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El PPCV exige a Puig y Oltra que aparten de sus listas municipales a los imputados en el caso Alquería

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La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este miércoles al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y a la colíder de Compromís, Mónica Oltra, que aparten de sus listas municipales a los candidatos de ambas formaciones investigados en el caso Alquería.

Elena Bastidas se ha referido así en un comunicado a la citación como investigados de los socialistas Salvador Femenía, diputado provincial y actual alcalde y candidato de su partido en l’Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, alcalde y candidato en Rocafort, así como del número de dos en la lista de Compromís al ayuntamiento de Silla, Josep Lluís Melero.

Además, se cita también como investigados al actual gerente de Egevasa, Miguel Ángel Ferri; al secretario comarcal del PSPV de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; al asesor socialista Manuel Carot, que trabajó con Joan Lerma entre 1987 y 1995 y con José Manuel Orengo en Gandia entre 2010 y 2011; el exconcejal de Compromís en Oliva, Pau Pérez; el dirigente de este partido en Sueca Raúl Ibáñez, y Soledad Torija, persona vinculada a la formación nacionalista, ha detallado el PPCV.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a estas nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía.

En este caso figuran como investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

«Puig y Oltra no pueden seguir mirando hacia otro lado y dando cobertura a los presuntos corruptos de sus partidos en sus listas electorales. Mientras ellos tratan blanquear sus casos, se les acumulan los imputados en las candidaturas municipales», ha señalado.

A su juicio, «produce vergüenza ajena escuchar a Ximo Puig y Mónica Oltra hablar de recuperar la hipoteca reputacional cuando ellos son incapaces de presentar listas sin imputados», ha subrayado, y ha lamentado el «engaño de estas dos formaciones, que no son capaces de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos».

Asimismo, ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «que no siga haciendo como si aquí no pasara nada. Salvador Femenía es diputado provincial, Miguel Ángel Ferri es director gerente de Egevasa y ahora se unen a la nómina de imputados en la que ya están el diputado de Cultura y portavoz de Compromís, Xavier Rius, y la de la diputada de Deportes, Isabel García».

«Mucho discurso regenerador y mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que la corrupción anida bajo las siglas de PSOE y Compromís. Resulta grotesco escuchar a Oltra, Puig o a Gaspar decir que nunca han exigido la dimisión de un imputado. El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política».

Según el PPCV, el PSPV y Compromís «se han convertido en los partidos que más imputados o salpicados por corrupción llevan en sus listas ya que, sólo en la provincia de Valencia tienen más de 25 causas judiciales abiertas». «Las listas de PSPV y Compromís están plagadas de imputados o implicados en casos de corrupción, sin que Puig ni Oltra hagan nada. Son las listas de la vergüenza», ha recalcado.

«Parece que los socialistas se olvidan ahora del entonces presidente socialista de la Diputación que urdió el caso Alquería, del alcalde de Paterna investigado por dos casos nada claros, de la alcaldesa de Moncada y el concejal de Policía también investigado», ha dicho.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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