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La UE considera «abusivas» las hipotecas con IRPH y abre la vía a que los jueces anulen estos préstamos

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

Madrid, 10 Sept. 2019 – La justicia europea enmienda la plana a los tribunales españoles. Es lo que ha hecho el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al decir que los usuarios con hipotecas referenciadas al IRPH deberían ser compensados, pues han pagado mucho más por su dinero, debido a este índice poco transparente.

Y es que miles de consumidores tienen sus hipotecas variables referenciadas al Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios, IRPH, en vez de al Euribor. Por lo que revisar su hipoteca con este índice IRPH ha resultado muy perjudicial para ellos, que, de media, han pagado unos 1.200 euros más cada año que la que usa como referencia el Euribor.

En 2017, el Tribunal Supremo determinaba que el IRPH era un tipo oficial, y no era poco transparente ni abusivo. Sin embargo, ahora el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que, el que el IRPH sea oficial no significa que sea transparente, y afirma que los clientes deben ser compensados por el uso del IRPH en las hipotecas. Aunque este dictamen no es vinculante, sí marca un favorable precedente: habrá que esperar a la sentencia definitiva del TJUE, que se producirá dentro de unos meses, según ha explicado la Organización de Consumidores (OCU) en un comunicado.

La asociación comparte el criterio expresado por el abogado general, que en la misma línea del informe de la Comisión Europea, considera que debe garantizarse el control judicial sobre el carácter abusivo de una cláusula de acuerdo con la normativa de protección de los consumidores y desmonta, como en su momento ocurrió con la cláusula suelo, la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2017 que estableció que el IRPH al ser un índice oficial utilizado por las diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio y por tanto no es abusivo.

Con esta sentencia se abriría la posibilidad de que los cientos de miles de consumidores que en su día contrataron hipotecas referenciadas con este índice IRPH puedan reclamar judicialmente por la falta de transparencia e información que les llevaron a contratar una hipoteca por la que han pagado cantidades mucho más elevadas. En conjunto, la banca podría tener que devolver a los usuarios españoles más de 37.000 millones de euros.

OCU señala que si como es habitual en la mayoría de los casos, el TJUE se pronuncia en la misma línea que lo ha hecho el citado abogado general se abriría la posibilidad de que los cientos de miles de consumidores que en su día contrataron hipotecas con este índice pudieran reclamar judicialmente por la falta de transparencia y las deficiencias en la comercialización que les llevaron a contratar una hipoteca que han resultado ser 1.200 euros anuales más cara que la que usa como referencia el Euribor.

OCU advierte que, una hipoteca referencia al IRPH ha pagado entre un 1,5% y un 3% más. Un préstamo de 150.000 euros contratado en mayo de 2016 y referenciado al IRPH de cajas más 0,25% a día de hoy la suma de cuotas pagadas ascendería a 123.854 euros y le quedaría un capital pendiente de amortizar de 88.170 euros. Si dicho préstamo hubiera estado referenciado al Euribor y con el mismo diferencial, a día de hoy el total de cuotas pagadas sería de 103.985 euros y quedaría por devolver 79.513 euros. Por tanto, con el préstamo referenciado al IRPH se han pagado de más 28.525 euros.

Fuente: OCU.org

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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