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La Generalitat asumirá la gestión directa del aeropuerto de Castellón en 2019

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat, a través de la empresa pública Aerocas, asumirá a finales de 2019 la gestión directa del Aeropuerto de Castellón, tras el principio de acuerdo alcanzado con el operador privado Edeis para resolver el contrato firmado en la anterior legislatura.

Así lo ha explicado el president en la visita que ha realizado a las instalaciones del aeropuerto destinadas a la puesta en marcha de una base de extinción de incendios de la Generalitat. Durante el recorrido, el responsable del Consell ha estado acompañado del secretario autonómico, Francesc Colomer, y del director general de la Agencia de Seguridad Respuesta a las Emergencias, José María Ángel.

«Queremos pasar del paradigma de un aeropuerto ridiculizado y que, evidentemente, tuvo una gestión manifiestamente mejorable» con el anterior Gobierno «a buscar una solución de normalización, y eso es lo que se ha conseguido por parte del actual equipo directivo», ha indicado Puig.

En este sentido, el president ha subrayado que «se ha conseguido salir de la quiebra absoluta que tenía este aeropuerto, con una deuda de 150 millones», a una situación regularizada y centrada en una «nueva dinámica de gestión razonable».

El president ha precisado también que se está en negociaciones con Aena y el Ministerio de Fomento para que «en el futuro haya más compromiso del Gobierno de España con este aeropuerto».

Tal y como ha concretado, se ha producido ya una propuesta de acuerdo para la desvinculación del operador privado ante la falta de coincidencia en los objetivos. Se trata de una salida «positiva» para la Generalitat, «en términos económicos», ha indicado Puig, que se ha mostrado convencido de que también lo será «en términos de gestión».

«Lo que es evidente es que el aeropuerto se consolidará a través de la empresa pública Aerocas y nosotros lo que garantizaremos es su desarrollo futuro de la manera más eficiente posible, desde la gestión más eficiente posible y sin ningún tipo de desperdicio de recursos, porque, efectivamente, ya se han desperdiciado muchos», ha manifestado.

«De lo que se trata es de que este, que es el único aeropuerto que tiene la Generalitat, sea un aeropuerto bien gestionado y útil a la economía y a la sociedad de Castellón», ha agregado.

Por otro lado, Puig ha reiterado la petición trasladada al Ministerio de Fomento de que la línea Castellón-Madrid se declare de interés general, porque, según ha argumentado, es la manera de ligar el aeropuerto de Castellón a un ‘hub’ de la importancia del de Madrid.

Base área de extinción de incendios
El president ha visitado la zona habilitada en el aeropuerto como base de operaciones para medios aéreos destinados a la extinción de incendios. En concreto, en una primera fase operarán desde el aeropuerto el avión de carga en tierra que da servicio todo el año y el avión anfibio de refuerzo.

El president ha destacado en este sentido que el aeropuerto de Castellón tiene «unas posibilidades enormes» en el ámbito de la protección civil y de la seguridad.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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