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La fiscalía pide el archivo de la causa contra Pere Fuset por el accidente de Viveros

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El concejal Pere Fuset sale de la Ciudad de la Justicia tras declarar por el acc

VALÈNCIA, 11 Nov.- La Fiscalía de Valencia ha solicitado el archivo de la causa contra el concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, por el accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de la capital del Turia en el verano de 2017.

Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 18 de València tras el auto de procesamiento dictado en octubre en un procedimiento dirigido por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Tras esta resolución, Pere Fuset –para quien la familia del obrero reclama cinco años de prisión– presentó un recurso de apelación y la Fiscalía se ha adherido parcialmente al mismo solicitando el sobreseimiento provisional respecto al mismo. Sin embargo, mantiene que el Ayuntamiento de Valencia tiene que ser responsable civil subsidiario.

Este asunto, tramitado por parte de uno de los fiscales especialistas de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, ha contado en su decisión con el visto bueno del Fiscal Decano de la Sección, han concretado fuentes del ministerio público.

El auto de procesamiento se dirigía contra Fuset, Ayuntamiento –responsable civil– y otras personas físicas y jurídicas, entre ellas la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana y contratas y subcontratas que se encargaron de la organización del evento.

Los hechos ocurrieron a finales de junio de 2017 y trascendieron el 4 de julio de aquel año. El operario falleció cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción de 40.000 euros.

El concejal Fuset declaró ante el juez, en calidad de investigado, el pasado mes de enero. En esa comparecencia defendió que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.

En esa línea, argumentó que es un mero concejal, que todo lo relativo al montaje de las gradas era cuestión de los técnicos y que él se limitaba a firmar.

Sin embargo, el juez instructor dictó auto de procedimiento abreviado, paso previo para la apertura de juicio oral, y para ello se basó en el informe realizado por la Inspección General de Trabajo e incorporado a la causa.

«SINIESTRO FATAL»
El magistrado sostenía en su escrito que no existía procedimiento de adecuada evaluación de riesgos y adopción de medidas de protección para el montaje de las gradas, lo que ocasionó el «siniestro fatal». Resaltaba que existían indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente por parte del concejal responsable de Cultura Festiva.

Reprochaba también el instructor el hecho de no haber exigido aportación a la empresa contratada del estudio de seguridad y salud del montaje de las gradas por quien ocupó sin concurso parte del dominio público, y por estas razones considera a Fuset partícipe de estos delitos.

Fuente: EUROPA PRESS

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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