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Último día del decreto de medidas de Semana Santa pero seguirán las restricciones

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EFE

Madrid, 9 abr (EFE).- Este viernes es el último día de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad en Semana Santa, pero aunque finalicen a medianoche -a las 00:01 horas del sábado- la evolución de la pandemia hará que las autonomías endurezcan las restricciones y mantengan los cierres perimetrales por más tiempo.

Sólo la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, de momento, levantarán el cierre autonómico este fin de semana, y Baleares, que lo decretó el 26 de marzo, lo hará el 12 de abril.

Si bien Canarias levantará el cierre de la comunidad, en vigor desde el 26 de marzo, lo mantendrá en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, donde residen 2 de los 2,2 millones de habitantes del archipiélago.

En Cataluña, desde este viernes y hasta el 19 de abril, vuelve al confinamiento perimetral comarcal con carácter general, también para las burbujas de convivencia, a fin de evitar desplazamientos el fin de semana.

También queda restringida la entrada y salida de la comunidad sin motivo justificado. Se recomienda el teletrabajo y se suspenden congresos, convenciones, ferias y actividades similares.

De esta manera, Cataluña da un paso atrás después de tres fines de semana seguidos en los que se permitía el desplazamiento dentro de la comunidad solo con la burbuja de convivencia. A partir de este viernes eso ya no es posible.

La Comunidad Valenciana mantiene su cierre perimetral autonómico, vigente desde finales de octubre. Y no será hasta el 4 de mayo -cinco días antes de que decaiga el estado de alarma- cuando la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Valenciana se reúna para decidir si levanta el perimetraje autonómico. No obstante, permitirá desde el lunes reuniones de dos grupos de convivencia en un mismo domicilio y amplía de 4 a 6 el máximo en reuniones en ámbito público y en mesas de bares y restaurantes.

Andalucía mantendrá otras dos semanas las actuales restricciones y el cierre perimetral de las provincias.

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la orden foral que prorroga hasta el 22 de abril el cierre perimetral y las últimas medidas adoptadas que afectan a hostelería, límites de aforo y movilidad.

En el País Vasco, la provincia de Álava y Vitoria están cerradas desde este miércoles. No se puede entrar ni salir de Álava ni de otros 25 municipios salvo por razones de trabajo o estudio.

Y en Aragón, el boletín oficial de la comunidad publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico, según ha anunciado el presidente Javier Lambán, que no ha desvelado hasta que fecha será.

También Castilla y León ha acordado restricciones adicionales hasta el 19 de abril ante una subida de la incidencia de casos por covid.

Cantabria prevé endurecer las restricciones en el interior de la hostelería y en los aforos de eventos, mientras que Asturias flexibiliza las medidas y a partir del sábado 10 reabre hoteles y alojamientos turísticos.

Sin embargo, pese a este alivio de algunas medidas en la hostelería, el cierre perimetral del Principado estará vigente hasta el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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