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La Comunitat Valenciana, la región más endeudada en 2023, según el Banco de España

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El dirigente del PSPV-PSOE y diputado electo Arcadi España. EFE/Ana Escobar/Archivo

Madrid/València, 27 mar (OP-EFE).- La Comunitat Valenciana se mantuvo en 2023 como la región más endeudada, al alcanzar un 42,2 % de su PIB, a pesar de que redujo su endeudamiento en 1,3 puntos con respecto a 2022, según ha informado este miércoles el Banco de España.

La deuda de la Comunitat Valenciana

Tras la Comunitat Valenciana las regiones más endeudadas eran Castilla-La Mancha (31,9 % del PIB), Murcia (31,2 %), Cataluña (31 %), Baleares (22,3 %), Extremadura (21,8 %) y Aragón (20,3 %).

Las menos endeudadas eran Navarra (12 % del PIB), Canarias (12,2 %), País Vasco (12,4 %) y Madrid (12,6 %).

Todas las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento en 2023, sobre todo Baleares (en 2,7 puntos de PIB), Cantabria (2,1 puntos), Cataluña (2,1 puntos) y Navarra (2 puntos).

El Banco de España ha confirmado este miércoles que la deuda pública española cerró 2023 en el 107,7 % del PIB, 3,9 puntos menos que al cierre del ejercicio anterior y cuatro décimas por debajo de la previsión del Gobierno (108,1 % del PIB).

Esta corrección de la ratio de deuda fue posible gracias al crecimiento de la economía, ya que el endeudamiento alcanzó los 1.573.754 millones de euros, un 4,7 % más que en 2022 y el cierre más elevado de la serie histórica.

Como es habitual, la mayor parte de la deuda se concentraba en la administración central, que cerró 2023 con un récord de 1.434.090 millones, un 5,5 % más, lo que equivale al 98,1 % del PIB (2,8 puntos menos).

También incrementaron su deuda las comunidades autónomas -en un 2,6 %, hasta los 325.234 millones, una cifra que equivale al 22,2 % del PIB (1,4 puntos menos)- y las corporaciones locales -en un 1,2 %, hasta los 23.318 millones, lo que equivale al 1,6 % del PIB, una décima menos-.

Por lo que respecta a la Seguridad Social, cerró el pasado año con una deuda de 116.173 millones, un 9,4 % más, lo que equivale al 7,9 % del PIB, igual que un año antes.

La suma de la deuda de los distintos subsectores no coincide con el total porque algunos importes están computados dos veces, al tratarse de préstamos entre administraciones.

La deuda de Madrid alcanza los 1.960 millones

El Banco de España también ha facilitado datos de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que estuvieron encabezados por Madrid, con una deuda de 1.960 millones, un 12,8 % más que un año antes.

Le siguieron Barcelona, con una deuda de 1.333 millones (un 19,3 % más), y, muy por detrás, Zaragoza (603 millones, un 4,1 % menos), Murcia (269 millones, un 7,6 % más) y Sevilla (239, un 10,6 % más).

En cuanto a los instrumentos en que se encontraba la deuda pública española al cierre de 2023, la mayor parte se enmarcaba en valores representativos de deuda (1.397.719 millones), tanto a largo plazo (1.326.054 millones) como a corto plazo (71.665 millones).

El resto se repartía en préstamos (170.748 millones) y efectivo y depósitos (5.286 millones).

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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