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Ribó, tras la detención del cuñado de Barberá: «El PP tiene mucho que esconder»

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad colaborará con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la operación que mantiene abierta y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia por el PP y senadora fallecida, Rita Barberá.

«El Ayuntamiento está abierto y colaboraremos en todo lo que sea necesario para que realicen su trabajo», ha manifestado el primer edil, que ha señalado este mediodía que «hasta el momento» no ha habido «ninguna relación directa» con la UCO «ni ninguna solicitud» de colaboración en la citada operación.

Asimismo, Ribó ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la detención de Corbín, que ni en el consistorio de la capital valenciana ni en ninguna empresa pública u organismo autónomo dependiente de él se ha producido ningún registro relacionado con esta actuación de la Guardia Civil.

«En este momento, no tenemos comunicación de que ningún sitio del Ayuntamiento, de las dependencias municipales, ni de las dependencias de ninguna entidad autónoma del Ayuntamiento hayan sido registradas», ha aseverado. Tras ello, ha resaltado que si se solicitaran y llevaran a cabo estos registros, el consistorio daría «todas las facilidades».

El responsable municipal ha considerado que la operación de la UCO y la detención del cuñado de Rita Barberá es un «tema que directamente afecta a todo el Partido Popular que gobernó» València «de 2011 a 2015, los últimos cuatro años» de esta formación al frente del Ayuntamiento.

Tras ello, Joan Ribó ha indicado que «ahora» entiende «perfectamente» por qué la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y candidata de esta formación a la Generalitat, Isabel Bonig, «no considera oportuno mantener, en caso de que gobernara, una Agencia Antifraude».

«MUCHO QUE ESCONDER»

Igualmente, ha expuesto que «ahora» también entiende «perfectamente por qué el PP y también Cs no quieren una Conselleria de Transparencia». «Entendemos perfectamente que estos son unos temas que a ellos no les interesan porque tienen mucho que esconder», ha apuntado el alcalde.

Ribó ha señalado que tanto él como el resto del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de València –Compromís, PSPV y València en Comú– están «profundamente molestos» porque esta jornada, a partir de la operación abierta por la UCO y el arresto de Corbí, se «volverá a relacionar la corrupción del PP, y en este caso del PP en el Ayuntamiento de València, con la ciudad la Comunitat Valenciana».

«Queremos decir muy claro que València no tiene nada que ver con esto, que la mayoría de los valencianos y las valencianas no tenemos que ver con eso, que es un problema de corrupción de un partido que ha sido ya llamado oficialmente corrupto por parte de los jueces», ha declarado al respecto el primer edil.

DEVOLVER EL DINERO

Asimismo, Ribó ha estimado «imprescindible» que en el caso de que se haya defraudado dinero, quienes lo hayan hecho «devuelvan a los valencianos hasta el último céntimo que presumiblemente hayan robado y sustraído para sus negocios, en definitiva, para hacer campañas fraudulentas, campañas dopados para las elecciones municipales como ocurrió en el pasado».

Preguntado por si algunas de las empresas investigadas en la operación de la UCO conocida este martes están trabajando en la actualidad para el consistorio y por la decisión que se adoptaría en ese caso, el alcalde ha expuesto que «es pronto para hablar de eso».

No obstante, ha señalado que en el consistorio se cuenta «ya con unas normas de contratación y de funcionamiento» y que de ser «judicialmente probado» se tomarían «medidas en ese sentido».

Fuente: Europa Press

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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