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El PPCV exige a Puig y Oltra que aparten de sus listas municipales a los imputados en el caso Alquería

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La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este miércoles al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y a la colíder de Compromís, Mónica Oltra, que aparten de sus listas municipales a los candidatos de ambas formaciones investigados en el caso Alquería.

Elena Bastidas se ha referido así en un comunicado a la citación como investigados de los socialistas Salvador Femenía, diputado provincial y actual alcalde y candidato de su partido en l’Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, alcalde y candidato en Rocafort, así como del número de dos en la lista de Compromís al ayuntamiento de Silla, Josep Lluís Melero.

Además, se cita también como investigados al actual gerente de Egevasa, Miguel Ángel Ferri; al secretario comarcal del PSPV de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; al asesor socialista Manuel Carot, que trabajó con Joan Lerma entre 1987 y 1995 y con José Manuel Orengo en Gandia entre 2010 y 2011; el exconcejal de Compromís en Oliva, Pau Pérez; el dirigente de este partido en Sueca Raúl Ibáñez, y Soledad Torija, persona vinculada a la formación nacionalista, ha detallado el PPCV.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a estas nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía.

En este caso figuran como investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

«Puig y Oltra no pueden seguir mirando hacia otro lado y dando cobertura a los presuntos corruptos de sus partidos en sus listas electorales. Mientras ellos tratan blanquear sus casos, se les acumulan los imputados en las candidaturas municipales», ha señalado.

A su juicio, «produce vergüenza ajena escuchar a Ximo Puig y Mónica Oltra hablar de recuperar la hipoteca reputacional cuando ellos son incapaces de presentar listas sin imputados», ha subrayado, y ha lamentado el «engaño de estas dos formaciones, que no son capaces de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos».

Asimismo, ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «que no siga haciendo como si aquí no pasara nada. Salvador Femenía es diputado provincial, Miguel Ángel Ferri es director gerente de Egevasa y ahora se unen a la nómina de imputados en la que ya están el diputado de Cultura y portavoz de Compromís, Xavier Rius, y la de la diputada de Deportes, Isabel García».

«Mucho discurso regenerador y mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que la corrupción anida bajo las siglas de PSOE y Compromís. Resulta grotesco escuchar a Oltra, Puig o a Gaspar decir que nunca han exigido la dimisión de un imputado. El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política».

Según el PPCV, el PSPV y Compromís «se han convertido en los partidos que más imputados o salpicados por corrupción llevan en sus listas ya que, sólo en la provincia de Valencia tienen más de 25 causas judiciales abiertas». «Las listas de PSPV y Compromís están plagadas de imputados o implicados en casos de corrupción, sin que Puig ni Oltra hagan nada. Son las listas de la vergüenza», ha recalcado.

«Parece que los socialistas se olvidan ahora del entonces presidente socialista de la Diputación que urdió el caso Alquería, del alcalde de Paterna investigado por dos casos nada claros, de la alcaldesa de Moncada y el concejal de Policía también investigado», ha dicho.

Fuente: Europa Press

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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