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Así será el Valencia Basket Arena, con capacidad para 15.000 espectadores

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LICAMPA 1617, S.L., la sociedad patrimonial de Juan Roig creada con el objetivo de promover la construcción en València de un Arena, ha presentado este miércoles en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de València la documentación y dossier del proyecto con el fin de que, si la Alcaldía así lo considera, sea presentado en Pleno Municipal para conseguir el respaldo del Consistorio, según ha informado esta sociedad en un comunicado.

El proyecto tendrá 15.000 localidades y 1.458 plazas de aparcamiento subterráneo para acoger eventos musicales, artísticos y deportivos de primer nivel y se prevé inaugurarlo en 2022, según las mismas fuentes.

La parcela donde se proyecta el Arena, bajo la fórmula de concesión por un periodo de 50 años, tiene una extensión de 21.500 metros cuadrados y está ubicada en las calles Ángel Villena, Bomber Ramon Duart y Antonio Ferrandis de la ciudad de València, junto a L’Alqueria del Basket y el Pavelló Font de San Lluís.

En la parcela indicada, el proyecto propone la construcción de un recinto para 15.000 localidades sentadas, diseñado con «un alto índice de confort» y modulable según la necesidad del evento, dentro de una superficie total a construir de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.

LICAMPA 1617 S.L. será la propietaria y «casera» de la instalación, pero encargará y contratará la gestión de la actividad íntegramente privada a un gestor/operador especialista que se responsabilizará de elaborar y realizar una programación atractiva para hacer del futuro Arena un espacio con eventos musicales, artísticos y deportivos de primer nivel nacional e internacional; y de la explotación y gestión con plena autonomía.

Roig sufragará de forma altruista con su patrimonio personal la totalidad de los 192 millones de euros que costará la construcción del recinto, del parking y resto de infraestructuras complementarias para «devolver a la ciudad parte de lo mucho que de ella recibe», según las mismas fuentes.

De este modo, esta propuesta se enmarca dentro del proyecto ‘Legado de Juan Roig’, como el resto de iniciativas que lo componen, como Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket y L’Alqueria del Basket.

El documento presentado contempla asimismo la propuesta de pagar anualmente, y a lo largo de todo el período de la concesión, un canon a favor de la Corporación Municipal del 2,7% sobre los ingresos generados. A estos beneficios para la ciudad se ha de sumar, según el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que contribuirá a generar aproximadamente 300 puestos de trabajo y un impacto económico (PIB) en la ciudad de València superior a los 10 millones de euros anuales.

1.458 PLAZAS DE PARKING Y SERVICIO DE RESTAURACIÓN
Además, el Arena que se proyecta será dotado de 1.458 plazas de aparcamiento subterráneas y contará en su interior con zona de restauración, amplia oferta de palcos y zonas VIP. La instalación estará dotada con la tecnología «más avanzada y los últimos medios técnicos» para la retransmisión y seguimiento de todo tipo de eventos, según las mismas fuentes

Igualmente, en la parcela descrita se construirá de forma anexa la futura sede del Valencia Basket Club, que contará con servicios deportivos como pista auxiliar, vestuarios, área de medios de comunicación, tienda, sala de trofeos y las oficinas del Club.

Si todos los trámites administrativos se desarrollan según el calendario previsto, y si no hay contratiempos importantes, el Arena podría inaugurarse en València en el año 2022. A partir de entonces, el recinto podrá acoger tanto eventos deportivos, artísticos, culturales, como de entretenimiento de gran capacidad, han señalado.

Fuente: Europapress

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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