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Ribó, tras la detención del cuñado de Barberá: «El PP tiene mucho que esconder»

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad colaborará con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la operación que mantiene abierta y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia por el PP y senadora fallecida, Rita Barberá.

«El Ayuntamiento está abierto y colaboraremos en todo lo que sea necesario para que realicen su trabajo», ha manifestado el primer edil, que ha señalado este mediodía que «hasta el momento» no ha habido «ninguna relación directa» con la UCO «ni ninguna solicitud» de colaboración en la citada operación.

Asimismo, Ribó ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la detención de Corbín, que ni en el consistorio de la capital valenciana ni en ninguna empresa pública u organismo autónomo dependiente de él se ha producido ningún registro relacionado con esta actuación de la Guardia Civil.

«En este momento, no tenemos comunicación de que ningún sitio del Ayuntamiento, de las dependencias municipales, ni de las dependencias de ninguna entidad autónoma del Ayuntamiento hayan sido registradas», ha aseverado. Tras ello, ha resaltado que si se solicitaran y llevaran a cabo estos registros, el consistorio daría «todas las facilidades».

El responsable municipal ha considerado que la operación de la UCO y la detención del cuñado de Rita Barberá es un «tema que directamente afecta a todo el Partido Popular que gobernó» València «de 2011 a 2015, los últimos cuatro años» de esta formación al frente del Ayuntamiento.

Tras ello, Joan Ribó ha indicado que «ahora» entiende «perfectamente» por qué la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y candidata de esta formación a la Generalitat, Isabel Bonig, «no considera oportuno mantener, en caso de que gobernara, una Agencia Antifraude».

«MUCHO QUE ESCONDER»

Igualmente, ha expuesto que «ahora» también entiende «perfectamente por qué el PP y también Cs no quieren una Conselleria de Transparencia». «Entendemos perfectamente que estos son unos temas que a ellos no les interesan porque tienen mucho que esconder», ha apuntado el alcalde.

Ribó ha señalado que tanto él como el resto del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de València –Compromís, PSPV y València en Comú– están «profundamente molestos» porque esta jornada, a partir de la operación abierta por la UCO y el arresto de Corbí, se «volverá a relacionar la corrupción del PP, y en este caso del PP en el Ayuntamiento de València, con la ciudad la Comunitat Valenciana».

«Queremos decir muy claro que València no tiene nada que ver con esto, que la mayoría de los valencianos y las valencianas no tenemos que ver con eso, que es un problema de corrupción de un partido que ha sido ya llamado oficialmente corrupto por parte de los jueces», ha declarado al respecto el primer edil.

DEVOLVER EL DINERO

Asimismo, Ribó ha estimado «imprescindible» que en el caso de que se haya defraudado dinero, quienes lo hayan hecho «devuelvan a los valencianos hasta el último céntimo que presumiblemente hayan robado y sustraído para sus negocios, en definitiva, para hacer campañas fraudulentas, campañas dopados para las elecciones municipales como ocurrió en el pasado».

Preguntado por si algunas de las empresas investigadas en la operación de la UCO conocida este martes están trabajando en la actualidad para el consistorio y por la decisión que se adoptaría en ese caso, el alcalde ha expuesto que «es pronto para hablar de eso».

No obstante, ha señalado que en el consistorio se cuenta «ya con unas normas de contratación y de funcionamiento» y que de ser «judicialmente probado» se tomarían «medidas en ese sentido».

Fuente: Europa Press

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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