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Compromís denuncia que el Gobierno «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico

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VALÈNCIA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) –

Compromís en el Senado ha denunciado que el Gobierno central «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico y ha avanzado que reclamará explicaciones desde la cámara alta por la actuación «miserable» del delegado del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por «reprimir evidentes señales en Bellreguard (Valencia)».

El senador de la coalición Carles Mulet se ha preguntado en un comunicado si Moragues «hará lo mismo con todos los municipios que aprobaron hace décadas y con consenso la normalización de la lengua propia». El Gobierno exigió su rotulación en castellano a raíz de una queja de un particular, que dijo «no entender una señal» después de ser denunciado por estacionamiento incorrecto.

Mulet ha aventurado que estas señales, «cuyo mayor problema legal es que están escritas en una lengua no castellana», deben suponer «un gran problema para que todo un Gobierno de España quiera actuar precisamente en este momento en el que gobierna Compromís –junto al PSPV en la localidad–«, cuando ha recordado que «llevan décadas en las calles y ni el PP actuó contra ellas en la anterior legislatura».

«Bellreguard y muchos otros municipios valencianos cuentan desde los ochenta y noventa de reglamentos de normalización del valenciano, unas sencillas herramientas que han servido para visibilizar y garantizar su presencia en las calles, en los rótulos y señalética de muchos municipios», ha recalcado.

‘PERSECUCIÓN’ A LA LENGUA
Sin embargo, el parlamentario ha lamentado que «la legalidad española no parece entender de localismos, ni de recuperación de lenguas o de la voluntad de ser de un pueblo: Tratar de aniquilar señales que indican desde hace años que algunos espacios están ‘reservat Ajuntament’ o que prohíbe estacionar ‘als dos costats’, acompañadas de señales mundialmente conocidas, supone una voluntad de rizar el rizo y perseguir esta lengua».

Se ha preguntado si, en consecuencia, «el Gobierno actuará contra todas las señales de tráfico y reglamentos de cientos de municipios valencianos, al tiempo que le ha reclamado «respeto por la lengua de los valencianos».

En la misma línea, el alcalde de la localidad, Àlex Ruiz, (Compromís) ha recordado que «Bellreguard vive con absoluta normalidad en su lengua propia mientras que el paso de la N-332, partiendo en dos nuestro núcleo urbano, corrompe nuestra convivencia poniendo en riesgo la vida de vecinos». Esa, en su opinión, «debería ser la prioridad del señor Moragues».

Por todo ello, la coalición requerirá el expediente abierto contra el municipio y estudiará vías para garantizar la presencia de las señales, pues «se es muy laxo en el cumplimiento de la normativa cuando afecta a aspectos de titularidad estatal, como las carreteras donde se ignora al valenciano, el uso de la toponimia oficial o manteniendo señales como la de ‘Stop’ que, claramente, no están en lengua castellana».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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