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Piden a Netflix que corrija un error en la serie sobre el Caso Alcàsser que salpica a una eurodiputada

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VALÈNCIA, 18 Jul. – La eurodiputada de Renovar Europa y miembro de la delegación de Cs en Bruselas, Maite Pagazaurtundúa, se ha dirigido por carta tanto a Netflix España como a la productora del documental sobre el caso Alcàsser que emite la plataforma, para pedirles «corregir» un «error» al considerar que implica al Parlamento Europeo en la derogación de la llamada doctrina Parot.

«La doctrina Parot no se volvió a aplicar tras una sentencia de 2012 del Tribunal de Estrasburgo», órgano que no pertenece a las instituciones de la Unión Europea y «nada tiene que ver con el Parlamento Europeo», ha explicado Pagazaurtundúa en un comunicado.

El documental de la plataforma repasa la historia y el tratamiento en los medios de comunicación del caso Alcàsser, que se remonta a noviembre de 1992 cuando tres adolescentes de entre 14 y 15 años de esta localidad valenciana, Míriam, Toñi y Desirée, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados en enero de 1993 en un paraje conocido como La Romana, en Tous.

Por estos hechos fue condenado a 170 años de cárcel Miguel Ricart, que salió de prisión en 2013 después de pasar 21 años en prisión, tras desactivarse la conocida como doctrina Parot. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.

La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha pedido a la plataforma que corrija ese «error» que asegura que está en el último capítulo de la serie ‘El caso Alcàsser’, en el que aparecen una serie de conclusiones en rótulos en pantalla, entre ellas una frase que reza: «En 2013 se derogó la doctrina Parot en el Parlamento Europeo».

Según Pagaza, esta aseveración no se corresponde con la realidad «pues el fin de tal doctrina corresponde al Tribunal de Derechos Humanos en 2012». «Es evidente el gran trabajo de documentación de esta serie, que nos muestra la importancia del tratamiento informativo de los crímenes que se producen en nuestra sociedad, y sus implicaciones sobre las decisiones políticas. Sin embargo, es sorprendente leer este importante error al final del quinto capítulo, cuando el director llega a sus conclusiones sobre el caso», ha añadido.

Pagaza ha considerado que esta serie «acierta en hacernos reflexionar sobre los fake news, la manipulación, y el tratamiento de las víctimas, por lo que es aún más importante que sea realmente rigurosa en la expresión de los hechos».

DECISIÓN «PURAMENTE JUDICIAL»
«No debe hacerse creer al público que una institución como el Parlamento Europeo está implicada en una decisión puramente judicial», ha indicado. «De hecho, la gestión de la sentencia del TDH merece otro documental de Netflix. No era necesario actuar así», ha concluido Pagaza.

La doctrina Parot, que fue establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada luego por el Constitucional, «consistía en la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas, y no sobre una sola de 30 años, empezando por la más grave». La filosofía era que los culpables de múltiples delitos de carácter muy grave «pagaran hasta 30 años por cada uno de ellos, y no el límite de 30 años por el total en vigor en ese momento», indica la eurodiputada.

Pagaza añade en el comunicado que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «se refería únicamente a la liberación de la presa etarra Inés del Río Prada». Sin embargo, agrega que el fallo «se utilizó para liberar de forma inmediata e inusitada a otros asesinos múltiples (entre ellos 63 etarras), así como 15 presos comunes con delitos de especial gravedad, de los cuales varios volvieron a delinquir». «De hecho, la gestión de la sentencia merece otro documental de Netflix, cuya posibilidad le invito a explorar pues no era necesario actuar como se hizo», señala.

En la misiva, la eurodiputada pide a ambas partes que «por la calidad de la cinta y su trascendencia incluso internacional en una plataforma como Netflix, le ruego subsanen este error, que lleva a dañar el buen nombre del Parlamento Europeo y confundir al espectador sobre un caso especialmente execrable para las víctimas del terrorismo y otros delitos graves».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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