dirección del centro debe garantizar la apertura de las instalaciones escolares mientras se efectúan las actividades extraescolares si son en periodo por la tarde, con la presencia, al menos, de un miembro del profesorado y de un miembro del equipo directivo, o en quien delegue, en caso de que no pueda estar presente si la actividad se realiza dentro de la jornada escolar.

Una medida «injusta» y «antidemocrática», según Anpe

El sindicato independiente de Profesionales de la Enseñanza Pública (Anpe) ha lamentado que la elección de la jornada continua «seguirá sometida un curso más a un procedimiento injusto y antidemocrático» ya que lamenta que «sigue sin abordarse la revisión de la Orden».

Anpe ha vuelto a exigir «la derogación de la Orden y la negociación de una nueva que asegure realmente un procedimiento justo y democrático de elección de jornada».

Propone que sea el Consejo Escolar, máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa, quien determine «qué jornada lectiva es la que más se ajusta a las características del centros» y se anule la consulta a las familias por votación.

El sindicato considera además «injusto» el porcentaje exigido en esta consulta, ya que se calcula sobre los votos posibles, independientemente de si estos son emitidos o no, «lo cual no refleja de manera significativa la voluntad general de las familias».

Exige, además, que «no se imponga a la jornada continua unos requisitos restrictivos que no se aplican a los otros dos modelos de jornada, como la oferta obligada de actividades extraescolares y la permanencia del profesorado en estas» y reitera que esta convocatoria debería ser abierta anualmente a todos los centros.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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