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Último día del decreto de medidas de Semana Santa pero seguirán las restricciones

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EFE

Madrid, 9 abr (EFE).- Este viernes es el último día de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad en Semana Santa, pero aunque finalicen a medianoche -a las 00:01 horas del sábado- la evolución de la pandemia hará que las autonomías endurezcan las restricciones y mantengan los cierres perimetrales por más tiempo.

Sólo la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, de momento, levantarán el cierre autonómico este fin de semana, y Baleares, que lo decretó el 26 de marzo, lo hará el 12 de abril.

Si bien Canarias levantará el cierre de la comunidad, en vigor desde el 26 de marzo, lo mantendrá en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, donde residen 2 de los 2,2 millones de habitantes del archipiélago.

En Cataluña, desde este viernes y hasta el 19 de abril, vuelve al confinamiento perimetral comarcal con carácter general, también para las burbujas de convivencia, a fin de evitar desplazamientos el fin de semana.

También queda restringida la entrada y salida de la comunidad sin motivo justificado. Se recomienda el teletrabajo y se suspenden congresos, convenciones, ferias y actividades similares.

De esta manera, Cataluña da un paso atrás después de tres fines de semana seguidos en los que se permitía el desplazamiento dentro de la comunidad solo con la burbuja de convivencia. A partir de este viernes eso ya no es posible.

La Comunidad Valenciana mantiene su cierre perimetral autonómico, vigente desde finales de octubre. Y no será hasta el 4 de mayo -cinco días antes de que decaiga el estado de alarma- cuando la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Valenciana se reúna para decidir si levanta el perimetraje autonómico. No obstante, permitirá desde el lunes reuniones de dos grupos de convivencia en un mismo domicilio y amplía de 4 a 6 el máximo en reuniones en ámbito público y en mesas de bares y restaurantes.

Andalucía mantendrá otras dos semanas las actuales restricciones y el cierre perimetral de las provincias.

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la orden foral que prorroga hasta el 22 de abril el cierre perimetral y las últimas medidas adoptadas que afectan a hostelería, límites de aforo y movilidad.

En el País Vasco, la provincia de Álava y Vitoria están cerradas desde este miércoles. No se puede entrar ni salir de Álava ni de otros 25 municipios salvo por razones de trabajo o estudio.

Y en Aragón, el boletín oficial de la comunidad publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico, según ha anunciado el presidente Javier Lambán, que no ha desvelado hasta que fecha será.

También Castilla y León ha acordado restricciones adicionales hasta el 19 de abril ante una subida de la incidencia de casos por covid.

Cantabria prevé endurecer las restricciones en el interior de la hostelería y en los aforos de eventos, mientras que Asturias flexibiliza las medidas y a partir del sábado 10 reabre hoteles y alojamientos turísticos.

Sin embargo, pese a este alivio de algunas medidas en la hostelería, el cierre perimetral del Principado estará vigente hasta el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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