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Valencia

Mónica Oltra: «Será Salud Pública quien decida si los vacunados irregulares reciben la segunda dosis»

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EFE/Pep Morellmb

València, 22 ene (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que será Salud Pública quien decida si las personas que se han vacunado contra la covid-19 de forma irregular en la Comunitat Valenciana deben recibir la segunda dosis, pues se trata de una «decisión técnica y médica».

En la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, Oltra ha señalado que lo expresado este jueves por el president de la Generalitat, Ximo Puig, al pedir que estas personas no recibieran la segunda dosis, era «una posición ética», que todo el mundo ha pensado.

No obstante, ha considerado que más vale «perder que más perder» porque si ahora no se les pone la segunda dosis, al final, esas personas, cuyo comportamiento ha calificado de «feo, insolidario y poco ético», costarán más a la sociedad, pues habrá que ponerles tres vacunas.

Ha señalado que «indigna» que haya personas que hayan usado «la vía del nepotismo para vacunarse fuera del plan», pero quien decidirá sobre quién tiene la segunda dosis y cuándo será Salud Pública «en función de criterios técnicos y médicos», aunque cree que probablemente vaya por la idea de que «no nos cuesten más vacunas».

«En la vida hay cuestiones que igual no son ilegales pero son feas y tienen que tener el reproche social: esto no se hace, es feo, es insolidario, es poco ético», ha afirmado Oltra, quien cree que la sociedad debe ser «mejor que los que van por libre de forma egoísta».

Ha recordado que hay investigaciones abiertas, tanto por parte de la Conselleria de Sanidad como de Igualdad, ya que algunas de estas personas se vacunaron en residencias del mayores donde está restringida la entrada, lo que podría suponer una falta grave.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destacado que esta actuación podría suponer una sanción de hasta 30.000 euros, pero considera que además de las jurídicas, estas acciones deberían tener consecuencias éticas.

«Primero se investigará luego se verán las consecuencias jurídicas y políticas», ha afirmado Oltra, quien ha asegurado que las personas que se han vacunado de forma irregular son «una minoría» y en estos momentos se están estudiando los listados de quienes debían vacunarse porque «puede que haya gente que no esté en el listado pero sí le tocaba».

Sobre si los alcaldes vacunados deben dimitir, ha insistido en que lo que han hecho es «muy feo y éticamente muy reprobable» porque están «quitado la vacuna a una persona mayor que igual se muere o a un sanitario que igual se contagia», por lo que «si no dimiten, los ciudadanos tendrán que tomar buena nota y dimitirlos cuando toque».

Preguntada por el caso del comisionado del Hospital de Torrevieja, ha señalado que se han abierto investigaciones los Departamentos de Salud de Torrevieja y la Marina por casos de vacunaciones que no están dentro del plan y se depurarán individualmente persona por persona.

Oltra ha destacado que el plan de vacunación es un plan consensuado en toda España, que lo que busca es, primero frenar la letalidad del virus, y después frenar los contagios, al tiempo que se garantiza la igualdad, y entiende que el comisionado de Torrevieja no estaba entre los colectivos que les tocaba vacunarse ahora.

Respecto del auto judicial que pide vacunar al mismo tiempo los médicos de la sanidad privada y la pública, Oltra ha señalado que el personal de primera línea de la sanidad privada está en el plan de vacunación, pero en estos momentos no se están poniendo primeras dosis por el descenso del envío de vacunas por parte de Pfizer.

«Cuando toque se vacunarán», ha afirmado la vicepresidenta del Consell, quien ha dicho que «de dónde no hay no se puede administrar» y que ahora mismo no pueden ir más rápido porque las vacunas que tenían las han administrado, y por eso han pedido al Gobierno que envíe más dosis.

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Valencia

Pradas afirma que Mazón se «entrometió» en el confinamiento durante la dana de 2024 y Cuenca lo niega

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La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantuvo este lunes un tenso careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en el juzgado de Catarroja.

El enfrentamiento judicial dejó versiones contradictorias: mientras Pradas asegura que Mazón se “entrometió” en la medida de confinamiento durante la dana del 29 de octubre de 2024, Cuenca lo niega y sostiene que su mensaje “Salo, de confinar nada” era solo una opinión personal sobre la cobertura legal de la medida.


⏰ Comunicación del confinamiento y mensajes clave

Pradas explicó que, ante la gravedad de la situación por la rotura de la presa de Forata, intentó contactar con Mazón a mediodía, pero este estaba ocupado en una comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

  • La exconsellera aseguró: “Yo no sabía lo de la comida. Si lo llego a saber le llamo más veces”.

  • A las 19:43 horas, Pradas habló con Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, para tratar el posible confinamiento y la activación de la alerta Es Alert.

  • Cuenca envió mensajes a Pradas, asegurando que confinar era una “barbaridad” y proponiendo zonificar la medida, lo que Pradas interpretó como un intento de persuasión.

Pradas se ratificó en los WhatsApp presentados ante el juzgado, afirmando que veía a Cuenca como una “extensión” del expresidente y que las decisiones sobre el confinamiento probablemente involucraban a Mazón.


⚖️ Versión de José Manuel Cuenca

Cuenca negó que su mensaje fuera una orden y aseguró que no tenía rol ni competencia para decidir sobre el confinamiento.

  • Explicó que su mensaje se refería a la cobertura legal y a evitar posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

  • No pudo aportar los mensajes intercambiados con Pradas porque reseteó su móvil tras la riada, algo que le recriminó la jueza.

  • Insistió en que no buscaba frenar ni impulsar ninguna medida, solo transmitir su preocupación legal.


🌀 Contexto del careo y la dana de 2024

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó 230 víctimas mortales y graves daños en la provincia de Valencia. El careo busca esclarecer:

  • El retraso en la comunicación de la medida de confinamiento.

  • La responsabilidad en la activación del Es Alert.

  • La posible influencia de Mazón y Cuenca en la toma de decisiones durante la emergencia.

Pradas aseguró que mantuvo informado al gobierno autonómico durante toda la tarde del desastre y que Mazón asumió el control al llegar al Cecopi, cuando la exconsellera ya había coordinado contactos con Cuenca y García.

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