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Jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida a partir del 16 de mayo

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jueces y fiscales huelga indefinida

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías «que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía».

Así lo han asegurado en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Jueces y fiscales a huelga indefinida

Por el momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el diagnóstico y las reclamaciones. No obstante, quieren esperar a la reunión de la Mesa con el Ministerio de Hacienda del 3 de mayo.

Con estos paros se suman a otros profesionales del sector que también se han movilizado en las últimas semanas. Primero fueron los letrados, que lograron un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop tras dos meses de paro. Y desde el pasado 17 de abril, los funcionarios de la Administración de Justicia están inmersos en una huelga indefinida.

Precisamente por esta última huelga, según el sindicato mayoritario, el CSIF, se han paralizado ya cuatro millones de expedientes y se han suspendido decenas de miles de juicios.

Reuniones «decepcionantes»

Las asociaciones convocantes de la huelga de jueces y fiscales explican que tras las reuniones «decepcionantes» con Justicia el 31 de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la huelga de letrados, anunciaron su intención de elaborar un calendario de «medidas de presión», ya que concluyeron sin avances y solo con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo.

Lamentan que todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, lo que consideran que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.

Para las organizaciones que justifican la huelga, no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería «dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental».

Para los jueces y fiscales, esta convocatoria se produce en «un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».

Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, «desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora».

«No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas», concluye.

Los funcionarios aumentan la presión tras no recibir oferta económica

Por otro lado, los funcionarios de justicia han convocado una nueva huelga de 24 horas en la justicia el 4 de mayo ante la ausencia de oferta económica del ministerio.

De nuevo sin una propuesta económica sobre la mesa y emplazados a retomar las conversaciones a las cuatro de esta tarde, los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT han convocado una jornada de huelga general de 24 horas y una concentración frente al Ministerio de Justicia el jueves de la semana que viene, que se suman a los paros diarios que mantienen desde el lunes pasado entre las diez de la mañana y la una de la tarde.

Según ha explicado el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, el departamento que dirige Pilar Llop se ha comprometido a consultar algunas cuestiones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para poder avanzar en la negociación este mismo lunes, en el que también han amenazado con una huelga indefinida jueces y fiscales.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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