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Último día del decreto de medidas de Semana Santa pero seguirán las restricciones

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EFE

Madrid, 9 abr (EFE).- Este viernes es el último día de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad en Semana Santa, pero aunque finalicen a medianoche -a las 00:01 horas del sábado- la evolución de la pandemia hará que las autonomías endurezcan las restricciones y mantengan los cierres perimetrales por más tiempo.

Sólo la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, de momento, levantarán el cierre autonómico este fin de semana, y Baleares, que lo decretó el 26 de marzo, lo hará el 12 de abril.

Si bien Canarias levantará el cierre de la comunidad, en vigor desde el 26 de marzo, lo mantendrá en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, donde residen 2 de los 2,2 millones de habitantes del archipiélago.

En Cataluña, desde este viernes y hasta el 19 de abril, vuelve al confinamiento perimetral comarcal con carácter general, también para las burbujas de convivencia, a fin de evitar desplazamientos el fin de semana.

También queda restringida la entrada y salida de la comunidad sin motivo justificado. Se recomienda el teletrabajo y se suspenden congresos, convenciones, ferias y actividades similares.

De esta manera, Cataluña da un paso atrás después de tres fines de semana seguidos en los que se permitía el desplazamiento dentro de la comunidad solo con la burbuja de convivencia. A partir de este viernes eso ya no es posible.

La Comunidad Valenciana mantiene su cierre perimetral autonómico, vigente desde finales de octubre. Y no será hasta el 4 de mayo -cinco días antes de que decaiga el estado de alarma- cuando la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Valenciana se reúna para decidir si levanta el perimetraje autonómico. No obstante, permitirá desde el lunes reuniones de dos grupos de convivencia en un mismo domicilio y amplía de 4 a 6 el máximo en reuniones en ámbito público y en mesas de bares y restaurantes.

Andalucía mantendrá otras dos semanas las actuales restricciones y el cierre perimetral de las provincias.

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la orden foral que prorroga hasta el 22 de abril el cierre perimetral y las últimas medidas adoptadas que afectan a hostelería, límites de aforo y movilidad.

En el País Vasco, la provincia de Álava y Vitoria están cerradas desde este miércoles. No se puede entrar ni salir de Álava ni de otros 25 municipios salvo por razones de trabajo o estudio.

Y en Aragón, el boletín oficial de la comunidad publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico, según ha anunciado el presidente Javier Lambán, que no ha desvelado hasta que fecha será.

También Castilla y León ha acordado restricciones adicionales hasta el 19 de abril ante una subida de la incidencia de casos por covid.

Cantabria prevé endurecer las restricciones en el interior de la hostelería y en los aforos de eventos, mientras que Asturias flexibiliza las medidas y a partir del sábado 10 reabre hoteles y alojamientos turísticos.

Sin embargo, pese a este alivio de algunas medidas en la hostelería, el cierre perimetral del Principado estará vigente hasta el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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