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Llegan los primeros test de antígenos a los hospitales y ambulatorios valencianos

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La Conselleria de Sanidad ya ha comenzado la distribución de 250.000 dosis de test de antígenos, una prueba que puede diagnosticar el coronavirus en apenas quince minutos. Las dosis se han repartido principalmente en los servicios de Urgencias de los hospitales y en los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha adquirido 500.000 dosis de este test, que llegaron el pasado fin de semana al espacio logístico para material sanitario que se ha habilitado en la Fira de València. La comisionada de Presidencia para la coordinación de suministros, María José Mira, ha negociado su compra a la firma Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. a cambio de 2.250.000 euros. Su coste se cofinanciará con fondos europeos.

Los test de antígenos tienen una especial utilidad para detectar y frenar contagios entre los profesionales de la salud, ya que se utilizan para casos sospechosos con una evolución sintomática de menos de 5 días. Para el resto de los casos, y según el protocolo que marca la «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19» del Ministerio de Sanidad, se continuará realizando la PCR.

Los resultados del test de antígenos se obtienen apenas 15 minutos después de su realización. Detectan proteínas del COVID-19 en el frotis nasal y tienen una fiabilidad muy elevada. Además de ahorrar tiempo porque la prueba no se ha de analizar en un laboratorio, ahorrar mucho dinero, ya que tienen un precio unitario de 4,5 euros.

La adquisición de medio millón de dosis de test de antígenos aumenta la reserva estratégica de material sanitario para luchar contra el coronavirus de la Comunitat Valenciana, una de las mayores del Estado. La Generalitat ya acumula más de 500 toneladas de productos en los sótanos habilitados como gran almacén en Fira València. Este material se suma al que la conselleria de Sanidad ya ha distribuido en el sistema de salud valenciano.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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