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Montón niega conocer los cambios en sus notas de máster y rechaza dimitir: «Sería injusto»

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MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha vuelto a negar irregularidades en el ‘Máster en Estudios Interdisciplinares de Género’ que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha rechazado dimitir por entender que sería una decisión «injusta».

«Tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido una modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad. Si tuviera la explicación se la daría», ha indicado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

Ha reiterado, asimismo, tener conocimiento de la convalidación de ninguna de las materias del máster. «Puedo decir de forma contundente que no he solicitado la convalidación de ninguna. Esta convalidación se escapa a mi ámbito de responsabilidad, conocimiento o petición», ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado además que «la custodia de las actas también escapa» de su «responsabilidad».

En cuanto a una posible dimisión, se ha limitado a insistir en «no haber cometido ninguna irregularidad» por lo que consideraría «injusto» su cese. Sobre el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar en contacto con el y «sentir su apoyo» y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que también ha asegurado estar en contacto.

«Hoy estoy aquí porque siento el apoyo y no puedo decir nada más. Estoy tranquila, me siento apoyada, en privado he recibido muchos (apoyos) para hoy estar aquí enfrentándome a esta situación y dando explicaciones», ha asegurado.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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