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Valencia

Mónica Oltra, imputada por encubrimiento de abusos de su exmarido a una menor tutelada

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclsuivas, Mónica Oltra. EFE/Archivo Gustavo Grillo

València, 16 jun (OFFICIAL PRESS/EFE).- Mónica Oltra, imputada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha citado a declarar como investigada el próximo 6 de julio a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por la gestión que hizo su Conselleria de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.

La Sala de lo Civil y Penal se ha declarado este jueves competente para instruir la causa contra Oltra y otros trece investigados en la causa, al apreciar «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre la vicepresidenta y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».

La resolución judicial ha suscitado la exigencia de la oposición de que la vicepresidenta sea destituida de manera fulminante, mientras que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su respeto a la justicia y el deseo de que todo se aclare, y desde la coalición de Oltra, Compromís, le han expresado su «apoyo incondicional».

Mónica Oltra, imputada

La decisión del TSJCV de incoar diligencias previas, que era esperada después de que la Fiscalía respaldara la investigación de Oltra y le atribuyera los posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pretende investigar si la «sospecha inicial» de una posible actuación concertada tiene «entidad suficiente».

El auto señala que los diferentes trámites seguidos en la Conselleria que dirige Oltra sobre este caso considerados de forma «aislada» no puedan entenderse «ilegales e incluso irregulares», pero si se valoran en su conjunto, «poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad», hace pensar que han sido elaborados «con un propósito muy concreto» y «de una muy dudosa legalidad».

Dicho propósito, añade al auto, sería «beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad».

El auto judicial

Reconoce que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada«, pero cree que sí que concurren unos «indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, y considera «increíble» que Oltra se enterara de los abusos por la prensa.

El tribunal sospecha que, «en contra de lo afirmado conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido», con quien en esos momentos convivía.

La Sala de lo Civil y Penal reconoce que la sentencia que condenó al exmarido de Oltra por estos abusos está pendiente de que se resuelva un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que no le impedirá entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que «en definitiva se refiere sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía».

Las reacciones a la imputación de Mónica Oltra

Las reacciones de los partidos políticos a la imputación de Oltra no se han hecho esperar mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su respeto a la justicia, ha expresado su voluntad de que esto «se esclarezca y que finalmente se tome la decisión que sea más justa» y ha afirmado que no afectará al pacto del Botànic que conforman el PSPV, Compromís y Unides Podem.

Desde el PPCV, su presidente, Carlos Mazón, ha dicho que espera que Oltra «no llegue a mañana» siendo portavoz, vicepresidenta del Consell y responsable de la tutela de los menores valencianos, y les ha recordado a ella y a Puig que llevan «muchos años» diciendo que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra «la ejemplaridad política», por lo que espera que ambos actúen en «coherencia» con eso.

Ciudadanos ha pedido su destitución «fulminante», e incluso la líder nacional de este partido, Inés Arrimadas, ha afirmado que «ya basta» y que su situación es «absolutamente insostenible».

Por el contrario, la coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha expresado el «apoyo incondicional» de la coalición a Oltra y ha afirmado que no permitirá que una querella presentada por la extrema derecha impida seguir trabajando por mejorar la vida de las personas.

Oltra no se ha pronunciado

Oltra no se ha pronunciado de momento sobre esta decisión judicial, aunque los viernes comparece en rueda de prensa tras el pleno del Consell y tendrá que responder a las preguntas que se le formulen al respecto.

Los abusos por los que el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019 se produjeron a finales de 2016 y principios de 2017. La menor los comunicó a una trabajadora del centro de menores en febrero de 2017, si bien hasta cuatro meses después, cuando la chica lo comentó a un Policía que acudió al centro por otro motivo, no se trasladó a la Fiscalía.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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